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La aceleración de la bicicleta financiera



El proyecto de ley de Ficha Limpia que, de haberse aprobado, habría impedido a las personas con condenas en primera y segunda instancia presentarse a elecciones, fue rechazado en el Senado el miércoles último. A esta altura ya nadie duda seriamente de que la iniciativa buscaba proscribir electoralmente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Varias inconsistencias atravesaron el debate. Por ejemplo, buena parte de los senadores y las senadoras que votaron el proyecto de Ficha Limpia, ese mismo día impidieron con su voto una citación al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para que informaran sobre el caso $Libra. Quedó así demostrado el carácter discriminador de las investigaciones que impulsan el oficialismo y sus socios del PRO. ¿Cómo una misma persona, en una misma sesión del Parlamento, puede votar a favor del proyecto de Ficha Limpia y en contra de la citación a declarar a dos funcionarios sobre algo que ocurrió recientemente como la estafa de $Libra?

Por otro lado, si la votación del proyecto de ley de Ficha Limpia hubiera salido favorable habría sido considerada por los grandes medios y por diversos sectores políticos como un acto republicano; pero como la votación fue en contra, entonces es definida como una traición y un pacto de impunidad.

Está claro: lo que pretenden sancionar en la persona de la expresidenta es haber impulsado durante sus gobiernos un proyecto que, más allá de aciertos y errores, puso en un rol central al Estado, las obras públicas, las políticas de desarrollo y distribución, la ciencia y la tecnología, que reestatizó YPF y Aerolíneas Argentinas, y que además generó una gran cantidad de nuevos derechos para una mayoría de la sociedad. Todas estas políticas, entre otras, son las que los gobiernos neoliberales y los grupos concentrados de la economía no perdonan. En ese marco, el proyecto rechazado era uno de los medios de escarmiento, para que, en el futuro, a nadie se le ocurra volver a incursionar por esos caminos. A Cristina no la digieren por lo que hizo, pero sobre todo por lo que simboliza.

Mientras tanto, el gobierno avanza con una iniciativa para que los argentinos y las argentinas puedan usar dólares que están por fuera del circuito formal y sin que deban dar explicaciones sobre su origen. Con relación a ello, el Presidente sostuvo que esa iniciativa permitirá a “la gente” disponer de sus dólares “sin que nadie te persiga. Porque nosotros no consideramos que aquellos que hayan sacado los dólares del sistema son delincuentes. Creemos que son personas que pudieron escapar de las garras del Estado”.

Pero, ¿qué es “la gente”? En principio, una generalización que no se corresponde con la realidad. Por un lado, en la Argentina hay una mayoría de “gente” que no sólo no tiene dólares, sino que además no tiene para comer o para pagar el alquiler. Por el otro, una minoría de “gente” que posee dólares no declarados y por fuera del sistema. Con este nuevo mal llamado “blanqueo” no se beneficiaría la “gente” sino un pequeño sector de la sociedad.

En la misma línea, está finalizando en estos días la última etapa del blanqueo aprobado el año pasado con el objetivo de que ingresaran al mercado legal los dólares que estaban por fuera del mismo. Este blanqueo fue aprobado por el Congreso y la ley que lo enmarca establece que no pueden acogerse al mismo quienes hayan actuado en la función pública en los últimos diez años y sus familiares directos e indirectos, y quienes tengan dinero proveniente de diversos ilícitos como el contrabando y el narcotráfico o que estén registrados en los paraísos fiscales, entre otras exclusiones.

Según trascendidos del ministro Caputo, el nuevo blanqueo se haría por decreto, lo cual supone un apartamiento de las normas constitucionales en la materia. ¿Quiénes blanquearían en este caso? Seguramente muchos de los que tenían prohibido plegarse al blanqueo anterior. Es decir: los que estaban fuera de lo establecido por la ley aprobada por el Parlamento.

En la base de esta medida se encuentra el hecho de que el gobierno se ha comprometido con el FMI a incrementar las Reservas. También en julio la Argentina debe pagar alrededor de 4.327 millones de dólares en Bonares y Globales, más 2.477 millones de dólares a organismos internacionales (que no son el FMI) e intereses a éste último por 1.655 millones de dólares.

Por otro lado, hay mucha “gente” que, en el marco de las actuales políticas, está ingresando al “carry trade”, popularmente llamado bicicleta financiera.

Entre el miércoles y el jueves de la semana que pasó se hicieron contratos de futuro por 7.048 millones de dólares, una cifra enorme. ¿Qué tiene que ver esto con el “carry trade”?

Con los valores de un día determinado, y a modo de ejemplo, realizamos la siguiente proyección: si alguien tiene 100.000 dólares y los vende al tipo de cambio actual, es decir, a 1.115 pesos, obtiene 111.500 millones de pesos. Luego coloca ese monto a la tasa de interés que hoy pagan los bancos, un 34%, hasta diciembre de este año, y simultáneamente toma un contrato de futuro de tipo de cambio que a diciembre de 2025 cotiza un dólar a 1.258 pesos.

Finalmente, el 31 de diciembre de este año, cobra el vencimiento de la colocación en pesos y obtiene 136.115 millones de pesos. Independientemente del tipo de cambio que haya en esa fecha, utiliza el contrato que lo habilita a comprar cada dólar a 1.258 pesos. De ese modo con los 136.115 millones de pesos obtiene 108.157 dólares. Su ganancia cada 100.000 dólares fue de 8.157 dólares.

Si tomamos los contratos de futuro por 7.048 millones de dólares que se hicieron en dos días de la semana pasada y suponemos que son todos hasta fin de año, y que constituyeron plazos fijos en pesos hasta esa misma fecha, los titulares de esas operaciones ganarían 574.963 millones de dólares a diciembre de 2025. Claramente es un negocio sin riesgo. Pero el interrogante que queda es quién paga la diferencia si a fin de año el tipo de cambio es mayor.

Este es el modelo de país de la bicicleta financiera. El otro modelo es el que quieren impedir, entre otras estrategias, tratando de proscribir a la expresidenta de la Nación.

* Diputado nacional Unión por la Patria y Presidente del Partido Solidario



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