El bloque de diputados de Unión por la Patria denunciará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la decisión del Tribunal Oral Federal 2 (TOF) de restringir a legisladores nacionales la posibilidad de visitar a la expresidenta Cristina Kirchner, detenida y proscripta en su departamento del barrio de Constitución.
La decisión del tribunal será enviada también a la Unión Interparlamentaria Mundial, de modo tal que ambos organismos puedan expresar su posición frente a esa medida judicial que fue caracterizada como “una intromisión del Poder Judicial en facultades propias del Poder Legislativo”.
La decisión del bloque de diputados integrados por distintos sectores del peronismo fue dada a conocer a través de un comunicado en el que se denuncia a los jueces que condenaron a la expresidenta de “limitar el libre ejercicio de la representación política”.
Lo que había decidido el TOF 2 fue que la exmandataria pueda ser visitada sin autorización judicial por familiares, abogados, médicos y custodios. Quedaron fuera de esa posibilidad legisladores y dirigentes políticos, que si quisieran ver a la titular del Partido Justicialista deberán presentar una solicitud que los mismos jueces deberán aprobar.
No obstante, esa decisión quedó en suspenso hasta que la Cámara de Casación resuelva sobre un cuestionamiento que al respecto hizo la defensa de CFK. Esa sala (IV) está integrada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, algunos de los cuales jugaban al tenis con el expresidente Mauricio Macri y se reunieron con él en varias oportunidades, mientras ejercía ese cargo.
A través del comunicado, los diputados de Unión por la Patria (UP) denunciaron que las restricciones para visitar a Cristina de Kirchner afectan “directamente nuestras funciones constitucionales como representantes del pueblo”, “atenta contra principios fundantes del régimen republicano” y “limita el libre ejercicio de la representación política en el marco de un estado de derecho”.
También cuestionaron a los jueces por haber permitido que la información sobre las restricciones de visitas a la exmandataria fueran publicadas a algunos medios de comunicación oficialistas, antes que a las partes interesadas. “Esta situación, además de irregular, confirma una preocupante connivencia entre sectores del aparato judicial y del sistema mediático concentrado”, plantearon.
La presentación de los diputados de UxP ante la CIDH
Respecto de los argumentos que presentarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Interparlamentaria Mundial, la declaración hizo hincapié en varias cuestiones.
Dejaron en claro que, como legisladores nacionales, “no ejercen su función en carácter personal o particular, sino como portadores de un mandato constitucional” amparado en los artículos 22, 45, 56, 69 y 75 inciso 22 de la Carta Magna. Ellos indican que los diputados tienen una representación institucional y popular, inmunidades propias de la función y que la división de poderes debe ser respetada.
Por esas razones, expresaron, “condicionar la actividad de legisladores a autorizaciones judiciales es, en la práctica, subordinar al Poder Legislativo a decisiones del Poder Judicial, en contravención directa al principio de división de poderes”.
En este sentido, “la resolución del Tribunal Oral Federal 2 constituye una nueva expresión de un modelo de judicialización de la política que busca condicionar, limitar y disciplinar el accionar de la representación popular”.
Los argumentos y el planteo contra la decisión judicial llegarán a los organismos internacionales debido a que también se transgreden los pactos que tienen rango constitucional. Ellos “obligan a tratar a las personas privadas de libertad con respeto a su dignidad humana y a garantizar el contacto con el entorno político, social y familiar”.
Por eso, el comunicado deja claro que el bloque de UP “ha resuelto poner en conocimiento de esta situación a organismos internacionales, como la Unión Interparlamentaria Mundial y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de la cláusula del artículo 75 inciso 22 de la Constitución”.
“No vamos a permitir que se institucionalice la persecución por vías judiciales ni que se cercene la capacidad de contacto político con una de las principales figuras del movimiento nacional y popular”, enfatizó la declaración.
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