Que Cristina Fernández de Kirchner no pueda ser indultada. Ese es el objetivo del proyecto que presentó la diputada del PRO Silvana Giudici, en el que pide incorporar como delitos no amnistiables ni indultables los que tengan que ver con corrupción. De esta forma, busca equipararlos con los delitos de lesa humanidad. En la escala de valores de delitos que no entrarían en el indulto, la diputada amarillo-violeta no incluyó ni violaciones, ni asesinatos, ni otro tipos de robos: solo los de corrupción. El momento que eligió para presentar el proyecto deja pocas dudas de que tenga nombre y apellido, de la misma forma que ocurrió en el debate sobre “Ficha Limpia”. Está destinado única y exclusivamente a la expresidenta y a la posibilidad de que un futuro gobierno revise lo actuado por el Poder Judicial en la causa Vialidad.
Giudici no se esforzó demasiado por ocultar que la presentación del proyecto de ley tiene nombre y apellido: lo publicitó la misma semana que se confirmó la prisión domiciliaria de la expresidenta y después de la marcha masiva de repudio.
“No hay democracia fuerte con corrupción impune“, afirmó la secretaria parlamentaria del bloque PRO, quien remarcó que su propuesta se basa en la Constitución: “La Constitución Nacional nos brinda una base muy clara. El artículo 36 establece que los atentados contra el orden democrático son delitos imprescriptibles, y que quienes los cometan no podrán ser indultados ni amnistiados“.
Es por este motivo que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra no se consideran indultables, que es a lo que apunta la letra de la Carta Magna. Pero ahí Giudici dio un salto argumentativo en el cual: 1) los delitos de corrupción pasan a ser “un atentado contra el orden democrático” y 2) pasan a tener el mismo estatus que un genocidio. No por nada Giudici es del sector que durante años se la pasó reclamando “una CONADEP, pero de la corrupción” como si el acto de robarle al erario público y el de crear campos de concentración y secuestrar, violar, torturar, matar y desaparecer masivamente personas fueran una y la misma cosa.
Busca incorporar un artículo a la Ley 27.156 para establecer que “no podrán ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de penas” los delitos de corrupción contra la administración pública. Actualmente, la norma contempla a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
“Cuando un funcionario usa su cargo para robar, desviar fondos públicos o
enriquecerse ilegalmente, atenta contra la democracia. No es un delito
común: es un acto de traición a la Patria”, aseguró Giudici. “El indulto no puede ser una herramienta para garantizar impunidad a
quienes, desde el poder, dañan al Estado y a la confianza pública”, remarcó la diputada del PRO.
Por eso, el proyecto de ley que presentó dice que “no podrán ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de penas” los delitos de corrupción contra la administración pública. Según la diputada PRO –que antes defendía al Grupo Clarín y hoy festeja los insultos de Javier Milei a periodistas– “este proyecto busca armonizar la ley con el espíritu de la Constitución, y evitar que nadie imagine un futuro de impunidad ante un cambio de color político o presiones indebidas al sistema”.
En esto último, dejó en claro el objetivo final: que ningún gobierno futuro pueda levantar la proscripción de por vida que pesa sobre CFK.
La iniciativa de Giudici fue acompañada de forma entusiasta por Gerardo Milman —quien sigue repitiendo que no tuvo nada que ver con el intento de asesinato a CFK–, por María Eugenia Vidal y, entre otros, por Sabrina Ajmechet, que en un tuit sumó la prisión de la expresidenta a los logros de gobierno de Milei.
Entre las respuestas que recibió su tuit, hubo quien le señaló que la Constitución ya contempla esto para “quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos”, por lo que no se entiende para qué presentar una ley si no es a efectos propagandísticos. Lo que no entienden es que Giudici cambia los términos y solo falta que la ley diga: “Cristina Fernández de Kirchner”.
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