“¡Hay una víctima que ya pidió dos veces declarar!”, advirtió la diputada Vanesa Siley (UP) en la última reunión de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura. El reproche estaba dirigido a buena parte de sus colegas que demoraban la citación de la expareja del integrante de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, a quien ella denunció por violencia de género, por lo que había pedido ante el organismo dar su testimonio. El juez tiene un expediente por posible mal desempeño ya que sus propios compañeros del máximo tribunal penal notificaron las causas en trámite en su contra. Cuando los/as consejeros/as más reacios a avanzar notaron que podrían violar la Ley de víctimas y la de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, votaron por unanimidad convocar a la mujer para que cuente en primera persona lo que relató ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y la justicia civil y que derivó en una medida contra el magistrado de restricción de acercamiento, prohibición de contacto y la intimación para que cesen presuntos actos de intimidación.
Decisión clave y tiempos
La votación por la que se decidió citar a la víctima es un paso clave contra Hornos en el Consejo. Ella había recurrido a este cuerpo en octubre para pedir expresamente dar su testimonio y aportar pruebas. Hizo una presentación por escrito el día 22 y otra el 30. Es más, entregó evidencias que podrían ser comprometedoras para Hornos respecto del uso de su posición de poder, en virtud de su cargo. Es parte del material que respalda las prestaciones que ya había hecho en las que denunció a Hornos de por lo menos seis hechos de maltrato físico, psicológico y abuso sexual, y –en especial– de posibles amenazas en base a su función. Todavía no hay fecha para la declaración. En este punto, como parte de la negociación, tanto Siley, como Rodolfo Tailhade y Héctor Recalde, que pedían el avance del expediente, aceptaron esperar a recibir una actualización de las causas radicadas en el fuero civil y penal. Esto último era lo que pedía el senador radical Eduardo Vischi, a quien le tocó ser el “informate” del caso.
En términos de “tiempos”, esto implica que no habría obstáculos para que Hornos firme la anunciada sentencia respecto del caso Vialidad, ya que integra –junto con Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña– la sala IV que le notificó a Cristina Fernández de Kirchner que le dirá el resultado el próximo miércoles, 13 de noviembre. La dos veces presidenta fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión por administración fraudulenta e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por supuesto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz. Casación revisa esa decisión y, como dejó trascender en algunos medios, la confirmaría. Hornos, según esas versiones, quisiera que la condena fuera mayor y por asociación ilícita.
La historia
Hornos y su expareja no convivían, pero mantenían un vínculo de larga data en el que ella, al denunciar, refirió a hechos del año 2015. La mayoría de las situaciones denunciadas son más recientes. Su presentación original fue en la OVD. Ella no promovió la acción penal pero el caso fue girado a ese fuero porque podría estar comprometida la investidura o la función del camarista. Le tocó al juez Alfredo Godoy y al fiscal Adrián Peres. Ambos, después de analizar el tema, coincidieron en que había motivos suficientes para que fuera investigado, pero eso debía ser en Comodoro Py.
Del dictamen de la fiscalía y la resolución judicial surgen descripciones de posibles lesiones sufridas por la mujer, abuso y amenazas. Hornos le habría hecho llegar mensajes y advertencias como: “Yo hago lo que quieras pero retírame la denuncia”; “soy Juez, soy más grande, tengo más recursos que vos”; “tengo más poder que vos”; ” tu voz está grabada en Casación Penal”. Le habría dicho que ella no cuenta con garantías pero que él “siempre” tiene “un ministro de la Corte que es amigo” que lo “salva”.
En la sesión de Acusación del Consejo, Siley señaló que es inédito que la Cámara de Casación en pleno –con la única disidencia de Carlos Mahiques– haya sido la que decidió notificar al organismo la situación de Hornos. Enseguida se abrió una denuncia y se resolvió que tramite en la comisión en cuestión, que es la que puede resolver el impulso de un juicio político. La resistencia de varios consejeros, en especial radicales, del PRO, algunos abogados y jueces es ostensible. Pero la denuncia es difícil de ignorar, aunque aparezca poco en los medios.
