El Tribunal Oral Federal número 1 de San Martín comenzará a juzgar, desde este martes a las 9.30, dos militares retirados y un excomisario por su responsabilidad en secuestros, torturas, homicidios y abuso sexual de decenas de personas dentro del territorio que funcionó como la Zona 4 de Defensa, que tuvo como cabeza táctica y estratégica a la guarnición militar de Campo de Mayo. Horacio Sánchez, uno de los tres acusados, llega a juicio por primera vez. Se espera que en la jornada de apertura se repasen los requerimientos de elevación a juicio y se escuchen los primeros testimonios.
Con las juezas María Claudia Morgese Martín y Silvina Mayorga en su integración –magistradas que también participan del debate por los crímenes de la patota de la Fuerza Aérea que actuó en la zona oeste del Conurbano– el TOF 1 iniciará el juicio oral y público por el tramo 17° de la megacausa que investiga judicialmente los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la última dictadura cívico militar.
En esta ocasión, volverán a ser juzgados Luis Pacífico Britos y Carlos Caimi, dos represores que ya purgan condenas por su actuación en el genocidio que las fuerzas armadas y de seguridad desplegaron en el territorio nacional entre 1974 y 1983. Las últimas condenas de ambos fueron las que recibieron en el juicio que culminó en julio de 2022, cuando el TOF 1 les impuso penas de prisión perpetua y 4 años de encierro respectivamente. La jueza Mayorga participó de aquella decisión. Caimi, además, purga una condena a 12 años de cárcel desde 2012. Siempre gozó del privilegio del arresto domiciliario.
Britos fue jefe de Personal de la plana mayor del área 400, una división a los fines del plan represivo que comprendió los territorios de Zárate y Campana mayormente en la que accionaron compartidamente el Ejército y la Armada. En esta ocasión, el represor carga con la mayor cantidad de “casos” en juicio: Los delitos perpetrados por parte de Britos fueron cometidos sobre los siguientes ciudadanos de Zárate y Campana: el secuestro de 12 personas en esas ciudades, las torturas aplicadas a tres de ellas y el homicidio de otras tres.
A Caimi, expolicía a cargo de la comisaría de Villa Ballester –cuya superioridad estuvo en la Escuela Lemos– se le endilga un caso de secuestro, aplicación de torturas y abuso sexual contra Adela Oms. De hecho, el debate comenzará por el repaso de este caso, con testimonios de testigos que expondrán frente al tribunal el martes mismo. Caimi ya fue acusado de abuso y no fue condenado. En el caso de Sánchez, un oficial de la escuela militar Lemos, que funciona en Campo de Mayo, deberá responder por el secuestro de un soldado que estaba cumpliendo servicio militar obligatorio. El tramo tenía en el banquillo, además, al jefe de Campo de Mayo Santiago Riveros, pero con su muerte quedaron sin posibilidad de ser juzgados la inmensa mayoría de los casos por los que solo él era acusado.
La representación de la Fiscalía estará a cargo de Gabriela Sosti, quien indicó que “se juzgarán tres tramos remanentes de la instrucción que no tienen demasiada conexión entre sí”. La instrucción de la megacausa Campo de Mayo está a cargo de la jueza federal Alicia Vence. El personaje que unificaba los tramos era Riveros, que tenía a su cargo “un montón de víctimas que nunca habían entrado en ningún tramo y que podrían haber entrado en este”. Con el fallecimiento de este genocida, el 24 de mayo pasado, esa posibilidad quedó trunca.
Las querellas estarán a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la subsecretaría de Derechos humanos de la provincia de Buenos Aires y querellas particulares.
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