Los funcionarios del Poder Ejecutivo reinciden en la ilegal costumbre de meter presas a personas y armar el caso contra ellas a posteriori. La noche del domingo fue detenido en la terminal de omnibus de El Bolsón el referente mapuche Facundo Jones Huala, acusado de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. Todos esos delitos habrían sido cometidos en febrero, a partir de sus declaraciones durante la presentación de su libro. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, escribió en X que “la RAM es una organización violenta y terrorista, con nosotros no hay impunidad, los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten”. Por su parte, la defensa de Jones Huala, a cargo de los abogados de La Gremial, afirmó que “establecida la voluntad política de perseguir y estigmatizar a Facundo, era inevitable que la Fiscalía Federal de Bariloche se sumaría a la persecución y criminalización”.
El abogado Gustavo Franquet dijo a Página12 que “no lo van a dejar en paz (a Jones Huala) porque para ellos, para Bullrich, es un negocio político, como lo fue la muerte de Rafa Nahuel y la desaparición de Santiago Maldonado”. Franquet sospecha que al momento de la detención por parte de la Policía Federal no había orden judicial alguna contra Jones Huala. El letrado enfatizó que la defensa no fue informada de los hechos que van a invocar en la acusación contra Jones Huala. Sin embargo, cree que se tratará de la denuncia presentada hace cuatro meses por la ministra Bullrich, cuando el lonko (líder espiritual y político) de Cushamen presentó su libro Entre rejas, antipoesía incendiaria, el domingo 2 de febrero en la Biblioteca Aimé Painé, en Bariloche.
En su extenso discurso, Jones Huala había reivindicado los atentados incendiarios y otro tipo de sabotajes contra maquinarias forestales como método de lucha del pueblo mapuche. Fue así que las autoridades aprovecharon para acusarlo de los incendios que por esas horas arrasaban los bosques de la Patagonia. Por eso, el referente mapuche tuvo que dar una conferencia de prensa para negar su responsabilidad en el inicio del fuego en la zona de El Bolsón. “Jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas, dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho ni lo haríamos porque no tiene sentido perjudicarnos a nosotros mismos, jamás atacaríamos al pueblo pobre”, argumentó Jones Huala, al tiempo que afirmó que “estos son fuegos winkas“.
Otra vez la RAM
“Reivindicamos los sabotajes, y yo particularmente, como miembro de una organización político militar, reivindico los atentados incendiarios a la infraestructura del sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes con un objetivo político”, había expresado al micrófono Jones Huala. La denuncia de Bullrich y su socio, el abogado Fernando Soto, presumía que el lonko es parte de la RAM. Además, en uno de los tórridos días de verano, la ministra anunció que incluiría a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) dentro de las organizaciones terroristas. “La RAM no es una organización terrorista sino de liberación nacional dispuesta a dar algún tipo de confrontación contra el Estado winka, como llaman al hombre blanco invasor”, aclaró Franquet.
“Cuando la familia de Facundo se presentó ante la Fiscalía Federal de Bariloche para requerir información sobre la denuncia que agitó Bullrich, les aseguraron que no había nada contra él y que las palabras de éste en la presentación de su libro –cuyo video circuló ampliamente, en general editado para atribuirle expresiones ajenas a ellas–, no constituían delito alguno”, recordó La Gremial en un comunicado. “Por supuesto, nosotros jamás les creeremos y así se lo hicimos saber a Facundo. Lo que hoy dicen, mañana lo borran de un plumazo (o apretando una tecla). Así fue como, a poco andar, Facundo fue informado de la existencia de una investigación en su contra, sin más detalles”, completaron los abogados y abogadas de esa organización.
“La Gremial jamás confiará en Tribunales o acusadores que administran y aplican las leyes de la explotación y la miseria, porque son las leyes precisamente las que determinan el marco de posibilidad de las arbitrariedades, los atropellos, las irregularidades y la persecución ilegítima que después llevan adelante los ‘operadores judiciales'”, dijeron. “Peor aún ocurre cuando, además de todo eso, los fiscales y jueces ni siquiera cumplen con las propias leyes y garantías procesales y constitucionales, y aplican lo que nosotros llamamos ‘el Derecho Penal del Enemigo’; contracara del mucho más conocido y aceptado ‘derecho penal del amigo'”, agregaron.
La defensa de Jones Huala requirió información sobre dicha investigación, y el juez federal Hugo Grecca sólo le comunicó que estaba “reservada” hasta el 12 de junio. “Lo que se agrega como garantismo y aporte a la supuesta igualdad de armas del proceso adversarial es que el imputado sabe que está siendo investigado, pero, por voluntad de la Fiscalía y acompañamiento de los jueces, no sabe por qué −por qué hechos ni por violación de qué norma−, ni desde cuándo y sin demasiada certeza de hasta cuándo”, resumieron. “A todo esto se agrega que ahora, literalmente ‘entre gallos y medianoche’, Facundo fue capturado por una patrulla de ‘inteligencia de la Policía Federal’ y sólo después de más de 5 horas se le comunicó a él y a esta Defensa bajo qué acusación, en qué expediente y por orden de qué autoridades”, describieron sobre la reciente detención de Jones Huala.
Para La Gremial, esta “sugestiva demora, además de ser una posible causa de nulidad de la detención, es consecuencia de que se lo detuvo por una orden política del Ministerio de Seguridad y luego ‘se arreglaron los papeles’ para pretender justificar la legalidad de la detención”. Esta agrupación ya había hablado con Facundo que la detención sorpresiva era una posibilidad real. “Finalmente ocurrió lo previsible: antes del vencimiento del plazo que el Tribunal había establecido para que accediéramos a la información de la causa, ‘ordenan’ su detención”, indicaron, y afirmaron que seguirán “en la defensa de Facundo, porque es un militante de su pueblo que está detenido por sus convicciones, y por eso lo reconocemos como un luchador”.
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