La ofensiva para silenciar a Cristina Fernández de Kirchner continuó en la madrugada de ayer con el ilegal operativo de despliegue de policías de la Federal y la colocación de vallas frente al domicilio de la exmandataria. El argumento del Ministerio de Seguridad fue que “correspondía crear una zona estéril para evitar cortes de calles”. La Federal no tiene jurisdicción, ya que sólo está habilitada para custodiar edificios federales como la Casa Rosada, el Congreso y la Catedral. Cerca de Patricia Bullrich admitieron que la idea era forzar a la Policía de la Ciudad para que interviniera, algo que, por esta vez, no ocurrió. Para evitar caer en la provocación e intimidación del Gobierno, la expresidenta le pidió a la militancia que traslade el banderazo que se iba a realizar en la puerta de su casa a Parque Lezama. En ese acto, envió un mensaje en el que aseguró que el objetivo de la Casa Rosada es “generar conflicto y caos”. “Esa mujer (Bullrich) quiere mucho protagonismo, porque, en el fondo, al igual que Macri, es una gran y absoluta fracasada”, sentenció. La Cámpora, además, denunció que la policía graba imágenes del balcón de Cristina.
En paralelo, CFK hizo público que se presentó un Recurso de Reposición ante el Tribunal Oral Federal número 2 (TOF 2) para que revoque o cambie el grosero sistema de visitas, con pedido de autorización judicial en cada caso, que no se aplica a ningún detenido en prisión domiciliaria en el país. “Es un régimen totalmente arbitrario, violatorio de mis más elementales derechos civiles”, señaló la exmandataria. En el escrito se pregunta: “van a autorizar a algunos sí y a otros no?¿con qué criterio? La visita de un mandatario como Lula ¿depende de que lo autoricen?”.
Una ministra provocando incidentes
En la mañana de este viernes, al Ministerio de Bullrich le costó explicar las bases legales del operativo frente a San José 1111. Se trató de una intromisión en un territorio autónomo, sin orden judicial alguna. Primero argumentaron que correspondía la aplicación del protocolo, pero admitieron que en todo caso eso debía hacerlo la Policía de la Ciudad. Desde la administración porteña le dijeron a este diario, textualmente, “nosotros no intervenimos porque no queremos quilombo. Ellos pusieron el vallado porque si no los efectivos iban a quedar apretados por la gente. No nos consultaron nada”. En verdad, la Policía de la Ciudad ha jugado todo el tiempo el juego de Bullrich y venía de hacer un operativo “de limpieza” en la madrugada del miércoles, pero también hay tensiones porque la ministra les marca la cancha casi todo el tiempo. De más está decir que juegan la interna de la derecha. Para el equipo de CFK quedaba claro que la presencia de la Federal era una provocación para hacer intervenir a otros efectivos, de la Federal y la Gendarmería, apostados en la zona, y de esa manera quedarse con la foto de incidentes en lugar de la imagen de miles de personas acompañando a Cristina en el Día de la Bandera.
“Esa mujer nefasta y capaz de cualquier cosa -señaló CFK en la red X, refiriéndose a Bullrich-, sólo busca generar caos para tener protagonismo y, al mismo tiempo, prestar el servicio al gobierno de turno que integra para ocultar el desastre económico y social que vive el país y sufre nuestro Pueblo”. Cristina percibió el peligro de la situación y le pidió a la militancia que estaba en Parque Lezama que no vaya para San José 1111. “No vengan para acá que están todos los cabezas de tortuga”, expresó desde su departamento.
El intento de humillar y silenciar
Desde el primer día, la causa armada y conocida como Vialidad, buscaba proscribir y silenciar a CFK. Y a partir de la condena, se buscó profundizar ese mismo camino. Ponerle una tobillera, cuando es obvio que no tiene la menor chance ni intención de fugarse, sólo persigue el objetivo de la humillación. E imponerle que las visitas requieran de una autorización judicial es “recortarle los derechos civiles y políticos inherentes a la condición humana”.
Cristina difundió en la mañana del viernes el escrito presentado por sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary LLernovoy, que, de entrada, le piden al mismo Tribunal Oral número 2 que revea lo dispuesto. Si no lo hace, se recurrirá a la Casación. “En más de 50 años de Justicia jamás vi una prisión domiciliaria con restricción de visitas -escribió el juez Juan Ramos Padilla-. Estos burros sólo quieren molestar. Es DOMICILIARIA, en propiedad privada, y no pueden reducir o condicionar las visitas. Eso no está alcanzado por la sentencia, son humillaciones contrarias a normas de raigambre constitucional”.
En el escrito, Beraldi y Llernovoy se preguntan:
*¿Por qué hay que pedir autorización judicial para las visitas? ¿Cuáles van a autorizar y cuáles van a rechazar? ¿Por qué permitirán o rechazarán tal o cual visita?
*”¿Cuál es el propósito que se busca al disponer que las personas que quieran visitar a nuestra asistida deban requerir y motivar una autorización?”
*No se ha explicado si por cada vista será necesario efectuar un pedido individual ni cuánto durará la eventual autorización. ¿Cada persona tendrá que pedir el permiso o los permisos los podrá canalizar la defensa? Todo esto motivará innumerables presentaciones que requerirán desgaste del propio tribunal.
*”Esta cuestión no se refiere sólo al ámbito nacional, pues como es de dominio público, líderes de fuerzas políticas de otros países y sus primeros mandatarios ya han hecho saber su intención de reunirse a la brevedad con nuestra representada. No parece sensato que esta clase de encuentros estén supeditados a la obtención de autorizaciones”.
*Los letrados transcriben un fallo de la Corte Suprema: “los prisioneros son, no obstante ello, personas titulares de todos los derechos constitucionales, salvo libertades que hayan sido constitucionalmente restringidas por procedimientos que satisfagan todos los requerimientos del debido proceso”.
*El texto reitera que una medida de esa naturaleza, imponiendo reglas de conducta y limitación a las visitas, no registra antecedentes, no tiene fundamento alguno y se intenta aplicar sin una finalidad explicada.
En la defensa de Cristina esperan que el TOF 2 conteste entre lunes y martes. La lógica hace pensar que los magistrados flexibilizarán los criterios, pero parece evidente que habrá un recurso a la Cámara de Casación, integrada por tres jueces tradicionalmente alineados con el macrismo. Luego, si no hay cambios reales, la cuestión será planteada ante la Corte Suprema, que también viene actuando en línea con la coalición política-judicial-mediática-empresaria que tiene como prioridad sacar a CFK de la cancha.
En cuanto al régimen de visitas, basta señalar lo que sucede con los represores, la mayoría condenada a más de una pena de perpetua. Apenas el 16 por ciento tiene tobillera y con libertad total en cuanto a visitas. Víctimas de Martín Sánchez Zinny, también con perpetua, recuerdan que estuvo cinco años sin tobillera y hoy tiene autorizadas caminatas por el Hipódromo de San Isidro. Y ni hablar de la famosa fiesta de aniversario de casados del violador y homicida Jorge Olivera, con show de Ramón Palito Ortega incluido, en su casa de Vicente López.
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