El reciente fallo de la Corte Suprema en la causa “Vialidad”, confirmando la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner, obliga a un profundo debate sobre sus implicancias para la democracia y el Estado Constitucional de Derecho en Argentina.
Desde la Revolución Francesa, los derechos políticos, especialmente el derecho a elegir y ser elegido, se consagraron como universales e inherentes a la condición de ciudadano. En Argentina, estos derechos fueron conquistados a través de luchas históricas, como la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912 y el voto femenino en 1947. Cada uno de estos hitos consolidó la idea de que la soberanía reside en el pueblo y que ningún poder del Estado puede restringir arbitrariamente su expresión.
La confirmación de la condena y la inhabilitación perpetua en la causa “Vialidad” inaugura una peligrosa categoría de ciudadanos sin derechos políticos. Esta sentencia, disfrazada de decisión judicial, ignora que en una república democrática, la legitimidad del poder emana del voto popular. Suprimir ese derecho mediante decisiones judiciales de contenido político socava los pilares del sistema democrático.
Ejemplos históricos nos muestran cómo la erosión de los derechos políticos puede tener consecuencias devastadoras. En la Alemania de la década de 1930, las leyes de Núremberg privaron a los judíos de sus derechos civiles y políticos, lo que fue un paso crucial hacia la consolidación del régimen nazi. En Sudáfrica, el apartheid institucionalizó la discriminación racial, negando derechos políticos a la mayoría negra y perpetuando un sistema de opresión y desigualdad. Estos ejemplos subrayan la importancia de proteger los derechos políticos como un baluarte contra la tiranía y la injusticia.
Las estadísticas mundiales actuales reflejan una preocupante tendencia hacia la disminución de la libertad política. Según el informe “Libertad en el Mundo 2025” de Freedom House, 2024 fue el decimonoveno año consecutivo de disminución de la libertad a nivel mundial. Basado en una clasificación de puntuación agregada de derechos políticos y libertades civiles, el informe concluye que solo 88 de los 210 países evaluados pueden ser considerados libres, mientras que 55 serían libres solo parcialmente y 67 no pueden considerarse libres de ninguna manera. Incorporar a la Argentina en el club de los países con ciudadanos sin derechos políticos sería quizás la mayor regresión de libertades desde la recuperación democrática en 1983, paradójicamente durante la gestión autoproclamada “libertaria”.
La inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos no solo representa una regresión institucional y una amenaza a la democracia, sino que también constituye una violación de derechos consagrados en tratados internacionales de derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, establece en su artículo 25 que “todo ciudadano tendrá el derecho y la oportunidad, sin ninguna distinción mencionada en el artículo 2 y sin restricciones indebidas, de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos”. La inhabilitación perpetua priva a los ciudadanos de este derecho fundamental, socavando los principios democráticos que el PIDCP busca proteger.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), adoptada en 1969 y también conocida como el Pacto de San José, establece en su artículo 23 que “todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores”. La inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos viola estos derechos, impidiendo que los ciudadanos ejerzan plenamente su participación política.
La aplicación de sanciones políticas disfrazadas de decisiones judiciales no solo afecta a individuos específicos, sino que también erosiona el sistema judicial y político. Es esencial que las decisiones judiciales respeten los derechos consagrados en tratados internacionales y la Constitución Nacional, garantizando así una democracia robusta y respetuosa de los derechos humanos.
Esta nueva categoría de ciudadanos privados de derechos políticos, inaugurada nada menos que con la líder del movimiento político más populoso del país, no solo es una afrenta a los derechos individuales, sino que también amenaza la esencia misma de nuestra democracia.
* Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires
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