Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se pronunciaron en contra del otorgamiento de la prisión domiciliaria para la expresidenta Cristina Kirchner, dejando en claro una vez más el trasfondo persecutorio que ellos mismos impulsaron cuando pidieron la prisión y proscripción durante el juicio por la causa Vialidad.
El rechazo fue expresado en un dictamen que ambos elevaron al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a sólo horas de que los jueces resuelvan sobre el pedido que la defensa de la expresidenta planteó en ese sentido.
El texto es una respuesta a los argumentos de los abogados de Cristina Kirchner, que fundamentaron la solicitud de la prisión domiciliaria dando garantías de seguridad, recordando que ella fue víctima de un intento de magnicidio, fundamentando sobre las condiciones del departamento donde vive y alegando razones de salud por tratarse de una persona de más de 70 años, para las cuales –en algunos casos- se prevé la modalidad domiciliaria.
Luciani y Mola rechazaron cada uno de esos fundamentos. Insistieron con ver a la expresidenta en un establecimiento penitenciario y sostuvieron que, en caso de que se le dé la domiciliaria, utilice una tobillera electrónica.
En un escrito de diez páginas, dijeron que si se le otorga la prisión domiciliaria “se estaría incurriendo en una interpretación errónea o arbitraria” de la ley y advirtieron que, en caso de que eso ocurra, recurrirán a la Cámara de Casación Penal.
Los argumentos
Luciani y Mola ya se habían opuesto a concederle ese beneficio apenas días después de que la Corte Suprema le diera luz verde al cumplimiento del fallo proscriptivo y esta vez lo ratificaron y formalizaron ante el tribunal.
Para ambos, la edad no es requisito sine qua non para pedir el beneficio domiciliario. “No se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medid excepcional como lo es la detención domiciliaria”, sentenciaron.
La edad de CFK
Además rechazaron de plano los argumentos de la defensa: “No (se) ha demostrado que la privación de libertad en el establecimiento carcelario suponga, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal de la peticionante”.
En este sentido añadieron que “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.
El arresto en el domicilio “no debe resultar de la aplicación ciega, acrítica y automática” de la ley, adujeron y citaron argumentos de sus jefes, el procurador general Ricardo Casal y la Corte Suprema de Justicia.
Como ejemplo también citaron el rechazo que el presidente del TOF 3, Jorge Gorini, hizo al pedido de domiciliaria por razones de edad del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Gorini será quien decida la solicitud de la defensa de CFK.
La “seguridad” de CFK
Respecto de las cuestiones de seguridad planteadas por los abogados de la expresidenta, Luciani y Mola sostuvieron que para el cuidado de Cristina Kirchner sólo basta una permanente custodia del Servicio Penitenciario, la fuerza que está en manos de Patricia Bullrich.
Además, para descartar el riesgo de vida de la exmandataria, recurrieron a un insólito argumento: “Las únicas personas que han sido requeridas a juicio por el hecho (el intento de magnicidio), se encuentran detenidas”. Como si el plan para asesinar a Cristina quedara restringido a esos personajes y no a los cómplices externos que la Justicia se niega a investigar.
Por otra parte, los fiscales calificaron de “desacertada” la sugerencia de CFK para reforzar su seguridad a través de la custodia que reciben los expresidentes. “Esos agentes (…) no tienen la preparación e idoneidad” para brindar una custodia de ese tipo, dijeron.
Tobillera electrónica
En su dictamen, los fiscales contemplaron también la posibilidad de que Gorini resuelva por la prisión domiciliaria. Y para este caso, mencionaron una serie de condiciones que, según ellos, se debería cumplir.
Una de ellas es que se establezcan “pautas serias y concretas para garantizar el control efectivo del cumplimiento de la pena y seguridad” de la expresidenta. La otra es lo que ya habían requerido: “El uso de tobillera electrónica”.
“El uso de un dispositivo electrónico de control se trata de una exigencia legal”, puntualizaron y subrayaron que, por lo tanto, la exigirán.
También se exigirán informes frecuentes sobre los movimientos de la expresidenta, que siembre deberán “ser favorables” a su condición de prisionera.
Asimismo, y después de un largo dislate interpretativo, sostuvieron que el régimen domiciliario “constituye una excepción” que “no debe ser admitida automáticamente” si la persona cumple con los requisitos que mencionó la defensa de CFK.
Es más, en clave de chicana, los representantes del Ministerio Público citaron discursos de los legisladores nacionales Miguel Ángel Pichetto y del fallecido Rubén Marín, quienes habían relativizado la potestad de un juez para “pueda o deba” otorgar ese beneficio.
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