¿Dónde está el empresario Hayden Mark Davis? Se trata del principal implicado, junto con el presidente Javier Milei, en la estafa de la criptomoneda Libra, que causó pérdidas millonarias a cientos de inversores y ganancias que podrían superar los 200 millones de dólares a un puñado de billeteras virtuales. Cuando estalló el escándalo, Davis pedía a gritos ser considerado arrepentido. Pero ahora, en contraste con aquella locuacidad, presentó un abogado y bajó su perfil. No hay que descartar que desde la casa Rosada le hayan sugerido algo así como “quedate en silencio, que esto lo arreglamos”. Milei no lo menciona ni habla del tema. A dos meses del tuit del Presidente sobre Libra, hay pocos avances judiciales y empieza a rondar la idea de impunidad. Pero son muchos los interrogantes que siguen abiertos, tanto en Argentina como en Estados Unidos, donde Donald Trump podría estar condicionando las investigaciones sobre criptomonedas. Mientras tanto, el dinero en de las billeteras virtuales se sigue moviendo.
La justicia argentina da vueltas con la burda idea de que Javier y Karina Milei podrían haber ingresado dinero a sus cuentas oficiales. ¿Y si se trataba de fondos en negro para la campaña electoral? Es otro asunto silenciado. En Estados Unidos tampoco se nota demasiada actividad y los fondos no parecen estar inmovilizados. El rumor es que la protección de Donald Trump condiciona al FBI, al Departamento de Justicia y a la SEC (Securities and Exchange Comission), la bolsa de valores. Organismos como este último están en franco retroceso y cada vez se supervisan menos las operaciones cripto. Si Trump quiere proteger a su adulador serial, no necesita de grandes esfuerzos.
Ni acá ni allá
Hay cierta idea de que en Estados Unidos avanzan a buen paso las investigaciones sobre $LIBRA. No hay indicios de que sea así. Se presentó una demanda civil en Nueva York, en la que Milei aunque es nombrado, está excluido. Allí más de 200 damnificados por comprar el token, inspirados en su recomendación, quieren recuperar su dinero. También existen cuestiones penales en manos de organismos de investigación estadounidenses, pero hay acciones básicas como allanar y buscar a Davis que no parecen haberse realizado.
Quienes conocen el sistema penal de ese país no descartan que ciertos movimientos permanezcan en secreto. Un exfiscal neoyorquino haría una nueva denuncia, con aportes del abogado Gregorio Dalbón. Davis, que designó como abogado a Marcos Salt, está virtualmente confeso diciendo que quiere devolver 100 millones de dólares. Una evidencia de que no hay grandes avances es que siguen moviendo dinero de las billeteras. Expertos en cripto señalan que recién ahora se estaría avanzando en el congelamiento.
En la causa que tramita en Comodoro Py hay medidas en trámite, no es que no haya nada. Pero desde el comienzo todo se hizo con una parsimonia notable: el primer paso se dio recién una semana después del lanzamiento del token, con simples pedidos de informes y consultas básicas sobre cómo son las regulaciones para operaciones cripto.
Lo más reciente es que el fiscal Eduardo Taiano, a quien la jueza María Servini le delegó la investigación, pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Milei, de su hermana Karina, y del resto de los imputados argentinos, que son los empresarios Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, y el exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales. La decisión es relevante por los personajes. Pero, ¿la suposición es que incorporaron dinero a sus cuentas oficiales? ¿Tan torpes podrían ser? No habría que desechar la hipótesis de que la masa de fondos estafados se iba a utilizar en negro para financiar la campaña electoral.
Hasta ahora Taiano señaló los delitos de abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho. La teoría sobre posibles pagos de empresarios extranjeros para reunirse con Milei sería una de las líneas “patrimoniales”. El fiscal pidió rastrear operaciones desde 2023 (lo que deja afuera parte del mandato de Milei como diputado) y la jueza abrió un “legajo de investigación patrimonial”, pero todavía es un enigma qué contiene. Lo que no aparece aún es el posible financiamiento de la política, a pesar de que el tema surge nítido en un video que Terrones Godoy compartió en sus redes.
Cuando, poco antes de asumir la presidencia, Trump sacó su memecoin, Terrones Godoy festejó que era un anuncio de que en Estados Unidos “se va a poder hacer de todo en el mundo cripto”. Era 21 de enero y agregaba, como si supiera lo que vendría en Argentina: “No va a ser el único presidente o el único político que tenga su token, porque lo que a Trump le permitió esto es tener todo el poder de fuego para financiar partidos políticos e influencia”. “Con esto puede poner senadores, diputados, gobernadores”. “Lo que se evita es la necesidad de robarle al Estado para hacer política, con esto no hace falta”, decía con speech libertario.
El tiempo es tirano
Para la mayoría de quienes compraron $LIBRA, la pérdida de fondos fue en pocas horas. El token se conoció con el tuit de Milei, publicado en X a las 19.01 del 14 de febrero. Solo un grupo de billeteras con información privilegiada invirtieron antes a bajísimo costo y vendieron caro. El resto se confió en la figura presidencial, que compartía el contrato para adquirir el token, que aún no era público. Después de la medianoche, es historia conocida, Milei dijo que no estaba interiorizado, que era un proyecto privado.
