El futuro de las universidades públicas es incierto. Un patrón común desde que asumió el gobierno de Javier Milei. En medio de las dudas, sin embargo, se pueden distinguir algunas noticias. La buena: Diputados sancionó con amplio margen un nuevo proyecto de ley que asegura el financiamiento. Dicha iniciativa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN, que nuclea a rectores), los gremios y demás actores de la vida universitaria, y busca una salida para un ajuste que asfixia. La mala: el presidente se mantiene inmutable en su afán de cuidar el tan mentado “déficit fiscal”, por lo tanto anticipó que, de sancionarse (luego de su aprobación en el Senado), la vetará. Mientras tanto, como la situación para los trabajadores del rubro no se modifica, el segundo cuatrimestre arranca con las aulas vacías, nuevos paros y promesas de más movilizaciones. En este marco, conscientes de atravesar un punto de quiebre, los actores manifiestan que se necesitará de creatividad y voluntad colectivas para construir una nueva universidad pública.
Los gremios docentes anunciaron un paro para toda la semana, mientras que los no docentes también tomarán sus medidas. Según las estimaciones, los salarios de los trabajadores universitarios cayeron entre un 40 y un 50 por ciento. Carlos De Feo, secretario general de Conadu, apunta: “La aprobación en el Congreso es sencilla porque los votos están. Ya vimos lo que pasó en Diputados; en Senadores también se va a ganar. El tema viene después con el veto. Estamos muy preocupados, no hay reuniones paritarias, que es una de las cosas que deberían existir y que a lo largo de 20 años nos permitieron discutir el salario y mejorarlo sensiblemente”. Y compara: “Hoy tenemos la mitad del salario que teníamos en 2015”.
En un mensaje de apenas 23 minutos, Milei utilizó la cadena nacional y acusó al Congreso de querer “quebrar la economía y arrastrarnos de nuevo al abismo” y afirmó que el poder legislativo impulsa “gastos sin explicar su fuente de financiamiento” que causará un “genocidio sobre las generaciones futuras”.
En el Senado, sin embargo, la oposición tiene una hoja de ruta bien delineada: buscará dictaminar la semana próxima y bajar al recinto en dos semanas. Orcar Alpa, rector de la Universidad Nacional de La Pampa y presidente del CIN, señala a Página/12: “Por un lado, la nueva posibilidad legislativa es muy importante. Venimos trabajando desde hace mucho en ella y que haya sido aprobada con este número tan significativo en Diputados, demuestra la voluntad popular a través de sus representantes. Esperemos que antes de que finalice agosto, la apruebe el Senado y podamos contar con una norma que reemplace a la ley de presupuesto que hace dos años no se sanciona”, señala con optimismo.
No hay vocación que aguante
No es que antes de diciembre de 2023 todo fuera un lecho de rosas para las universidades, pero al menos existía un margen para la planificación. Sin embargo, desde hace un año y medio, las instituciones de educación superior del país sufren una catarata de problemas difícil de afrontar. La pérdida del poder adquisitivo de los docentes y del personal administrativo, la sangría de fondos para funcionamiento, así como también, para las actividades de investigación, becas y extensión, convierten a las instituciones en algo bien distinto a lo que previamente eran.
Como resultado, los profesores dejan sus puestos en busca de un empleo que les permita sobrevivir y, en el mejor de los casos, tratan de realizar actividades complementarias que les ayuden a llegar a fin de mes. Para tener referencia, en un año y medio, 10 mil docentes dejaron la universidad pública en Argentina. Lo que se viene, entonces, es la profundización de la precarización de la docencia.
“Calculamos que el 10 por ciento de los docentes abandonó las universidades. Gente que se pide licencia sin goce de sueldo y muchos que también renuncian. Algunos pueden buscar laburos por otro lado, inclusive en las privadas que siempre tuvieron peores salarios que nosotros y hoy tienen mejores. Luego están los que abandonan el rubro y manejan Uber”, cuenta De Feo.
Después, De Feo sigue con la radiografía de la situación: “Una de las cosas que van sucediendo y que afectan a las condiciones de trabajo y del salario, es que cada vez hay más cargos de tiempo parcial y no de tiempo completo. Entonces, tenés muchos docentes que para llegar a un sueldo tienen que tener cuatro cargos diferentes en diferentes universidades. Movilizarse de una a otra, dar distintas materias, preparar clases para un montón de alumnos se vuelve muy difícil. Por más vocación que tengas, te termina afectando”.
Próximos pasos
“Ahora estamos con una medida de fuerza muy fuerte y vamos a convocar a una nueva marcha universitaria a finales de agosto, cuando la ley esté aprobada. Buscamos que sirva para ratificar su validez y que la termine aplicando el gobierno, que no se hagan los distraídos. Ese es más o menos el plan de lucha, si no nos ponemos firmes, la universidad desaparece”.
En sintonía, en representación de los rectores, Alpa describe: “Estamos conversando en conjunto con los demás actores de la comunidad universitaria para llevar adelante una tercera marcha federal y mantener a las instituciones abiertas, con los salarios correspondientes y los gastos de funcionamiento actualizados. Esperamos que el Poder Ejecutivo habilite lo que le pedimos a la ministra de Capital Humano desde hace tiempo, y que tome las medidas correspondientes lo más rápido posible”.
Además de los paros y movilizaciones, hay otras iniciativas que acompañan la visibilización de la crisis. Entre ruidazos, ferias, radios abiertas y abrazos simbólicos, una muy sugerente que se plantea por estos días es conversar con los estudiantes, destinando 15, 30 y 45 minutos y una hora, con el objetivo de debatir en torno a la gravedad de lo que se vive. Concientizar sobre cómo la falta de financiamiento terminará por afectar la calidad educativa.
No quiebra el déficit
Luego de que una primera norma sancionada fuera vetada en octubre de 2024, la oposición se prepara para sancionar una nueva legislación capaz de asegurar el financiamiento que requieren las casas de estudio para seguir con vida.
El nuevo texto impulsado desde el CIN y los gremios crea un fondo destinado a carreras estratégicas vinculadas a la aplicación de la inteligencia artificial y el desarrollo de Argentina. Y, por otra parte, especifica de dónde saldrán los fondos que piden las universidades: de la coparticipación federal y un proceso de reasignación de partidas. Este punto es clave porque el principal pretexto del presidente cuando vetó el proyecto sancionado el año pasado era que rechazaría cualquier norma que alterara el “déficit cero”. Por lo tanto, en este caso, de aplicarse su lógica, el mandatario tendría que ceder frente al reclamo de las universidades.
El borrador de la norma también traduce una mirada a largo plazo, bajo la premisa de que la educación superior debe ser una política de Estado, que trascienda a los diferentes gobiernos. Básicamente, prevé un crecimiento de las inversiones hasta llegar al 1.5 por ciento del PBI hacia 2031. El planteo es que si el país crece, también lo harán las instituciones de educación superior. Sin embargo, ¿quién dice que el país crecerá sin un modelo productivo? Cuando el relato del déficit ya no alcance para mantener la analgesia de las multitudes, ¿qué desarrollará Argentina? O, más bien: ¿cuál será el recurso natural que esta vez se pondrá en venta y financie una fiesta chiquita y fugaz?
Fuente: Pagina12
