El artista Gustavo Santaolalla convocó este lunes a participar de una vigilia y movilización para revertir el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. “No veten la discapacidad (…) no nos dejen solos”, enfatizó el artista en un video que compartió en sus redes sociales. ¿En qué consiste la ley aprobada y cuáles son los pasos a seguir para revertir el veto presidencial?
Vigilia y movilización por la Ley de Emergencia en Discapacidad
“El 19 de agosto, vigilia en Plaza de Mayo. Al otro día, miércoles 20 de agosto, movilizarnos en la Plaza Congreso para reclamarles a los diputados que rechazen el veto presidencial contra la Ley de Emergencia en Discapacidad“, arengó Gustavo Santaolalla a sus seguidores en redes sociales.
La vigilia comenzará el próximo martes 19 de agosto desde las 19:00 en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. Al día siguiente, miércoles 20, desde las 11.00 habrá una movilización en la Plaza del Congreso y en diferentes plazas de todo el país. Ese día la Cámara de Diputados tratará el veto a la Ley.
El veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad: ¿cómo se revierte?
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en ambas cámaras por amplia mayoría. Pero, como se ha vuelto costumbre, el presidente Javier Milei la vetó, al igual que a los aumentos de jubilaciones y la ayuda para Bahía Blanca tras el temporal que arrasó con la ciudad.
Para revertir ese veto es necesario que dos tercios de ambas cámaras ratifiquen la Ley. En ese caso, el Presidente no podrá volver a vetarla y estará obligado a cumplirla. A pesar de esto, desde el Gobierno ya anticiparon que intentarán judicializar las leyes, para estirar los plazos a la espera de una renovación del Congreso que creen será favorable a sus intereses.
Los recortes del gobierno de Milei en Discapacidad
Según información del periodista Matías Ferrari publicada en este medio, un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) advierte que la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y que una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, recién a los 180 días.
Además, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) despidió a 340 trabajadores, incluidas personas con discapacidad, y reconoció que proyectan recortar 400 mil pensiones por discapacidad, o sea un tercio del total. Hoy esa suma es de $270.000 más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil. El ajuste en términos reales fue del 56% entre 2023 y 2024, según datos oficiales.
Otro punto a destacar es que los talleres protegidos en los que trabajan personas con discapacidad reciben una asignación estímulo de solo $28.000 por mes. Esa cifra no se actualiza desde febrero de 2023, por lo que estuvo congelada durante varios meses incluso en el tramo final del gobierno anterior.
En la actualidad el titular de la ANDIS es Diego Spagnuolo, exabogado personal de Javier Milei. Es el mismo que le dijo a la madre de Ian Moche, el niño con autismo al que el Presidente hostigó en las redes sociales, que “si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado”.
¿Qué dice la Ley de Emergencia en Discapacidad que Milei vetó?
El proyecto aprobado por el Congreso busca modificar las condiciones para acceder a las pensiones no contributivas. Con este cambio, las personas podrían obtenerlas si tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), a contramano de las últimas decisiones del Gobierno sobre la cuestión.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta medida podría sumar entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios. Implicaría un “refuerzo fiscal del 0,22% y 0,42% del PBI“, y el plan es financiarlo con una reasignación de partidas presupuestarias.
Además, el proyecto propone atar a la inflación los aumentos para los profesionales y darles un bono de $100.000 con el objetivo de compensar lo que perdieron por la inflación. Este incremento se financiaría con fondos de la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y el Programa Incluir Salud. El aumento presupuestario que se necesita para esto es apenas del 0,03% del PBI, mientras que para los talleres protegidos, el aumento costaría tan solo un 0,0008%.
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Fuente: Pagina12
