Cuando ganó las elecciones, una asociación civil que reúne personal militar le pidió a Javier Milei que cerrara la Secretaría de Derechos Humanos (SDH). No la cerró, pero el presidente de la motosierra está dejando poco en pie. Despidos masivos ponen en riesgo la persistencia de las políticas públicas –incluso el funcionamiento de los sitios de memoria. La decisión de poner en suspenso la continuidad del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti derivó en que una multitud se congregara en la tarde del sábado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), para decir que la memoria seguirá ardiendo a pesar del desguace y la censura.
Alberto Baños llegó a la SDH con dos pergaminos: haber sido juez de instrucción y, sobre todo, ser el amigo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. En doce meses de gestión, Baños no logró completar el organigrama del organismo. En noviembre, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) decía que 19 de las 28 áreas de la SDH no tenían funcionarios a cargo.
La situación parece haber empeorado desde entonces. Baños batió récords de subsecretarios perdidos. En diciembre del año pasado, Cúneo Libarona le había dicho a este diario que Siro de Martini, un exfuncionario del macrismo, sería uno de los subsecretarios de Baños. De Martini fue unos días a la sede de la SDH en la exESMA, pero declinó la propuesta. En ese momento, se activó un plan “B”. Convocaron a Mathías Valdez Duffau, un abogado que estaba trabajando en Tailandia. Valdez Duffau no llegó a cumplir dos meses en el cargo: se fue envuelto en un escándalo. Él estaba encerrado en su oficina mientras un hombre de Baños golpeaba con insistencia la puerta para que saliera.
El hombre en cuestión era Gabriel Wilkinson, que pasó después a ocupar la subsecretaría de protección de Derechos Humanos. Según cuentan en la SDH, Wilkinson dijo, de un día para otro, que dejaba su puesto. Se fue sin más. Algo similar ocurrió con María de los Ángeles Quiroga, que todavía figura en el organigrama como subsecretaria de promoción. Quiroga, exasesora de Cristian Ritondo, fue la interventora en el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (Inadi). La versión que recorre la SDH indica que el vínculo entre Quiroga y Baños se resquebrajó cuando ella coordinó con el ministro la denuncia de que funcionaba un boliche en una de las sedes de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, denuncia que fue desmentida y se desinfló a la horas de que empezó a rodar.
Quiroga no volvió a la SDH. En algunas reuniones se vio a la abogada Carolina Cordara, que viene de la Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), donde Cúneo Libarona dirige la especialización en Derecho Procesal Penal y de donde sacó a varios de sus funcionarios en el Ministerio de Justicia. Cordara estuvo como asesora y suena como subsecretaria.
La semana pasada un funcionario sin designación, Alejandro Urroz, protagonizó un episodio que se viralizó en redes sociales cuando el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano le dijo que si no estaba conforme se fuera de este “gobierno de mierda”. Urroz se haría cargo de la coordinación estratégica de la SDH.
Desde el gremio denuncian que la principal política pública del organismo es el “vaciamiento, el despido y la censura”. En la SDH dan un ejemplo de la falta de gestión: dicen que solamente se ejecutó un 20 por ciento del presupuesto previsto para el año pasado.
Los despidos
En octubre, Cúneo Libarona anunció un plan de retiros para 2231 trabajadores contratados bajo el ente cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). No había mucho de voluntario en el retiro, remarcan los trabajadores, pero sí de extorsivo: la amenaza era que quienes no aceptaban serían despedidos sin derecho a indemnización.
La SDH tiene poco menos de 800 empleados: la mitad, contratados por ACARA. Según estimaciones del gremio, 252 fueron despedidos –o “dados de baja” como dicen en el gobierno. Esto implica que una tercera parte de la SDH ya no está.
Las áreas más golpeadas fueron el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y los sitios. El Consejo Federal de Derechos Humanos –instancia de articulación entre el Estado nacional y las provincias– desapareció de hecho, como denunció el secretario de Derechos Humanos de La Rioja, Delfor “Pocho” Brizuela, en una carta abierta a Baños y Cúneo Libarona. Un 10 por ciento de los abogados de la SDH también fue desvinculado.
El 31 de diciembre, a las 14, llegó un WhatsApp de la secretaria privada de Baños: anunciaba que a partir del 2 de enero el Conti –fundado en 2008 por Eduardo Jozami– estaría cerrado por decisión del secretario de Derechos Humanos y sus trabajadores quedarían en guardia pasiva. Baños después se preocupó por explicar que, en realidad, no era un cierre definitivo sino por “reestructuración”. Dicen que quiere poner a su profesor de bajo como responsable del centro cultural dedicado al arte, la reflexión política y la memoria.
