El grueso del arco opositor en la Cámara de Diputados acordó ayer un dictamen de mayoría para modificar la Ley 26.122 que regula el tratamiento del Congreso sobre los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo. Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre (el sector escindido de la UCR) reunieron 36 firmas en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para límites a los DNU. Aspiran a llevarlo al recinto lo más rápido posible para darle media sanción y que el Senado lo transforme en ley antes que termine el año parlamentario. El dictamen de apenas tres artículos –“minimalista” como lo definieron los impulsores– establece que los DNU perderán vigencia si no son aprobados por ambas Cámaras del Congreso en un plazo de 90 días y que el rechazo de una de ellas significará su derogación. Karina Banfi del bloque oficial de la UCR presentó un dictamen en soledad; la Coalición Cívica hizo lo propio; mientras el oficialismo tiene el suyo por el rechazo, con el respaldo del PRO y los “radicales con peluca”. Javier Milei ya adelantó que también vetará la ley si el Congreso la aprueba.
Los sucesivos DNUs de Javier Milei, a partir del 70/23 con más de 300 artículos que modificaron centenares de leyes y reglamentaciones sin que existiera necesidad y urgencia ni las limitaciones que expresa la Constitución, sumado a los vetos presidenciales a las leyes de Movilidad jubilatoria y Financiamiento universitario, desataron alarmas por el escaso apego del Gobierno a la división de poderes y terminaron de unir a gran parte de la oposición parlamentaria, a pesar de las resistencia de libertarios y de sus aliados más fieles.
Incluso fue necesario emplazar al oficialismo en el Cámara baja, en su última sesión, para debatir el tema con un cronograma preciso que establecía un plazo para que el miércoles 30 de octubre (ayer) se emitiera dictamen sobre diversos y múltiples proyectos para modificar la Ley 26.122. Mientras que el oficialismo, por el contrario, buscaba extender los plazos con la idea que no se tratara durante este período parlamentario. El último acto de resistencia libertaria, la encabezó el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, el oficialista Nicolás Mayoraz, que rechazó el pedido del lilito Juan Manuel López para que adelantara el horario de la convocatoria en virtud de la cantidad de invitados que aun restaba que expusieran ante el plenario.
Dictamen
El primero de los tres artículos del dictamen “minimalista” modifica el artículo 17 de la ley, indica que los decretos “tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 5º del Código Civil y Comercial” y que “perderán vigencia si no fueran aprobados mediante resolución de ambas Cámaras del Congreso en un plazo de noventa (90) días corridos contados desde su publicación”.
El segundo sostiene que cuando los decretos “sean dictados durante el periodo de receso parlamentario las Cámaras podrán abocarse a su expreso e inmediato tratamiento conforme al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”. Mientras que el tercero aclara que “el rechazo por alguna de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. Rechazado un decreto, el Poder Ejecutivo no podrá dictar uno análogo en el mismo período parlamentario.”
Sus impulsores destacaron el acuerdo en el final del plenario. La diputada massista Mónica Litza (UP) celebró haber llegado a un dictamen de mayoría, lo catalogó como “un logro muy importante” .”Posiblemente el dictamen que presentamos hoy no sea el mejor, el perfecto”, reconoció Litza y agregó: “lo que proponemos que ante el silencio de ambas cámaras, se deroga el DNU. Hasta ahora, se interpretaba de forma positiva. Ahora lo interpretamos de forma negativa”.
“Preferiría una reforma mucho más integral, pero en función de conseguir los consensos que se necesitan para sacar esto rápidamente vamos a ir con aquellos acuerdos mínimos que significan poner un plazo”, agregó Margarita Stolbizer (EF), que firmó el dictamen de mayoría en disidencia porque no comparte que el rechazo se alcance con solo una de las Cámaras.
Fernando Carbajal (DpS), se diferenció de sus ex compañeros de bancada, al afirmar que su bloque seguirá la postura histórica del radicalismo en contra de la redacción de actual ley, que “aprovecharán esta coyuntura política para sumar calidad institucional” y porque el Gobierno debe “tomarse en serio al Congreso nacional”.
Pero no fue el único dictamen. La radical Banfi con la firma de otro correligionario del bloque oficial, presentó el propio donde prevé –igual que el dictamen de mayoría– que “el rechazo por una de las Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación”. Aunque agrega que “las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes”.
Sin embargo, el resto del bloque que conduce Rodrigo de Loredo no se pronunció ni acompañó ningún dictamen aunque se descarta que los cinco que ayudaron a blindar los vetos de Milei apoyaran al oficialismo. El diputado libertario correntino Lisandro Almirón se encargó de fundamentarlo: trató de “hipócritas” a los opositores, sostuvo que el proyecto va “en contra de gobernabilidad del país” y afirmó que los vetos del Gobierno se deben a los “caprichos de un sector del Poder Legislativo”. Argumentos que acompañarán los diputados macristas, a pesar que muchos de ellos habían presentado proyectos en contra de la Ley 26.122 durante los gobierno peronistas y “se desgañitaban desde las bancas” –-como lo describió el diputado socialista santafesino Esteba Paulón (EF)— sobre el epílogo del plenario.
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