Uno de los acuerdos más emblemáticos en la defensa de la Amazonía, la llamada moratoria de la soja, quedó en suspenso por decisión de las autoridades brasileñas. El freno a este pacto, vigente desde 2006, podría habilitar la apertura de un área equivalente al tamaño de Portugal para el avance de la frontera agrícola, con consecuencias graves para la selva tropical más grande del planeta y para la estabilidad climática global.
La medida llega en un momento particularmente sensible: en menos de tres meses Brasil será anfitrión de la COP30 en Belem, la primera cumbre climática que se celebrará en pleno corazón amazónico. El anuncio encendió las alarmas de organizaciones conservacionistas, que advierten que la presión del agronegocio sobre el gobierno amenaza con revertir logros alcanzados en casi dos décadas de políticas de conservación.
Brasil es hoy el mayor exportador mundial de soja. Este cultivo, destinado principalmente a la producción de alimento animal y de peces, creció de manera explosiva en las últimas décadas. Hasta la firma de la moratoria, el avance sobre la Amazonía representaba una de las principales fuentes de deforestación. El acuerdo voluntario reunió a productores, ambientalistas y grandes corporaciones internacionales como Cargill y McDonald’s. Desde 2008 se estableció que cualquier detección de soja plantada en áreas deforestadas sería motivo para excluir a esas fincas de las cadenas de suministro, incluso si el desmonte había sido legal según la legislación brasileña.
El impacto fue inmediato: la moratoria no frenó la expansión de la producción, que siguió creciendo, pero sí evitó que se destruyeran más de 17.000 kilómetros cuadrados de selva. Por eso fue considerada un modelo global de cooperación multisectorial y un argumento para mostrar que era posible conciliar negocios agrícolas con protección ambiental.
Sin embargo, a comienzos de esta semana la autoridad antimonopolio, Cade, ordenó a los grandes comerciantes de granos –entre ellos Bunge, Cargill, Louis Dreyfus y Cofco– suspender la moratoria en un plazo de diez días o enfrentar sanciones económicas. El organismo abrió una investigación al considerar que el pacto implicaba un intercambio de información comercialmente sensible.
La reacción de las organizaciones ambientales fue inmediata. Greenpeace Brasil calificó la decisión como un “terrible error” producto de la presión de las “alas regresivas” de la agroindustria, que buscan debilitar la protección de los bosques. Para Cristiane Mazzetti, de la campaña de bosques de Greenpeace, el retroceso “entierra cualquier posibilidad de que Brasil cumpla con sus objetivos climáticos” y devuelve a la soja el papel de motor de la deforestación amazónica.
El momento no podría ser más incómodo para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Su gobierno esperaba mostrar en la COP30 avances en la reducción de la deforestación, pero en el Congreso el poderoso lobby del agronegocio impulsa leyes que debilitan la demarcación de territorios indígenas y flexibilizan las licencias ambientales, medidas que ambientalistas describen como el mayor retroceso en cuatro décadas.
El estado de Mato Grosso, epicentro de la producción de soja, fue clave en esta ofensiva. Allí, el año pasado, se eliminaron los incentivos fiscales a las empresas que participaban en acuerdos como la moratoria. La asociación Aprosoja Mato Grosso celebró la decisión del Cade como un “hito histórico” contra un acuerdo “privado y sin respaldo legal” que –según afirmaron– imponía barreras injustas a los agricultores.
Los riesgos son enormes. Especialistas estiman que podrían habilitarse legalmente hasta 10 millones de hectáreas para nuevos cultivos, un área equivalente a Portugal, lo que multiplicaría el valor de esas tierras y profundizaría el avance de la frontera agrícola sobre la selva. El impacto sería devastador en términos de emisiones de carbono, pérdida de biodiversidad y alteración de los ciclos hídricos que sostienen la agricultura y la vida en toda Sudamérica.
“Romper este acuerdo en vísperas de la COP30 envía la señal equivocada al mundo”, advirtió Tanya Steele, directora de WWF-Reino Unido. “Después de un verano de incendios y olas de calor extremos, es urgente salvaguardar la Amazonía, porque sin ella no hay manera de estabilizar el clima global”.
Organizaciones como WWF recuerdan que existe un respaldo fuerte entre los consumidores: una encuesta reciente en Reino Unido mostró que el 70% apoya medidas para eliminar la deforestación de las cadenas de suministro. Por eso instan a los minoristas y a las grandes marcas a mantener de manera individual los principios de la moratoria, incluso si el acuerdo colectivo desaparece.
En el trasfondo de esta disputa se juega mucho más que la producción de un cultivo. La Amazonía es un regulador climático esencial, almacena miles de millones de toneladas de carbono y genera los llamados “ríos voladores”, masas de humedad que alimentan las lluvias de gran parte del continente. Su degradación amenaza con empujar al planeta hacia puntos de no retorno en la crisis climática.
Fuente: Pagina12
