La Justicia Nacional en lo Civil, Comercial y Federal de San Martín suspendió este martes la intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMa) y otorgó una medida cautelar por 6 meses para el normal desarrollo de las clases.
La jueza Martina Isabel Forns ordenó también en la medida cautelar -solicitada por las Madres de Plaza de Mayo y un conjunto de trabajadores y estudiantes-, “enviar fondos a la UNMa, reconocer su Consejo Superior y demás órganos universitarios y cesar toda hostilidad policial”.
Esta resolución judicial implica el “pleno reconocimiento a la autonomía universitaria alcanzada por nuestra Universidad, que desde el mes de marzo resolvió que la rectora sea Cristina Caamaño y no el interventor que meses después designó el gobierno de Milei”, destaca el comunicado, que exige el inmediato cumplimiento de la cautelar, así como el cese de la intromisión del gobierno nacional.
“Plena autonomía como garantiza la Ley de Educación Superior, respeto a la institucionalidad construida, y debido financiamiento, son banderas irrenunciables que las Madres levantaremos más alto que nunca el próximo 6 de abril, cuando nuestro proyecto educativo cumpla sus primeros 25 años de lucha. ¡Ni un paso atrás!“, concluye el documento.
La noticia fue recibida con mucha emoción por la comunidad educativa de la UNMa, que desde la asunción de Javier Milei ha sufrido varios embates, entre ellos el ahogo presupuestario, la intervención en julio del Ministerio de Capital Humano, que puso frente a la sede a Eduardo Maurizzio, y el bloqueo policial de la sede el 2 de septiembre.
La institución también sufrió el pasado 1 de noviembre un ataque por parte de personas “no identificadas” que ingresaron al edificio y se llevaron documentación digital y en papel, además de generar rotura de muebles y computadoras. Días después, la universidad también había denunciado el ingreso de docentes desconocidos enviados por el diputado nacional de La Libertad Avanza Bertie Benegas Lynch.
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