Funcionarios de primera línea que reivindican la dictadura. Visitas oficiales a los genocidas presos. Desmantelamiento de la unidad encargada de la búsqueda de los bebés robados durante la dictadura. Cierre de los equipos que analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas. Ésas son algunas de las razones por las que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a una audiencia para analizar los retrocesos en materia de memoria, verdad y justicia que se vienen registrando en el país desde que asumieron Javier Milei y Victoria Villarruel.
La audiencia tendrá lugar el 14 de noviembre dentro del 191º período de sesiones del organismo regional. En esa oportunidad, los comisionados podrán escuchar a organismos de derechos humanos y otros referentes que denuncian la avanzada de La Libertad Avanza (LLA) contra el proceso de verdad y justicia y a los funcionarios que defenderán el accionar estatal.
Todo indica que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, será parte de la delegación oficial. Baños viene de cancelar un seminario de políticas de la memoria que se realiza desde hace quince años y de presidir su primer Consejo Federal de Derechos Humanos en el que por primera vez no hubo una declaración conjunta entre el Estado nacional y los Estados provinciales. Habrá representantes de la Cancillería, donde avanza a paso redoblado una línea antiderechos, y existen versiones de que podría haber representación del Ministerio de Defensa.
La audiencia fue solicitada por organismos de derechos humanos, centrales sindicales, movimientos sociales, federaciones eclesiásticas, autoridades de las universidades, equipos de académicos que trabajan temas de memoria y hasta clubes de fútbol. La movida fue motorizada particularmente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.JO.S Capital y la mesa de organismos de derechos humanos –integrada por Madres de Plaza de Mayo -Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), APDH La Matanza, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), la Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Asociación Buena Memoria y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. También promovieron esta iniciativa Memoria Abierta y la Red Federal de Derechos Humanos.
La CIDH viene siguiendo la situación en Argentina. De hecho, el 24 de marzo emitió un comunicado conjuntamente con el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de las Naciones Unidas advirtiendo que los responsables de crímenes aberrantes no pueden ser indultados, amnistiados ni recibir beneficios procesales. Ese pronunciamiento tuvo lugar mientras arreciaban versiones de que Patricia Bullrich podría tomar alguna medida para favorecer que los detenidos por crímenes de lesa humanidad dejaran las cárceles federales que están a su cargo.
El 11 de julio pasado –en simultáneo con la visita de los diputados oficialistas al penal de Ezeiza para entrevistarse con Alfredo Astiz–, la CIDH llevó adelante otra audiencia sobre la situación de la protesta en la Argentina. En ese momento, uno de los comisionados, José Luis Caballero, le recordó a los representantes del Estado que el país tiene una tradición de cuatro décadas de defensa de los derechos humanos.
La CIDH fue una pieza fundamental en la denuncia de los crímenes de la dictadura. Su visita en 1979 y la publicación de su informe en 1980 constituyeron un primer respaldo institucional al movimiento de derechos humanos, como señala la antropóloga Guadalupe Basualdo en su libro Movilización legal internacional.
Las razones
Según pudo reconstruir Página/12, las organizaciones le hicieron saber a la CIDH que se viene registrando una situación muy grave en materia de memoria, verdad y justicia y que el gobierno parece decidido a deshacer todo lo que se viene construyendo –con avances y retrocesos– desde diciembre de 1983.
Entre los temas que se abordarán en la audiencia posiblemente se encuentren:
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Los elogios de Milei a los indultos de Carlos Menem, que presentó como un remedio constitucional pese a que la Corte Suprema los declaró inconstitucionales. En la misma línea se pronunció Rodolfo Barra, procurador del Tesoro de la Nación, que también abogó porque los detenidos pasen sus últimos días en su casa;
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El pedido de Villarruel de encontrar una “solución jurídica” para los presos por crímenes contra la humanidad;
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Las declaraciones de Bullrich y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quienes sostuvieron que la política de juzgamiento se asemeja a una política de venganza;
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La visita, revelada por este diario, de dos altos funcionarios del Ministerio de Defensa a la Unidad 34 de Campo de Mayo –donde funciona una usina de los represores para intentar salir de la cárcel. Desde allí se conformó el grupo de lobby llamado los “Muertos Vivos” y también hubo días atrás una videoconferencia de represores con una funcionaria de la CIDH;
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El cónclave entre seis diputados de LLA con los represores presos en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza. La reunión fue parte de otros encuentros en los que participaban un cura, abogados defensores, una integrante del Consejo de la Magistratura y un exjuez para discutir cómo aliviar la situación de los detenidos por secuestrar, torturar y desaparecer;
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La eliminación de la unidad especial de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que hacía averiguaciones pre-judiciales y podía acceder a los archivos para ayudar a las Abuelas en la búsqueda de los bebés apropiados. Tanto Defensa como Seguridad se negaron a entregar información a la Conadi. Bullrich dijo que ella no iba a ceder a “los caprichos políticos de un organismo militante”;
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La supresión de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental que funcionaban en el Ministerio de Defensa desde 2010. La medida –que era reclamada por los represores en juicio–fue justificada por el ministro Luis Petri diciendo que eran equipos que se dedicaban a hacer persecución y “macartismo” dentro de los militares. Pese a que más de 30 fiscales pidieron que revisara su decisión, Petri calificó a los ERyA de grupo “parajudicial”;
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Se desmanteló la mesa que se había creado para analizar la documentación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con organismos de derechos humanos;
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Los sitios de memoria están sometidos a una situación acuciante. Sus trabajadores son despedidos y, en algunos casos, reincorporados. El proceso se repite cada tres meses y afecta directamente el funcionamiento de los espacios. Se encuentran frenadas las reformas en estos lugares. Baños ya dijo que no se continuará con la construcción del espacio de memoria en Campo de Mayo y que paralizarán las obras en La Escuelita de Bahía Blanca.
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El freno a las reparaciones a las víctimas del terrorismo de Estado con el argumento de que se está haciendo una auditoría y bajo el paraguas del “curro de los derechos humanos” que usan tanto Mauricio Macri como integrantes del plantel de LLA.
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Los discursos que reivindican lo actuado por las fuerzas. Por ejemplo, cuando Villarruel se dijo “orgullosa hija” de un militar que defendió la Patria “contra los terroristas del ERP” al ensalzar su rol en el Operativo Independencia.
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