“Lamentablemente tenemos que venir hasta acá porque en nuestro país están avanzando en la pérdida sistemática de derechos sociales que hacen a la vida y a la dignidad humana”, dijo Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en la audiencia en Washington ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que los convocó para escuchar su denuncia sobre el desmantelamiento de las políticas sociales y alimentarias en Argentina. El referente también advirtió que el gobierno de Javier Milei reprime la protesta social, lo cual intentó ser desmentido por el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños, sentado enfrente en representación del Estado argentino. No estuvo presente ningún representante del ministerio de Capital Humano. “Pedimos que la CIDH visite nuestro país y que exhorte al gobierno a cumplir los fallos judiciales, porque sus decisiones representan un plan de miseria planificada y de exterminio social que genera una gran crisis humanitaria; mientras el narcotráfico avanza crecen los suicidios”, expresó Gramajo.
El secretario general de la UTEP explicó que a partir de 2001 se profundizó la economía informal, “los poetas sociales, como los llama el Papa Francisco” –dijo–, que se inventan el trabajo para subsistir juntando cartón, vendiendo en espacios públicos, en la industria textil o en la agricultura familiar. Recordó la sanción de las leyes de emergencia social, que creó el salario social complementario, conocido como plan Potenciar Trabajo, y de urbanización de barrios humildes, que les otorgó a agua potable, cloacas y conexión eléctrica segura. “El Gobierno congeló ese salario en 78.000 pesos, en un país donde la canasta básica supera el millón, desfinanció las obras en los barrios, quitó la gratuidad del monotributo social que permitía que los trabajadores de la economía popular pudieran tener aportes jubilatorios, y en un país donde más de un millón de niños se van a dormir sin comer desfinanció los comedores comunitarios”, describió el dirigente.
A su turno, la referenta de la UTEP Natalia Zarza, mencionó que en los espacios sociocomunitarios “alimentan con amor a los pibes”, pero también “son una herramienta de contención contra el avance del consumo de drogas y de protección para mujeres víctimas de violencia”. Alertó que la mayoría de esos lugares tuvieron que cerrar. “Cuando el Estado de retira de los barrios avanza el narcotráfico que le roba el proyecto de vida a los pibes”, expresó. Zarza recordó que desde diciembre no reciben recursos y que tampoco son escuchados sus reclamos por el ministerio que conduce Sandra Pettovello. “Han armado una campaña de estigmatización en contra nuestra, diciendo que somos fantasmas, que no existimos, pero existimos y no somos intermediarios sino la respuesta al hambre en nuestros barrios”, agregó.
En tanto, el abogado de la UTEP Nicolás Rechanik recordó que el 5 de febrero denunciaron a la ministra Pettovello por incumplimiento de deberes de funcionaria pública y abuso de autoridad, y presentaron un amparo junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) para que se garantizara la comida en los comedores populares. El letrado mencionó que en el marco de la acción penal, se descubrió que en dos galpones del Estado había 6 mil toneladas de alimentos comprados por el gobierno anterior y que el actual se negaba a repartir. En el mismo sentido, se pronunció el abogado del Cels, Diego Morales. “En el primer semestre de 2024 la pobreza aumentó un 11 %, el presupuesto para asistencia alimentaria cayó un 29 % y los recursos destinados a comedores y merenderos se redujeron en un 85 %, el costo de los medicamentos aumentó un 188%, la regla del estado es conseguir superávit fiscal a costa de los derechos sociales de vastos sectores de la población”, describió Morales.
“Bajó la pobreza”
Luego la presidenta de la CIDH, la abogada barbadense Roberta Clarke, dio la palabra al ministro Baños, quien leyó un documento elaborado por el ministerio de Capital Humano. Pero lo hizo a tal velocidad que el traductor simultáneo no podía seguirlo. Le pidieron que fuera más despacio pero el funcionario no hizo caso. “Excede el sentido de esta audiencia el discurso político de Gramajo pero lo agradezco porque demuestra la verdadera razón de traer a esta Comisión al estado argentino”, arrancó Baños, tras lo cual dijo que se centraría en los aspectos técnicos y que las preguntas que le hicieran las respondería por escrito. “Este gobierno sustituyó el modelo de la dependencia de las prestaciones del Estado por un sistema de inversión social directa”, dijo el ministro. Tras describir la “economía devastada” que recibieron, dijo que el primer objetivo fue “bajar la inflación para propiciar una recuperación económica que hoy ya empieza a mostrar sus efectos, incluso respecto de los altos índices de pobreza que desde el segundo semestre de 2024 han comenzado a bajar, y continúan en esa tendencia”.
