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La Justicia le puso un frenoa la intromisión del Gobierno en la UBA | Un fallo rechazó la medida cautelar de la SIGEN para auditarla



Un golpe al gobierno nacional en medio de su pelea con las universidades. La Justicia le dio la razón a la Universidad de Buenos Aires sobre las auditorías y rechazó la medida cautelar presentada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para controlarla. La medida es un revés judicial para Javier Milei en medio del conflicto aún latente por el financiamiento y la recomposición salarial. Si bien el fallo no resuelve la cuestión de fondo, le pone un freno al organismo que depende del Poder Ejecutivo que puso el foco en la UBA tras la pelea por el ajuste en contra de las universidades. Tras conocerse el fallo, Federico Sturzenegger contraatacó y dijo que están preparando dos decretos en los que se les exigirá a las universidades la rendición de sus gastos.

El juez en lo Contencioso Administrativo Federal 3, Santiago Carrillo, desestimó esta semana la medida cautelar presentada por la Sigen que indicaba que impedir el control podía “ocasionar un grave perjuicio al interés público de efectos irreversibles”. Argumentos que el magistrado desterró en su sentencia: “No surge elemento alguno que permita afirmar la existencia de un peligro cierto de que la documentación de respaldo requerida por la SIGEN `se extravíe o se altere´”. Además, detalló todos los informes de auditorías internas que la UBA publicó entre los años 2015 a 2024.

Pero el Gobierno insiste, ahora el ministro de Desregulación anticipó que están trabajando en dos decretos para controlar a las universidades que saldrán en los próximos días. “Vamos a ponerles los esquemas de control de la administración pública, porque no dejan de ser públicas”, amenazó Sturzenegger. Todas las universidades nacionales coinciden en que la institución competente para realizar el control sobre los gastos es la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Poder Legislativo, y no la SIGEN que depende del Ejecutivo. “Esta semana estarán los decretos donde les exigimos a las universidades la transparencia en sus gastos y en el pago de sus sueldos, será inminente”, agregó Sturzenegger en una entrevista radial desconociendo que las casas de altos estudios son controladas por los organismos competentes. 

Sobre ese punto, el juez Carillo sostuvo que “son el Poder Legislativo y el Judicial quienes han adquirido el rol de controlantes de los actos y normas de las universidades nacionales”. “Adquirieron en la reforma constitucional de 1994 un status jurídico especial”, describió el magistrado y agregó que “la Ley de Educación Superior 24.521 contiene normas tendientes a otorgar mayor independencia a las universidades nacionales y a restringir las posibilidades de injerencia del Poder Ejecutivo Nacional en su ámbito institucional”.

Si bien el fallo suspende la auditoría, pospone el tratamiento ante el planteo sobre la posible incompetencia de la SIGEN para auditar a la UBA, una cuestión que se resolverá en la sentencia definitiva. Desde el organismo sostuvieron que “esto no significa un rechazo” y que “ni la SIGEN ni la UBA obtuvieron las medidas cautelares que solicitaron”. “La sentencia sorprende con los argumentos que esgrime como fundamento. Es muy llamativo observar cómo saca de contexto lo manifestado por la Directora Nacional de Presupuesto e Información Universitaria del ex Ministerio de Educación con relación a la situación de los fondos transferidos a la UBA en el período 2015-2021”, se quejaron en un comunicado.

Tal como indica la ley, el mes pasado la comisión Bicameral Revisora de Cuentas, que preside el diputado Miguel Angel Pichetto, acordó un plan de trabajo para que la AGN audite a doce universidades, entre ellas cuatro facultades de la UBA. En una reunión, en la que estuvo el titular del organismo, Juan Manuel Olmos, se empezó a delinear el plan de trabajo que comenzará el 1 de febrero y terminará el 31 de agosto. El plan de trabajo, que todavía está en proceso, incluye a cuatro facultades de la UBA: Medicina, Derecho, Económicas y Psicología.

El origen de este entramado judicial está en un dictamen del procurador de la Nación, Rodolfo Barra, que en octubre determinó que la SIGEN retome las auditorías, una tarea que desde 2022 había quedado a cargo exclusivamente de la AGN. En aquel momento, el exprocurador Carlos Zannini había limitado esa atribución de la SIGEN al considerar que “no resultan aplicables a las universidades nacionales las previsiones en materia de control interno” por valorar su autonomía.

Ese fue el primer golpe contra las universidades que, como paso siguiente, tuvo una embestida directa contra la UBA cuando a fines de octubre, funcionarios de la Sigen se presentaron en el edificio para iniciar las auditorías. Ante eso, desde la casa de altos estudios recurrieron a la justicia y pidieron una declarativa de certeza que indique si es correcto que el organismo dependiente del Ejecutivo sea el encargado de los controles. En ese momento, indicaron que no tenían inconvenientes en ser auditados si la Justicia lo definía de esa manera, pero que no iban a dejarse avasallar por un “capricho” de Milei.

Esos episodios se dieron en uno de los puntos más álgidos del conflicto, cuando el presidente libertario no perdía oportunidad para calificar a las autoridades educativas como “chorros” y “delincuentes”. “Los vamos a auditar. Los chorros no van a tener paz en la Argentina porque el que las hace las paga”, bramó Milei en una entrevista radial. “Voy a ir a buscar los chorros hasta el último rincón de la Argentina y los voy a meter presos. Se acabó el curro en la Argentina; se acabaron las castas”, amenazó en otras de sus declaraciones violentas.

Por ahora, después de dos marchas masivas y cientos de tomas en todo el país, el conflicto por el presupuesto y el salario de trabajadores docentes y no docentes está en una meseta, pero todo indica que resurgirá el próximo año porque el Gobierno de LLA ya anticipó que no dará un peso más a las universidades, que alertaron que con las partidas que tienen ahora (que son las de 2023) no podrán funcionar. 

Mientras tanto, este fallo de la justicia golpea a un gobierno intransigente en su afán de pasar la motosierra también en la educación superior.



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