Cuando el juez Godoy mandó el expediente a los tribunales de retiro, en su resolución señaló “el aprovechamiento por parte del imputado, de su calidad de Magistrado de la Nación, tanto para posicionarse en una situación de superioridad respecto de ella en el contexto de las amenazas que le habría proferido, como del acceso a las herramientas del estado y la utilización en su favor personal, en tanto habría presuntamente enviado a personal de operaciones de inteligencia a vigilar y amenazar a la denunciante; todo lo cual le habría otorgado un mayor poder vulnerante a sus alocuciones”.
La fiscalía había marcado que las acciones por las que se cuestiona a Hornos “no son exclusivamente de la esfera de la vida privada” “sino que comprometerían su desempeño como funcionario de la Cámara Federal de Casación Penal, por lo que se podría haber visto entorpecido el legítimo ejercicio de sus funciones, afectado el buen funcionamiento de un servicio federal y causado un detrimento en el patrimonio de la Nación”. Las advertencias para que la expareja del juez no lo denuncie ante la OVD habrían incluido el envío de un emisario para advertirle que tendría problemas. Pese a todos estos señalamientos, cuando el expediente llegó al fiscal Guillermo Marijuán, como la víctima no quiso ella misma impulsar la acción penal, decidió pedir el cierre de la causa, algo controvertido a lo que el juez Sebastián Ramos hizo lugar. Solo se podría reabrir con hechos nuevos. La causa civil sí siguió su curso, a cargo de la jueza Paula Marinkovic, quien dispuso medidas de protección para la denunciante quien incluso subrayó ante el Consejo que, de todos modos, vive con temor.
En el Consejo
Cuando comenzó la reunión de Acusación el miércoles, el diputado/consejero Tailhade (UP) reclamó que se notifique a Hornos sobre la existencia del expediente, para cumplir con un artículo del reglamento, el número 11, que le da pie a hacer un descargo. Pero se encontró con una mayoría reacia. Es un trámite que en general se hace en forma expeditiva cuando se abre una investigación. Vischi decía que quería pedir primero los expedientes judiciales con las denuncias contra Hornos. Tailhade dijo que son medidas “dilatorias”. “Pretende no tener el testimonio” de la víctima “que es urgente”.
Siley señaló en varias oportunidades que la ley obliga a “resguardar los derechos de la víctima” y “se debe receptar su petición”. Remarcó que ni siquiera debió haberse visto en la situación de reclamar una segunda vez que la convoquen. “No es una cosa más, tiene una naturaleza jurídica que implica para las autoridades una obligación”, señaló. “Sería ilícito no votar esto. Es muy grave el tema, la víctima manifiesta temor de que le pasen cosas, tiene miedo de correr riesgo físico y psicológico. No se le puede negar”, alertó. También responsabilizó a sus compañeros/as de proteger al poder.
La Ley de Víctimas, por ejemplo, tiene entre sus propósitos “implementar los mecanismos para que todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar delitos y lograr la reparación de los derechos”. Agrega que la actuación debe ser “rápida” y que “ser oídas” es un derechos de las víctimas.
No se votó aún la notificación a Hornos, pero Vischi aceptó la convocatoria a la mujer y en esto lo acompañaron todos/as, de la mano con un pedido de actualización de la información sobre los expedientes contra el camarista que supo ser uno de los visitantes frecuentes de Mauricio Macri durante su gobierno. Cuando llegue toda la documentación se pondrá fecha para el testimonio de la víctima, que será bajo resguardo de su identidad y de su familia. Al momento de la votación estaban el abogado Miguel Piedecasas, la diputada radical Roxana Reyes, el senador Vischi, el diputado de Juntos Alvaro González, Siley, Tailhade y Recalde.
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