Para el secretario de Derechos Humanos, “los trabajadores de la economía popular se encontraban bajo los efectos negativos del clientelismo político”, por lo cual el gobierno resolvió eliminarlos como intermediarios de la asistencia social. Luego describió las “bondades” de la reforma laboral. Respecto de la población vulnerable, el funcionario aseguró que incrementaron “un 145 % el valor per capita de las prestaciones alimentarias de esos comedores comunitarios, mejorando su calidad nutricional”. Baños dijo que entregaron 5 millones de alimentos a todas las provincias, e insistió en la denuncia contra aquellos responsables de comedores inexistentes. “Lo único que resta por distribuir es yerba mate adquirida por la anterior gestión, pero hay que determinar si es apta para consumo humano”, dijo sobre las denuncias de los peticionantes.
A la hora de las preguntas, el comisionado Edgar Ralón destacó que no hay un canal de diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Estado para estas temáticas, y preguntó si a nivel institucional existe una instancia que lo propicie. También quiso saber qué acciones afirmativas tiene Argentina, en medio del cambio de modelo que describió Baños, para atender a las demandas de los peticionarios, como así también cuáles son los criterios de prioridades en la asignación de recursos.
En el uso de la palabra, el relator de Argentina, comisionado José Luis Caballero, resaltó que está en juego la falta de protección de lo que contiene el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), como derechos económicos y sociales, y la posible caída hacia la discriminación estructural. “Los estados no pueden quitar políticas, eliminarlas cuando ya habían sido implementadas”, destacó.
Por su parte, el relator especial Javier Palummo, reconoció el compromiso histórico que tuvo Argentina con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). “Tiene uno de los sistemas de protección social que han sido tomados como modelo en la región, con leyes de avanzada y servicios de calidad; pero en los últimos meses hemos recibido múltiples informaciones sobre retrocesos en estas políticas públicas históricas”, dijo el miembro de la relatoría especial sobre DESCA. “Argentina tiene el deber de garantizar en forma progresiva los DESCA, lo cual implica disponer el máximo de los recursos disponibles, la implementación de las políticas económicas y fiscales con un enfoque de derechos humanos fortalecen la democracia”, agregó. Por eso, Palummo preguntó qué medidas se están implementando en tal sentido.
El relator especial consultó sobre la baja de la pobreza mencionada por Baños, pidió datos o que aclare si se basa en una expectativa o un pronóstico. La presidenta Clarke se sumó a esa pregunta, y se mostró preocupada respecto de la eliminación de protección a las familias y el cumplimiento de las necesidades básicas para los niños, en un contexto de medidas de austeridad por parte del gobierno. La letrada barbadense también quiso saber en qué consiste la persecución mencionada por la UTEP.
Hambre, suicidios y represión
Gramajo describió que el gobierno libertario construyó una campaña de estigmatización de las organizaciones populares, tal como hizo con las universidades y ahora con las empresas estatales. “Ahora la asistencia es repartida por sectores evangélicos que nos tuvieron que venir a buscar a nosotros porque desconocen el territorio; cuando no alcanza la comida en los comedores la gente se pelea a puñaladas, cuando una familia no puede pagar el alquiler se endeuda con los narcos, alertamos sobre los suicidios tanto por recaídas en el consumo de sustancia como por angustia por no poder pagar las cuentas”, resumió el referente de la UTEP. “En Argentina el derecho a la protesta está siendo vulnerado por este gobierno, todos los miércoles reprimen a los jubilados, invierten en la represión en lugar de comprar comida”, afirmó.
Baños respondió que “no hay represión de la protesta social, si las manifestaciones se dan en el marco de la ley y el respeto a la libertad de todos”, pero destacó que en las marchas hay “infiltrados y falsos periodistas”. A su criterio, “no hay un desmantelamiento de las políticas sino una readecuación de las mismas a partir del estado calamitoso de la macroeconomía con que se recibió el país”. Y sobre la pobreza, aclaró: “No es que en el segundo semestre de 2024 la pobreza bajó, estamos viendo que empieza a bajar a partir de una sostenida baja de la inflación, que va incidiendo en todos los parámetros”.
La presidenta Clarke cerró diciendo a los representantes de Milei que “los derechos humanos son políticos, cuando hay desigualdades muchos quedan con sus necesidades incumplidas, la Comisión es la voz de los marginados y los defensores de los derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia por hacer su tarea”. Y les dio 30 días para entregar sus respuestas por escrito.
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