El oficialismo se quedó sin tiempo y terminó atrapado en su propio acting. El próximo miércoles, el Senado buscará debatir si convierte en ley el proyecto de Ficha Limpia. La iniciativa, que busca impedir la postulación de Cristina Kirchner, se volvió una paradoja incómoda para el Gobierno: mantener su forzada prédica moralista o evitar favorecer al PRO en plena disputa por el control de la Ciudad de Buenos Aires. En el Congreso, la ley ya obtuvo media sanción con amplio respaldo en Diputados. Sin embargo, en el Senado comenzaron a circular versiones que ponen en duda su sanción definitiva. Aunque desde el oficialismo esgrimen razones técnicas, la lectura política se impone: patear la definición para evitar que el PRO capitalice una victoria legislativa a días de la elección porteña. En medio de las idas y vueltas, los libertarios en la Cámara alta salieron a reafirmar su apoyo a la norma.
El jefe de bloque, Ezequiel Atauche, difundió en las últimas horas un comunicado en el que afirmó: “Este miércoles tenemos la oportunidad histórica de enviar un mensaje fuerte y claro a toda la sociedad: aquellos que se quieran esconder en los fueros para evitar el veredicto de la Justicia no van a tener más impunidad. Por eso ratificamos nuestro compromiso como bloque para aprobar el proyecto de Ficha Limpia que tiene media sanción de Diputados”. El texto intentó disipar las dudas que ellos mismos sembraron.
Es que el lunes, desde la Casa Rosada se filtró que los votos no estaban asegurados y por eso se encomendó al propio Atauche la tarea de recolectar avales firmados de los senadores que acompañarían la votación. “Son ellos los que otra vez buscan aplazar el tratamiento”, confió a este diario un senador dialoguista, sorprendido por la maniobra.
La relación de La Libertad Avanza con Ficha Limpia ha sido, desde el inicio, ambigua. A fin del año pasado, en Diputados, fue el propio oficialismo el que rompió el quórum para evitar su tratamiento. En Balcarce 50 suelen repetir que “Ficha Limpia no es una prioridad” y desconfían de delegar semejante poder a una Justicia que no controlan. Sin embargo, los focus group que llegaron por esos días al “triángulo de hierro” cambiaron las perspectivas. Entonces, el Gobierno decidió presentar su propio proyecto, con cambios cosméticos, al que venía impulsando Silvia Lospennato.
Las dudas sobre si el oficialismo realmente quiere sancionar Ficha Limpia no son nuevas. Ya en la reunión de labor parlamentaria del 22 de abril, dos legisladores que participaron del encuentro revelaron a este diario que “el oficialismo no quiere aprobar la ley” para no fortalecer la candidatura de Silvia Lospennato. Ese día, el pedido del jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, para posponer el tratamiento del proyecto sorprendió tanto a aliados como a opositores, y encendió las alarmas. El PRO contaba con el respaldo confirmado de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia, lo que en teoría allanaba el camino para avanzar con la sanción. Sin embargo, el oficialismo decidió suspender la sesión, escudándose en el duelo por la muerte del papa Francisco. La jugada fue acompañada por el interbloque de Unión por la Patria, único espacio que rechaza abiertamente la iniciativa que podría dejar fuera de competencia a Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional.
Una de las más enojadas con la maniobra libertaria fue Silvia Lospennato, quien salió a responder las versiones que indicaban que el oficialismo buscaba frenar el proyecto para no favorecerla. “¿A quién le importa de quién es un proyecto?”, lanzó, visiblemente molesta. “Lo que importa es que no tengamos corruptos condenados con fueros. Lo que importa es si queremos garantizar la impunidad de Cristina o no. Eso es lo que está en juego”. A pesar de los intentos del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por despejar las dudas durante el fin de semana, las especulaciones persisten. “Yo creo que va a haber sesión y se va a aprobar. Están los votos. Ya no quedan dudas”, aseguró. Sin embargo, la cúpula del triángulo de hierro volvió a desautorizarlo.
