La intención del Gobierno era cerrar el año con el primer encuentro tripartito entre funcionarios nacionales, representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y empresarios del G-6. El encuentro, supuestamente, sería a “agenda abierta”, aunque todos saben que el objetivo de Javier Milei es avanzar en una “verdadera reforma laboral”. La denominada “mesa de diálogo”, sin embargo, no se concretaría porque los dirigentes gremiales rechazaron la convocatoria.
El mitin estaba planificado, en principio, para mañana en Casa Rosada. En representación del Ejecutivo iban a asistir el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe, Lisandro de Catalán, y el asesor Santiago Caputo. La idea era profundizar el vínculo con algunos sindicalistas que consideran dialoguistas, en medio de las tensiones con Camioneros por la advertencia de Hugo Moyano de convocar a un paro nacional si fracasa la negociación paritaria. En suma, en Balcarce 50 esperaban verse cara a cara con Gerardo Martínez (UOCRA), Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (estaciones de servicio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Andrés Rodríguez (UPCN).
Del otro lado de la mesa, estaban citado los empresarios a Daniel Funes de Rioja (Unión Industrial Argentina), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción), Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos), Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Natalio Mario Grinman (Cámara Argentina de Comercio) y Nicolás Pino (Sociedad Rural Argentina).
El encuentro, no obstante, quedó trunco. La CGT dejó trascender que no asistirá. En la central obrera manifestaron que antes de volver a pisar la Casa de Gobierno esperan que se destraben las homologaciones de los acuerdos paritarios y que Milei defina si va a reglamentar o no la norma antibloqueos, que estaba incluida en la Ley Bases, y habilita a los empleadores a despedir trabajadores en caso de una medida de fuerza.
Sectores empresarios presionan al Gobierno para que avance en la reglamentación sin hacer modificaciones. Los gremialistas, en cambio, pretenden que se incorpore un procedimiento previo para que sea la Justicia y no los empresarios, los que definan si un trabajador cometió un “delito” y no los empresarios.
En septiembre pasado, el Gobierno reglamentó la reforma laboral en la Ley Bases, que también estableció –entre otros puntos– la creación del Fondo de cese laboral como alternativa a las indemnizaciones, la ampliación del período de prueba a seis meses con posibilidades de que sean ocho y la eliminación de multas para empleadores que decidan formalizar a sus trabajadores informales.
Para Milei, sin embargo, tuvo sabor a poco. Por eso, en la cadena nacional que brindó al cumplirse un año de su asunción, anunció que iba a impulsar una “verdadera reforma laboral” para profundizar el ajuste en 2025, sin mayores detalles. “A diferencia de lo que suelen hacer los políticos, que en los años electorales se dedican a despilfarrar la plata de todos los argentinos como si fuera propia en búsqueda de votos, nosotros vamos a hacer algo distinto: vamos a continuar nuestro programa de ajuste para poder bajar impuestos y devolverle el dinero al sector privado. En esa línea vamos a hacer una reforma impositiva, una reforma previsional, una verdadera reforma laboral; una reforma a las leyes de seguridad nacional, una profunda reforma penal, una reforma política, y otras tantas reformas que el país se debe hace décadas”, dijo el ultraderechista.
A pesar de que el Gobierno presentó la convocatoria a una “mesa de diálogo” como un encuentro “sin agenda cerrada”, la idea era de los funcionarios nacionales era poner sobre la mesa las modificaciones que pretendió –y no pudo– hacer la Casa Rosada en el DNU 70/2023, así como otras iniciativas de flexibilización que Milei pretende promover en 2025.
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