El juez Jorge Gorini define en estas hora el pedido de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner para que la expresidenta y líder del Partido Justicialista (PJ) pueda atravesar la condena a 6 años en la causa Vialidad con prisión domiciliaria en su departamento de Constitución, ubicado en San José 1111.
El magistrado le notificará su decisión a la exmandataria vía zoom, en un intento por desarticular la marcha a Comodoro Py prevista para este miércoles.
En la mañana de este martes, antes de la definición de Gorini, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los mismos que intervinieron en el juicio oral por la causa Vialidad y que querían que CFK fuera condenada a 12 años en lugar de 6, se pronunciaron en contra de la prisión domiciliaria.
Como se anticipaba, argumentaron que el arresto en domicilio es una excepción y que no cabe en el caso de la expresidenta, de quien dijeron que no padece ningún problema de salud que justifique concederle ese beneficio y que tampoco hay razones de seguridad que lo ameriten.
Luciani y Mola ya se habían opuesto a conceder la prisión domiciliaria con el solo argumento de la edad al extitular de Vialidad, Nelson Periotti, que cumplirá 80 años el 3 de julio y cuyo estado de salud es delicado. Los fiscales sostuvieron que volverán a opinar sobre Periotti cuando vean los informes médicos, algo que se va a demorar porque los forenses tienen turnos recién a fin de mes.
Pedido de domiciliaria
El pedido de prisión domiciliaria que presentaron los abogados de Cristina Kirchner estuvo basado en diversos argumentos, entre los cuales la edad (tiene 72 años), es apenas uno. Por empezar, la exmandataria tiene una custodia permanente de la Policía Federal, que el Estado está obligado a proporcionar a quienes ocuparon la presidencia de la Nación. Se considera, entre otras cuestiones, que han manejado decisiones sensibles, de seguridad e incluso de soberanía, y que guardan secretos de Estado.
El abogado de la expresidenta, Alberto Beraldi, recordó además que sufrió un intento de magnicidio durante la recta final del juicio Vialidad. “Lo expuesto no constituye ningún privilegio de carácter personal, y mucho menos en el caso de nuestra defendida, quien fue víctima de un intento de magnicidio cuyos autores intelectuales hasta podrían tener algún tipo de relación con las máximas autoridades políticas a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación”, señaló en el escrito. Quien fue mano derecha de la ministra Patricia Bullrich, el diputado Gerardo Milman, está imputado por la presunta autoría intelectual del hecho.
El punto es que CFK no puede prescindir de la custodia y dado que requiere seguridad, suponiendo que estuviera en un penal, debería estar en una situación de aislamiento, que es considerada por el derecho internacional con rango constitucional, cruel, inhumano y degradante.
Las negociaciones del Gobierno para desarmar la marcha
Según informaron los periodistas de Página/12 Raúl Kollmann e Irina Hauser, en las últimas horas el Gobierno de Javier Milei intentó por distintos medios enviar un mensaje a la justicia para que apruebe el pedido de prisión domiciliaria de la expresidenta, con la intención de desarmar la movilización de este miércoles en la que estaba previsto que los seguidores de CFK la acompañen a Comodoro Py.
Para la administración libertaria, la imagen de la multitud en los diarios, los noticieros y los medios del mundo entero sería un durísimo impacto. La sola idea de que se concrete ya es una pesadilla, ya que les resultará muy difícil explicar cómo es que esa multitud descree del Poder Judicial y respalda a una expresidenta condenada.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue explícito al respecto: “sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales, que la notifiquen por zoom”, dijo este domingo en declaraciones televisivas. Pero, además, la versión es que el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, habría negociado con los jueces del Tribunal Oral número 2 (TOF 2) para que aprueben la prisión domiciliaria a CFK este martes, con la esperanza de que se desarme la marcha del miércoles.
Tras la decisión de Jorge Gorini de autorizar la domiciliaria, ahora habrá que esperar a ver qué deciden los organizadores de la marcha sobre la convocatoria.
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