La Cámara de Diputados se apresta a analizar este miércoles los vetos del presidente Javier Milei a las leyes que establecen un incremento en las jubilaciones, prorrogan la moratoria previsional y establece un régimen de ayuda para discapacitados. Ese paquete se complementa con el tratamiento en el recinto de dos iniciativas para repartir los Aportes del Tesoro Nacional y el producido de los impuestos que gravan a los combustibles entre los gobernadores.
Básicamente, el oficialismo de la Libertad Avanza y aliados buscará juntar una cantidad mínima de legisladores que le impida a la oposición insistir con las leyes lo que derivaría en un incremento del gasto que pondrían en serias dificultades al Gobierno para sostener el superávit en 2026 y reduciría de manera alarmante el previsto para el 2025, algo que inquieta por estas horas al mercado.
De hecho, los proyectos que fueron impulsados por los gobernadores de las provincias con el apoyo mayoritario de la oposición y hasta legisladores dialoguistas podrían complicar las metas de superavit fiscal del acuerdo con el FMI. Para 2025 es de 1,6% del PBI y del 0,3% financiero. El año próximo es 2,2% el primario y 0% el financiero.
Según estimaciones en base a datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo anual del paquete aprobado ya por el Congreso que Milei pretende bajar es del orden del 1,46% del PBI para el 2026 y del 0,4% del PBI para este año, en función de lo que restaría hasta diciembre, dependiendo del momento en que entren en vigencia las normas, siempre que LLA no logre evitar la insistencia . Si a eso se suman los proyectos de ATN y Combustibles, el costo podría ser de hasta 1,7% y 0,7%
Ley para jubilados
En el caso de las jubilaciones, la ley prevé un aumento del 7,2% para todas los haberes, incorporándose un bono de $110.000 móvil, no remunerativo ni bonificable. “El costo fiscal del aumento del 7,2% es de $1.67 billones (0,20% del PBI) para lo que queda del año y asciende a $3,4 billones (0,41% del PBI) anualizado. En lo que respecta al aumento del bono a $110.000 móvil, el costo sería de $1.015 billones (0,12% del PBI), con un costo anualizado estimado en $3,13 billones (0,38% del PBI)”, dice la OPC.
La ley prevé un esquema de anticipos mensuales en concepto de compensaciones por parte del Estado Nacional para atender el déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas, que si bien no tiene efecto económico, tiene efecto financiero. El costo de esta medida es de 1.4 billones (0,17% del PIB) entre agosto y diciembre de 2025, con un costo anualizado de $3.1 billones (0,38% del PIB). Respecto al financiamiento previsto en la ley sancionada, este alcanza los $3.2 billones (0,39% del PIB) para 2025.
El retorno de la moratoria
La iniciativa propone la reinstauración del Plan de Pago de Deuda Previsional y la ampliación de la Pensión Universal para el Adulto Mayor. El impacto fiscal total derivado exclusivamente de las nuevas altas previsionales asciende a $3,5 billones lo que representa un 0,39% del PIB.
Ayuda a discapacitados
El impacto fiscal total de las medidas cuantificables se estima en un rango de $2,4 billones (0,28% del PBI) a $4,3 billones (0,51% del PBI). Los costos incluyen nuevas altas por entre 493.000 y 946.000 beneficiarios, gasto fiscal para favorecer empresas que contraten discapacitados, subsidios para talleres protegidos y compensación de emergencia a prestadores.
Según dijeron fuentes del Gobierno a Ámbito, el Estado tendría que tener unos 500.000 beneficiarios y hay 1.800.000 pensiones por discapacidad. “Primero se veta y ahí podríamos ver la posibilidad de hacer algo. De hecho, tenemos el monto pisado hace bastante tiempo”, dijo un funcionario de la Casa Rosada.
Ayuda de emergencia a Bahía Blanca
El paquete incluyó una ley que establece la ayuda a la ciudad de Bahía Blanca por la tragedia de la inundación de unos $200.000 millones. El gobierno nacional la vetó porque considera que esa ayuda ya se estableció por medio de un decreto.
Una ventana para negociar
El oficialismo en la Cámara de Diputados abrió una ventana que podría derivar en una negociación con los gobernadores. Y es que al dictamen de mayoría de los proyectos para cambiar la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional y el Impuesto a los Combustibles (que en realidad son dos) que fueron aprobados por la oposición, los legisladores de LLA sumaron uno de minoría. Esta consiste en repartir en base al criterio coparticipable, los fondos que hayan quedado sin distribuir a fin de cada año. Teniendo en cuenta el promedio 2017-2024 (sin 2020 y 2021 por pandemia), los ATN distribuidos de manera efectiva equivalieron al 25% del total posible.
“En efecto, un 75% sería el porcentaje posible de ser distribuido como coparticipación. Teniendo en cuenta el año 2025 completo, la propuesta de mayoría implica un incremento de fondos a las provincias y CABA de 0,04% del PBI y la propuesta de minoría de 0,03% del PBI”,señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
En el caso del Combustibles la propuesta con mayoría implica incrementar la participación directa de las provincias y CABA del 25% actual al 58%, manteniendo inalterada la participación directa de la ANSES y bajando la del Tesoro Nacional. En cambio, la propuesta de minoría implica incrementar la participación de provincias y CABA al 42%.
El IARAF plantea que “la propuesta de dictamen de mayoría implica recursos extras a las provincias por $1.580.000 millones y la propuesta de minoría por $814.000 millones”.
“En términos del PBI, el impacto fiscal del de mayoría sería de 0,18% del PBI y el de minoría de 0,1% del PBI. Se entiende por impacto fiscal el excedente que iría a provincias y que dejaría de ir al Tesoro Nacional”, señala el informe.
Fuente
Ambito
