El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió ayer a un grupo de gobernadores en representación de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires para avanzar en la resolución de una lista de reclamos, que incluye el reparto inmediato y no discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la ejecución de parte del impuesto a los combustibles destinado a la mantención de la infraestructura vial, que el gobierno central recauda y solo distribuye a cuenta gotas. Francos reconoció como “razonables” los reclamos pero solo se comprometió a “estudiarlos”. Aunque el ministro coordinador afirmó que los mandatarios provinciales se manifestaron a favor de “respetar el equilibrio fiscal”: el primer paso de la Casa Rosada en busca de una negociación de toma y daca para conseguir los “héroes” que necesita en el Congreso para blindar el nuevo y anunciado veto del presidente Javier Milei a una ley que recomponga lo que su propio gobierno le recortó a los y las jubiladas.
Tras la reunión del martes 3 de junio en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), la totalidad de los gobernadores –a excepción del salteño Gustavo Sáenz– pactaron llevarle el paquete de reclamos al Gobierno Nacional frente a la caída de la recaudación y la paralización de la obra pública en las provincias y pidieron una reunión con Milei. Con el Presidente de gira internacional, y en medio de la conmoción política por la condena y la proscripción a la dos veces ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Francos decidió abrir el Salón de los Escudos de Casa Rosada a los gobernadores.
Hasta allí llegó ayer la delegación que en representación del resto de los mandatarios provinciales Raúl Jalil (Catamarca), Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Claudio Vidal (Santa Cruz), además de la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Del otro lado de la mesa de negociación, acompañaron a Francos el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
Aunque se trató un paquete de medidas, los ejes del reclamo estuvieron puestos en una distribución “objetiva” de los ATN e incrementar la coparticipación del impuesto a los combustibles destinado a las obras viales que el gobierno no ejecuta. Los gobernadores quieren que el reparto de los ATN y el tributo se incorporen a las transferencias automáticas.
Blindar el veto como objetivo
Los funcionarios admitieron que algunos de los pedidos fueron razonables y se comprometieron a mantener abierto el canal de diálogo con los interlocutores designados en representación de los gobernadores. “Si bien se trata de un planteo responsable, tenemos que analizar los números reales. De realizar las transferencias también hay que transferir las responsabilidades”, habría expuesto Guberman ante la delegación de las provincias.
Francos fue el vocero luego de la reunión. “Conversamos sobre una iniciativa impulsada por la totalidad de los gobernadores para encontrar una forma de contemplar, de manera consensuada, los intereses provinciales y nacionales en relación con los ATN, que históricamente fueron discrecionales, y el impuesto a los combustibles”, dijo sobre uno de los reclamos.
Pero el ministro también expuso la postura del gobierno libertario y el compromiso que les habría arrancado –o al menos eso buscó transmitir– a los mandatarios provinciales: “Los gobernadores manifestaron que no pretenden comprometer el equilibrio fiscal, una premisa innegociable del Gobierno nacional, y que debe consolidarse como objetivo permanente en la gestión del Estado”. “Fue un encuentro de diálogo y búsqueda de entendimiento para seguir construyendo un vínculo sólido y responsable entre la Nación y las provincias”, concluyó.
Francos carga sobre sus hombros la responsabilidad de abrirle camino a la prioridad que se trazó la Casa Rosada: buscar recomponer la deteriorada relación con los gobernadores aliados, a los que desoyeron sus reclamos y que los mandatarios respondieron haciendo valer su peso en el Parlamento. Como sucedió con el aumento que la Cámara de Diputados votó a favor de un aumento a los jubilados, que acompañaron los legisladores que responden a mandatarios como el sanjuanino Marcelo Orrego y el tucumano Osvaldo Jaldo, entre otros, hasta entonces alineados –o permeables– con los deseos del Gobierno central. Y cuya aprobación incluso facilitó, por motivos políticos, una porción del PRO con sus abstenciones.
Frente a la casi segura derrota parlamentaria en el Senado, que transformaría el aumento a las jubilaciones en ley, el Gobierno vuelve a necesitar el de los gobernadores colaboracionistas para compartir el costo político de blindar un nuevo veto de Milei contra los jubilados.
La apertura de una negociación con los gobernadores que afrontan la urgencia de sus deterioradas economías, es la prenda de cambio que el Gobierno ofrece para volver a encolumnar a los mandatarios en el sostenimiento del déficit fiscal cero que enarbola como bandera Milei y que en gran parte se sostiene con el brutal recorte a las jubilaciones.
Por
