La desregulación del servicio postal va en linea con la intención del Gobierno de privatizar el Correo Argentino no sólo supone la entrega de la administración de correspondencia y del andamiaje electoral a empresas privadas del rubro o no, sino también la posibilidad de que el Estado deposite en manos de emprendedores, pymes, “comerciantes, canillitas, remiseros y operadoras de plataformas” el secreto postal y una logística formal y sensible que compromete la órbita institucional, laboral y privada de cada ciudadano.
La información reservada, las constancias, DNI y pasaportes expedidos por el Renaper (Registro Nacional de la Personas), las cartas documentos, los telegramas, giros postales y comunicaciones y encomiendas son algunas de las herramientas arrojadas a la deriva del mejor oferente.
Cualquiera podrá postularse para quedarse con la empresa, tenga o no un pasado o experiencia en el rubro postal. Y no solo un oferente con figura jurídica sino también cualquier particular, tenga vehículos, instalaciones o no. Todos podrán repartir u operar como punto de entrega. Algo así como si cada uno tuviera la oportunidad de ser su propio correo. Todo en aras de “la libertad”.
“Cualquier actor podrá operar como punto de entrega y repartidor de envíos postales, facilitando el desarrollo del comercio electrónico y generando una fuente de ingresos adicionales para comercios, canillitas, remiseros y operadores de plataformas. VLLC! (Viva la libertad, carajo)”, celebró el ministro desregulador Federico Sturzenegger.
A través de un comunicado, el Gobierno se jactó de que su decreto desregulador establecerá “nuevos lineamientos para el ejercicio de la actividad”, que serán producto de lo que ofrezcan el o los eventuales concesionarios.
Sturzenegger también defendió su proyecto privatizador que traiciona el compromiso de La Libertad Avanza (LLA), que en el marco de la negociación parlamentaria, había quitado al Correo Argentino de la lista de empresas a vender como contrapartida para la aprobación de la mentada Ley Bases.
A través de un mensaje en las redes sociales, el ministro dijo sin empacho que “el correo ya no tiene valor estratégico” y que, por lo tanto, “cualquiera pueda participar del negocio”.
Quiénes pueden prestar el servicio
La mentada desregulación hace que cualquier persona jurídica pueda distribuir correspondiencia. Sólo “deberán inscribirse ante la autoridad de aplicación de manera simple, electrónica, gratuita y declarativa”. Esa inscripción “constituirá habilitación suficiente para desarrollar la actividad”, minimiza el comunicado oficial.
De esa manera, sea quien fuere y tenga experiencia/idoneidad o no tendrá, por ejemplo, habilitada y en sus manos la administración de ejemplares del DNI, las constancia de entrega al destinatarios de telegramas y cartas documento, sean estas en formato digital o físico.
Lo único que quedará accesible al usuario será la verificación de identidad, que se podrá realizar vía Renaper u otros medios de verificación remota.
El Gobierno celebró que “se eliminan los listados de requisitos excesivos para llevar a cabo la actividad y los registros que implican mayor burocracia y menor transparencia”.
“Se eliminan todos los vestigios de predominio postal y las exclusividades otorgadas a empresas de correo estatales referidas al envío de cartas documento, de telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos”, agrega.
“A las personas humanas se les permitirá ofrecer el servicio de Mensajería Urbana, con o sin vehículo, en plazos breves y distancias cortas”, dice también el decreto desregulador. “Lo podrán hacer las personas humanas. No se necesitará entregar documentación ni comprobar la tenencia de vehículos u otras instalaciones; se caen todos los trámites de habilitación: el negocio pasa a ser libre”, defendió Sturzenegger.
“Por suerte llegó la onda desreguladora”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado para la entrega a los privados hizo un racconto histórico sobre la importancia que tuvo el servicio postal desde el siglo XVIII hasta hace unos años. Pero para desacreditarlo. Sostuvo que la digitalización reemplaza las obligaciones que tuvo el Estado “como una suerte de 1984”, con un Gran Hermano que controlaba todo.
“Por suerte llegó la onda desreguladora de los ´90 y Domingo Cavallo con el decreto 1187/93 suprimió el monopolio y amplió los jugadores del sector”, celebró y se jactó de que el gobierno de Javier Milei propone una superación de aquella privatización.
A partir del decreto de desregularización del correo “no existe más un proceso de habilitación”, por lo tanto “cualquier persona jurídica que desee manejar correo podrá hacerlo y solo deberá informar que está involucrado en dicha actividad”. “Esperamos esto abra un nuevo e interesante negocio”, concluyó con expectativas.
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