La marcha del 24 de Marzo fue masiva, tranquila y familiar. Es un nuevo avance en la unidad del campo nacional y popular. Los jóvenes irrumpieron como los grandes protagonistas en las plazas y las calles de todo el país desmintiendo cierta idea de que sólo integran la base electoral y política de La Libertad Avanza. No es un dato menor: la masividad juvenil demuestra, entre otras cosas, que hay una memoria histórica con capacidad de transmitirse a través de las generaciones. Como sucede desde su fundación, el Partido Solidario estuvo en las calles para repudiar el golpe de Estado de 1976 y ratificar su compromiso con la democracia.
Mientras la Argentina es escenario de movilizaciones multitudinarias, el gobierno intenta instalar un despropósito institucional: la idea de que la legitimidad reside en el Poder Ejecutivo y los demás poderes sólo están para acompañar. En esa concepción, si el Poder Legislativo no acompaña, es golpista. Si el Poder Judicial no aprueba, conspira.
Para La Libertad Avanza, el Parlamento, en el mejor de los casos, está de más. Es la casta. Sin embargo, el Parlamento es el ámbito más democrático del poder estatal, donde están expresados distintos pensamientos, visiones, ideas, sectores y territorios. Contiene una representación absolutamente plural, diversa y multisectorial. Negarlo es no reconocer la esencia del funcionamiento de una democracia.
Un claro ejemplo de invasión del Ejecutivo sobre el Judicial apareció en estos días en las declaraciones del Presidente: “Cristina está nerviosa, Casación le revocó el recurso y sabe que va a ir presa”. No dijo “debería ir presa”, que podría ser una expresión de deseo, aunque igualmente inaceptable. Lo que dijo es: “sabe que va a ir presa”. Nuevamente el Ejecutivo pasando por encima de otro poder del Estado. O Milei tiene la información de lo que pasaría o está haciendo todo lo posible para que ello ocurra.
El Gobierno insiste en que estamos en el mejor de los mundos. Sin embargo, la mayoría de los datos económicos y sociales indican lo contrario. Según la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Argentina fue el país en el que más cayó la producción industrial en el mundo. En una muestra de 79 naciones, el descenso de este indicador fue de 9,4 por ciento durante el año pasado con respecto al periodo anterior.
¿Qué es lo que produce este retroceso industrial? El informe enumera: la caída de la demanda interna, el descenso del salario real y la reducción de actividades como la construcción, entre otras variables. A ello hay que sumarle la desarticulación de las políticas de promoción industrial. En paralelo, la actual administración promueve la apertura de la importación de productos textiles y calzado. Ello afecta la producción nacional y, consecuentemente, el empleo, como sucede con otras producciones nacionales como la yerba mate, importando la materia prima desde Brasil y Paraguay, entre otros ejemplos.
La actual gestión apuesta fuerte al nuevo préstamo que está gestionando con el FMI y a la ilusión de que ello estimulará el ingreso de inversiones externas. Pero durante 2024 la Argentina no tuvo suba de la inversión: en realidad, tuvo caída. Es un fenómeno que se repite históricamente: estos modelos que supuestamente alientan el ingreso de divisas producen el resultado contrario.
La administración libertaria también ha puesto en funcionamiento el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un componente de la Ley Bases implementado con el objetivo de atraer grandes capitales. Se trata de un instrumento de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para estimular las inversiones en minería, litio y petróleo, entre otros rubros. Pero el RIGI no pone ningún límite a la salida de divisas: así como entran y producen ganancias también se irán del país.
Los anuncios alrededor de los avances de la negociación con el Fondo buscan calmar el drenaje diario de dólares. Por eso, son anuncios apresurados e imprecisos. En ese marco, se destacan las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien adelantó que el acuerdo con el FMI que se está negociando es de U$S 20.000 millones.
En paralelo, Julie Kozack, la portavoz del FMI, respondiendo a un periodista sostuvo: “y en cuanto a su pregunta sobre un desembolso único versus un desembolso escalonado, como en todos nuestros programas, los desembolsos se realizarán en tramos a lo largo de la vigencia del programa, pero el escalonamiento exacto y el tamaño de cada tramo también forman parte, por supuesto, de las conversaciones”. Traducido: los desembolsos se producirían a lo largo de cuatro años, que es el periodo de vigencia del programa y en el que vencen aproximadamente U$S 14 mil millones del crédito que se refinanció en 2022. Por lo cual, una parte significativa de los nuevos préstamos del FMI serían para refinanciar vencimientos que la Argentina ya tiene con la entidad crediticia.
Puede ser que parte de los recursos negociados con el organismo internacional le alcancen al gobierno para ganar tiempo y llegar a las elecciones sin tener una crisis cambiaria. Lo que seguro no van a resolver es el problema de los argentinos y las argentinas. El acuerdo es, en sí mismo, malo porque aumenta la deuda. Si nos estuviéramos endeudando para ampliar la capacidad productiva del país sería distinto. Pero, en este caso, los créditos son para resolver problemas financieros y el resultado es que agrandan la deuda y le suman nuevos intereses y nuevas condicionalidades.
Estamos ante un gobierno que embiste con mayor fiereza mientras más dificultades encuentra. Así como la memoria de las épocas del terror se transmite de generación en generación, también esta época aciaga quedará fijada en la memoria colectiva. No hay mucho más tiempo: la unidad de los distintos sectores políticos, sociales, sindicales y culturales que se oponen al actual modelo ha dejado de ser una posibilidad más para ser una necesidad y una obligación.
*Diputado nacional de Unión por la Patria y presidente del Partido Solidario
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