Diputados se prepara para reactivar el criptoescándalo en el Congreso. El caso LIBRA polarizó al extremo el escenario legislativo y reordenó a las fuerzas políticas en dos grandes bloques: quienes exigen investigar al Presidente y quienes buscan blindarlo. Este miércoles, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona deberían presentarse para rendir cuentas tras haberse ausentado hace dos semanas, pero en la oposición ya descuentan que no lo harán. El vendaval político que provocó el naufragio de Ficha Limpia en el Senado encendió las alarmas en la Cámara baja, que activó una estrategia para ganar tiempo. La decisión de postergar por una semana la designación de autoridades de la comisión investigadora responde a una lectura táctica compartida por varios bloques: dejar pasar la tormenta institucional y evitar que el tema dinamite los puentes construidos.
La interpelación a Guillermo Francos dejó una certeza: se puede comprometer al Presidente con muy poco. El jefe de Gabinete, habituado a apagar incendios, terminó enredando a Milei al admitir que el contrato del token LIBRA era público y que por eso el mandatario lo difundió. No supo explicar, sin embargo, de dónde había sacado esa información. Su declaración preocupó al oficialismo. Desde entonces, la disyuntiva para los funcionarios libertarios es clara: arriesgarse a exponer al Presidente o pagar el costo institucional de incumplir el artículo 71 de la Constitución.
En los pasillos del Congreso ya dan por hecho que los ministros no se presentarán. “Creemos que no van a ir”, desliza un diputado al tanto de las conversaciones internas a Página12. En el grupo de WhatsApp que comparten los secretarios parlamentarios encargados de la estrategia opositora, la hipótesis más extendida es que, si alguno aparece, será Cúneo Libarona con una intervención lavada para cumplir el trámite. Sobre Caputo no hay dudas: no irá. “Es más probable que prefieran pagar el costo político de la ausencia a exponerse a una interpelación”, advierten. El viernes, los legisladores enviaron una nota a Martín Menem para confirmar si los ministros asistirán. La respuesta fue negativa: no hubo contestación formal y el compromiso asumido por Menem —asentado en la versión taquigráfica— quedó en el aire. Desde Unión por la Patria insisten en que, aunque la idea es “tratar de arbitrar por los medios políticos”, el incumplimiento de los deberes de funcionario público configura una causal de juicio político y podría derivar también en presentaciones penales.
La confirmación de los funcionarios es clave para organizar la logística parlamentaria. Muchos diputados dudan en viajar a Buenos Aires sin una respuesta oficial y presionan para que llegue antes del miércoles. Para los bloques que impulsaron la citación, la sesión no requiere quórum —la Constitución no lo exige de forma explícita y hay antecedentes que refuerzan esa interpretación—. El más citado es el del 11 de mayo de 2023, cuando Agustín Rossi se presentó como jefe de Gabinete en el Senado con muy pocos legisladores en el recinto. Ante el reclamo de Martín Lousteau, Cristina Fernández de Kirchner zanjó el debate desde la presidencia del cuerpo: “Senador, ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para el día de hoy” reprochó. Aun así, en Diputados no quieren exponerse a que el oficialismo cuestione la convocatoria. “No queremos que la Casa Rosada diga que hubo falta de interés”, explican. Por eso, más allá de las interpretaciones jurídicas, la asistencia cobra valor político.
La comisión investigadora
Ante la imposibilidad de consensuar autoridades en su primera reunión, la comisión investigadora del caso LIBRA postergó su definición. Los diputados Nicolás Massot y Fernando Carbajal anunciaron que la presidencia se votará recién en la próxima sesión, prevista para el 21 de mayo. Massot aseguró que la oposición cuenta con al menos 140 votos firmes, frente a poco más de 120 del panoficialismo. “Podríamos haber convocado la sesión para el 15, y eso nos aseguraría mejor quórum y todo. Pero no lo hacemos sencillamente porque está todo muy sucio con Ficha Limpia y la elección en CABA”, explicó un diputado clave en la estrategia. La decisión forma parte de una maniobra calibrada: descomprimir tensiones, esquivar el impacto del naufragio legislativo y evitar que ese ruido contamine la agenda parlamentaria. El objetivo es blindar los consensos que venían gestándose entre el peronismo, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, la izquierda y los radicales de Democracia Para Siempre y evitar que la idea del kirchnerismo como “mancha venenosa” se reinstale en el recinto.
La disputa por la presidencia de la comisión se dará en una sesión caliente, en la que los bloques opositores también buscarán avanzar con otros temas que amenazan el excel del Gobierno. Además de la emergencia en discapacidad, la moratoria previsional y los fondos para las universidades. El temario, que podría desdoblarse en dos sesiones, confirma que la transversalidad construida no es una casualidad ni una coyuntura. “La semana pasada tuvimos tres reuniones en la oficina del bloque. Intercambiamos, ajustamos cosas. Hay una lógica: ustedes van con la de máxima, pero si se cae, agarran la de mínima. Porque si no, los jubilados se quedan en la lona”, resume un diputado el tono de las conversaciones entre bloques. “Hay articulación”, sintetizan desde el peronismo.
“No veo un pacto”
Desde que Diputados aprobó la interpelación de funcionarios pero excluyó a Karina Milei, un fantasma sobrevuela la Cámara baja: la sospecha de un pacto implícito en el que se habría acordado blindar a la secretaria general de la Presidencia a cambio de preservar a Cristina Fernández de Kirchner. El rumor se potenció cuando el oficialismo suspendió de forma abrupta la sesión del Senado convocada para debatir la ley de Ficha Limpia, y volvió a cobrar fuerza la semana pasada, cuando el proyecto finalmente perdió estado parlamentario. Sin embargo, quienes siguen de cerca los movimientos en el palacio legislativo relativizan esa versión. “Vi que sí hubo gestiones para bajar a Adorni por parte del kirchnerismo en las interpelaciones. Pero no vi que hicieran lo mismo con Karina”, se sincera un diputado. “También se escucha que Karina es la hermana del Presidente y, más allá de lo que digan de su rol como supuesta ‘cajera’, su presencia desestabiliza mucho.” La tesis que circula entre muchos legisladores es que citar a la hermana del presidente sería atentar contra la gobernabilidad. “No veo que el kirchnerismo esté bloqueando nada”, resume otra espada parlamentaria. Este diario consultó a referentes de Unión por la Patria qué alternativas barajaban para disipar los rumores. La respuesta fue escueta: “No hay una conversación interna por el tema”. El dato revela que la hipótesis del pacto no inquieta a la primera minoría en Diputados.
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