En el Conti hay 87 trabajadores: 50 están contratados por ACARA –lo que significa, a priori, que están fuera de la institución, hay 20 que son planta permanente y el resto, planta transitoria, por lo que su continuidad está en duda.
Baños afirma que quiere darle una nueva impronta al centro cultural. El tema preocupa, sobre todo después de que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno argentino –con la representación de Baños– dijera que abogaba por la “memoria completa”, eslogan que comparte con Victoria Villarruel y Cecilia Pando.
¿Qué memoria?
El jueves, los trabajadores que llegaron al Archivo Nacional de la Memoria (ANM) se lo encontraron cerrado. La preocupación fue en ascenso. En el ANM está nada más y nada menos que toda la documentación que produjo la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). Hay muchísimos otros fondos documentales.
Si bien después se abrieron las puertas del lugar, la noticia tuvo su impacto judicial. El abogado Pablo Llonto se presentó en la megacausa del Primer Cuerpo de Ejército para pedir que se dicte una medida de no innovar para que el gobierno no ponga en peligro la documentación que allí se resguarda. El juez federal Ariel Lijo decidió habilitar feria para tratar el pedido de Llonto.
Baños nunca designó al presidente del Archivo. En el ANM hay 103 trabajadores. Treinta y seis fueron despedidos. Dieciséis están con sus contratos vencidos. Si se los suma, el ANM se quedó con menos de la mitad de su personal. Esto tiene implicancias directas, explican en el gremio: no hay quien pueda atender la sala de consultas, el área de investigaciones históricas quedó con la mitad de sus expertos, solo hay una persona para contestar oficios judiciales. En el área de digitalización solo permanecen dos personas y el sector de audiovisuales quedó reducido a la mitad.
La situación de los sitios de memoria no es más alentadora. En la asamblea del jueves se denunció que el espacio Virrey Cevallos, el lugar que funcionó como centro clandestino de la Fuerza Aérea, quedó vacío. En el ex Orletti –que durante la dictadura fue una base de la SIDE y el Plan Cóndor– hay cinco trabajadores menos. En el ex Olimpo había 21 empleados al comienzo de esta gestión; calculan que podrían sobrevivir seis. En el ex Atlético tienen la mitad del personal con el que contaban a comienzos de 2024: ya no hay quien se haga cargo del archivo, la comunicación, la investigación o las actividades pedagógicas.
En el interior, la situación de los sitios es tan complicada como en la Ciudad de Buenos Aires. En El Faro de Mar del Plata había cinco trabajadores; quedaron dos. La Escuelita de Famaillá es co-gestionada por el gobierno nacional y la gobernación de Tucumán. De los trabajadores que aportaba Nación, ya no estará la coordinadora y el otro trabajador no tiene precisiones sobre su contrato. El ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes no fue alcanzado por esta ola de despidos, pero está dentro de los terrenos que el gobierno quiere vender.
Por el estado de los sitios de memoria, la legisladora porteña Victoria Montenegro denunció a Baños y Cúneo Libarona por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El ministro, desde su red social X, acusó a Montenegro de “sinvergüenza” y dijo que iban a seguir recortando “todos los gastos superfluos e innecesarios que fundieron al país”.
La verdad
El Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) es otra de las áreas más afectadas. De quince trabajadores que tenía, siete estaban contratados por ACARA y terminaron afuera. Entre los despedidos está su coordinadora Silvia San Martín, una metodóloga que trabajaba en la SDH desde 1995 y que está cursando un tratamiento por cáncer.
De los ocho trabajadores restantes, cuatro verán sus salarios recortados a la mitad y los otros cuatro que quedan están contratados por otro ente cooperador que el gobierno piensa dar de baja como ACARA. La situación del RUVTE, explican, es el mayor golpe a la investigación sobre el destino de los desaparecidos desde la Conadep. Se suma a que, desde Abuelas de Plaza de Mayo, denuncian que la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que busca a los bebés robados durante la dictadura, quedará reducida a poco más del 30 por ciento. “Hay algo que no van a romper nunca, que es lo construido –dice San Martín. Con eso no van a poder ni con la dignidad de los trabajadores”.
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