Tras el decreto del presidente Javier Milei que el 10 de diciembre declaró el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas, la situación de las comunidades empeora aceleradamente. En las últimas horas, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, notificó a la Lof Paillako que tiene tiempo hasta el 9 de enero para dejar el lugar en el que viven y en caso contrario avanzará con su desalojo “por la fuerza pública”. Se trata de tierras que están dentro del Parque Nacional Los Alerces, que al igual que otras zonas, el Gobierno Nacional pretende limpiar de presencia indígena. Distintas comunidades expresaron su rechazo a la decisión judicial y reclamaron la apertura de una mesa de diálogo con las autoridades de la Administración Nacional de Parques Nacionales, a cargo de Cristian Larsen.
La Lof Pailako había realizado en enero de 2020 un acción de reivindicación terrenal ancestral en un sector ocupado por el Parque Nacional Los Alerces, cercano a la localidad de Esquel, en Chubut. Según explican en la Lof, algunos de sus miembros pertenecen a la quinta generación de familias que vivían allí, incluso mucho antes de la creación de Parques Nacionales. Desde que recuperaron el territorio, desarrollan su vida en el lugar, protegen el bosque nativo y las otras vidas que lo habitan. Enseñan y practican la cosmovisión Mapuche – Tehuelche. Existe un juicio civil por los derechos de los integrantes de la Lof Pailako pero la causa no avanza.
Luego de conocerse la decisión de Otranto, distintas comunidades emitieron un “llamado a la solidaridad nacional e internacional con el Pueblo Nación Mapuche – Tehuelche para visibilzar las violencias de los estados argentino y chileno, corporaciones extractivistas y Parques Nacionales”. “¡Necesitamos frenar el desalojo de la Lof Pailako y la guerra contra la Lof en resistencia!”, señalan en el comunicado donde detallan que la zona “es codiciada por intereses inmobiliarios, mineros, forestales e hidroeléctricos. Hoy la lof constituye un escollo para la el avance del extractivismo capitalista”.
En noviembre pasado, el juez había suspendido el desalojo solicitado por Parques Nacionales con el argumento de que aún no se habían cumplido los plazos procesales correspondientes y quedaba tiempo para presentar un recurso ante la Corte Suprema. El 20 de diciembre, luego del decreto de Milei, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó esa decisión y señaló que ya no existía más la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, por lo que podía procederse al desalojo.
El jueves, un oficial de justicia, la policía federal, el intendente del Parque Nacional Los Alerces y personal de Parques, se hicieron presentes para notificar el aviso de desalojo a la comunidad. Le dieron 5 días hábiles para irse.
“La decisión es parte de la escalada racista que lleva adelante la Administración de Parques Nacionales contra las comunidades indígenas”, señaló por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
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