En los pasillos del Congreso, una de las hipótesis que más fuerza había cobrado —aunque luego se desinfló— era que el oficialismo intentara aprobar el proyecto con modificaciones que forzaran su regreso a Diputados. Esa opción requería un pedido formal de cambios, algo que en su momento plantearon los diputados misioneros, al reclamar la inclusión de una cláusula sobre delitos digitales. Pero los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut se desmarcaron públicamente y advirtieron que no serán quienes dilaten el trámite legislativo. Salvo que el Gobierno consiga a último momento un nuevo colaboracionista que pida reabrir el texto, esa vía parece hoy clausurada. La otra estrategia posible para evitar la sanción sin asumir el costo político sería más silenciosa: recurrir a las ausencias. El domingo 11 de mayo habrá elecciones en cuatro provincias, lo que podría servir como excusa para que algunos senadores falten a la sesión del miércoles. Una forma prolija de esquivar el costo de frenar el avance del proyecto sin dar explicaciones. Por eso, el Gobierno, a través de Atauche, salió a confirmar asistencia por asistencia. La Casa Rosada no baja instrucciones a la presidenta del senado pero pareciera trabajar para que la sesión se caiga. La moneda está en el aire.
En diálogo con este diario, la senadora Alicia Kirchner cuestionó el uso político de la agenda anticorrupción y dijo: “Durante la semana vamos a ver cuáles son los avances. Puede haber muchos rumores, pero eso se define minutos antes, horas antes de cada sesión. Por lo menos, eso es lo que yo veo en este año y medio. Puede haber contradicciones incluso entre ellos mismos, muchas cosas”, señaló. Y remató: “Al Presidente no le preocupa la corrupción. Lo vimos en vivo y en directo publicitar una estafa con la criptomoneda Libra, sin ponerse colorado”.
¿Todo marcha acorde al plan?
Mientras tanto, en la Cámara Baja, el oficialismo logró frenar la puesta en marcha de la comisión investigadora del escándalo cripto que tiene como protagonista al presidente Javier Milei y su entorno más cercano. El operativo dilatorio, diseñado por el titular del cuerpo, Martín Menem, impidió que se eligieran autoridades y estiró los plazos hasta la próxima sesión prevista para la semana del 19 de mayo. Ese día también se debatirán otros temas sensibles como el financiamiento universitario, la declaración de emergencia en discapacidad y la prórroga de la moratoria previsional.
La oposición buscará aprovechar ese escenario para forzar la votación de la presidencia de la comisión y denunciar la maniobra del oficialismo, que amplió de manera irregular la cantidad de integrantes: pasó de 24 a 28 con el único objetivo de sumar más bancas propias. “Como dijo Massot en la comisión, tendríamos los votos para que la presidencia quede del lado de quienes queremos que la comisión funcione. Veremos qué pasa en el medio”, apuntó una legisladora opositora encargada de la estrategia. El propio Massot estimó que la comisión cuenta con el respaldo de al menos 140 diputados en el recinto, una mayoría suficiente frente a los 120 que podrían reunir libertarios y aliados. La Cámara está partida entre quienes buscan blindar al presidente y quienes exigen investigarlo.
El martes 14 de mayo será otra fecha clave: están citados nuevamente los ministros que se ausentaron en la primera interpelación por el caso $LIBRA. Tanto Mariano Cúneo Libarona (Justicia) como Luis “Toto” Caputo (Economía) habían excusado su inasistencia alegando problemas de agenda. Esta vez, si vuelven a faltar, desde la oposición no descartan avanzar con otras medidas. Ya se baraja una posible denuncia judicial o incluso la presentación de pedidos de juicio político, bajo el argumento de que estarían incumpliendo la obligación constitucional de asistir al Congreso cuando son convocados.
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