Aunque las primeras denuncias se presentaron enseguida, los primeros allanamientos fueron el 6 de marzo: la División Antilavado de la Policía Federal fue a la casa de Novelli, a la empresa Tech Forum (que comparte con Terrones Godoy) y al domicilio de Morales. Les secuestraron celulares y otros dispositivos. Cualquiera que se sepa investigado ya habría borrado lo que lo comprometa. En un una camioneta Toyota SW4 de Novelli había llaves de cajas de seguridad. Había abierto dos en la sucursal Martínez del Banco Galicia el 4 de febrero, diez días antes del lanzamiento de $LIBRA, les dio un poder a su madre y su hermana, quienes entraron el 17 de febrero, primer día hábil post escándalo. Taiano pidió allanar las cajas el 17 de marzo: como era obvio, ya no encontró nada.
El 26 de marzo, la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia le informó a Taiano que logró preservar todas las cuentas en redes y las publicaciones de los involucrados, videos de Davis, su hermano Gideon, y de empresarios cripto que hablaron de pagos a funcionarios del gobierno de Milei a cambio de tuits, reuniones o consultorías. Sugirió pedir información sobre la creación de cada cuenta, las tarjetas de crédito y números de teléfono asociados. La semana pasada Servini dispuso mandar exhortos a Estados Unidos dirigidos a Meta, XCorp (de Elon Musk, el amigo de Milei), Google, Linkedin, Amazon. Apunta a verificar interconexiones y pagos. En la misma lista hay un punto de alta relevancia: el pedido de datos para determinar cómo y quién creó la web “Vivalalibertadproject” (que Milei compartió en su posteo con promesas de inversiones). ¿Quién compró el dominio a la empresa GoDaddy? ¿Con qué tarjeta? Las respuestas a los exhortos suelen tardar lo que manda la política. En este caso, todo hace pensar que va a regir la protección de Trump a Milei con dilación o falta de contestación.
Será importante saber quién le proporcionó a Milei el contrato para comprar $LIBRA que puso en su posteo. Habrá que ver si surge de algún dispositivo de Novelli, quien junto con Terrones creó la empresa Tech Forum para organizar el foro tecnológico de octubre de 2024 que habría permitido que Davis y el empresario Julian Peh, de Kip Protocol, consolidaran negocios con el Gobierno. Novelli es muy cercano a Milei, quien daba clases en su academia para traders y promocionó tokens suyos denunciados por fraude, como $Vulc. El año pasado fue siete veces la Casa Rosada. Tres coincidió con Davis. Una fue posterior a un viaje donde también coincidieron en Paraguay, junto con Terrones Godoy y Morales. Todavía Taiano no identificó quién sacó y pagó esos pasajes.
Uno de los últimos despachos del fiscal dice algo revelador: la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para el caso $LIBRA creada por el propio Gobierno está vivita y coleando, decidiendo -desde el Ministerio de Justicia- qué y cómo se le manda al fiscal. Es obvio que no investigan nada, menos a sí mismos. Más bien aportan a la dilación. Ejemplo: Taiano había pedido las visitas a la secretaría general de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, y la UTI mandó un documento llamado “Listado ingresosUTI_protected- SECRETARIA GENERAL” pero que necesita un código de acceso. O sea, envió la lista encriptada, y así la fiscalía tiene que reclamar el código y pasan los días.
Idas y vueltas
Servini en un comienzo rechazó que haya querellas (ahorristas que decían haber perdido dinero al comparar $LIBRA). Entonces empezaron las apelaciones, y la Cámara Federal habilitó a tres damnificados -representados por Juan Grabois y su equipo-, que luego se incorporaron a la causa. En Casación intervendrá la Sala II (Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci) porque una de las defensas cuestiona que haya querella. En paralelo, había iniciado una investigación en espejo la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que tuvo como querellante a Martín Romeo, un especialista en cripto que había perdido 2.000 dólares, quien colaboró con la identificación de un grupo de billeteras adonde se habrían derivado los fondos de la estafa.
Arroyo Salgado ordenó un informe pero no identificó a los dueños ni terminó de certificar una relación de las wallets con $LIBRA, aunque estarían vinculación entre ellas y, se sospecha, a Davis. El empresario más de una vez se jactó de comprar sus propios tokens y, en este caso, ya al día siguiente de la salida a la venta de la moneda impulsada por Milei, fue cuando dijo que se había quedado con 100 millones de dólares que está dispuesto a devolver, solo esperaba instrucciones. Fue un episodio que incluso reactivó la venta de esta moneda. Davis acusó a Milei de dejarlo en banda al borrar su tuit, pero después de tres apariciones públicas, no se supo más de él.
La jueza de San Isidro ordenó también congelar las billeteras identificadas e inmovilizar los criptoactivos, en miras a una futura reparación. Confeccionó un exhorto, pero el trámite habría quedado a mitad de camino. La Cámara de San Martín (con decisión unipersonal de Juan Pablo Salas) le sacó la causa. Ahora todo eso pasó al juzgado de Servini, que hará una revisión. A Romeo todavía no lo aceptó como querellante. También difirió por razones burocráticas una definición sobre el pedido de querellar por la sociedad civil del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), una ONG que plantea que solo el tuit de Milei promocionando un negocio privado permitiría imputarle “negociaciones incompatibles con la función pública”.
Parece evidente que Javier y Karina Milei habrían participado de una estafa, que no se habría concretado sin el impulso del Presidente con el tuit cuyo mensaje era
“compre, compre $LIBRA”. El negociado se armó con visitantes de la Casa Rosada,
marginales del mundo cripto, la familia Davis, que ya venía de cometer un
desfalco, con el padre Tom pagando con el traje anaranjado de la prisión y
denuncias varias de cobros por mantener una reunión con el presidente
libertario. Toda la trama disfruta de un blindaje en Argentina y Estados
Unidos. Al menos por ahora, la estafa y
los estafadores están protegidos.
Por
