El diputado Leopoldo Moreau denunció que la operación mediática del Gobierno para instalar que el kirchnerismo en 2016 tejió en la AFIP una red para proteger a 50 empresas vinculadas a dirigentes y empresarios peronistas fue un intento de “eximir de responsabilidades penales” a funcionarios del macrismo, que en rigor fueron los que pusieron en marcha esa operatoria ilegítima.
“Este relato falaz tiene como objeto eximir de sus responsabilidades penales a exfuncionarios de la AFIP que fueron acusados por ingresar decenas de miles de veces al secreto fiscal de infinidad de contribuyentes a quienes consideraban enemigos políticos del gobierno de turno y de los intereses que lo sostenían”, condenó.
El diputado se hizo eco de una denuncia que había reflejado Página/12 en 2020 y que en las últimas horas fue nuevamente sacada a la luz por la prensa oficialista, aunque tergiversada: se publicó que hubo una red de protección del kirchnerismo cuando en realidad se trató de un dispositivo de “hostigamiento fiscal” que el gobierno de Mauricio Macri había armado en 2016 contra Cristina Kirchner, sus hijos y numerosos contribuyentes supuestamente vinculados al peronismo.
Detrás de esa información estuvo el gobierno de Javier Milei, que intentó desprestigiar al kirchnerismo confundiendo deliberadamente la historia real. A tal punto que le atribuyó a ese sector del peronismo esa maniobra sin tener en cuenta que en 2016 no tenía poder en el órgano recaudador porque, precisamente, ya estaba en manos del gobierno de Juntos por el Cambio/Cambiemos integrado por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.
Moreau apuntó contra Clarín y los medios que replicaron sin ningún tipo de consideración la versión que surgió de la Casa Rosada. Al respecto dijo que “ha sido una práctica común del buen periodismo, para evitar ser víctima de lo que se denomina `comprar pescado podrido’, salvo que se tenga la intención de venderlo a sabiendas de que se trata de una gran mentira, chequear la veracidad de la información con distintas fuentes, y si no acudir a los archivos de tu propio diario o de otros medios (hoy una tarea sumamente sencilla a través del uso de Internet) para no caer en la trampa. Es precisamente lo que no ha hecho Clarín”.
Tal como lo informó Página/12, en la operación del oficialismo se menciona una supuesta protección sobre empresas de Lázaro Báez, los hermanos Ciccone, los hoteles de la familia Kirchner en las sociedades Hotesur y Los Sauces; también Oil Combustibles, Electroingeniería y hasta Alejandro Vandenbroele que declaró contra el ex vicepresidente Amado Boudou.
Sin embargo, en 2020, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont se realizaron dos auditorías respecto de la actuación de la AFIP durante el macrismo, y allí se reveló la maniobra.
Sobre la base de esos datos comprobados, el diputado Moreau remarcó que lo que ocurrió es “exactamente lo contrario” a lo que se pretende instalar. “Es una red de persecución. Tan evidente es el engaño que en el propio desarrollo de la nota se afirma que este mecanismo se inició en mayo del 2016, durante la gestión de Alberto Abad al frente del organismo y del Ingeniero Macri como presidente de la Nación”.
“Es más –prosiguió el legislador nacional-, si el editor de esta nota (publicada en Clarín) se hubiera tomado el trabajo de rastrear la veracidad de la información, en apenas unos segundos se hubiera encontrado con la denuncia de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que a mediados de diciembre del año 2020 ya había advertido en los Tribunales que ella y sus hijos habían sido durante muchos años objeto de hostigamiento fiscal, precisamente, como víctimas de esta red de persecución”, explicó.
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