Los interrogatorios ilegales a los presos de la Ley Bases, bajo la lupa de la Bicameral de Inteligencia | Se creará una subcomisión para investigar los abusos de la policía

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia tendrá una subcomisión para investigar los interrogatorios ilegales a los que fueron sometidas buena parte de las personas detenidas durante la protesta contra la Ley Bases para que dijeran si integraban alguna organización o fuerza política, algo que según relataron era consignado por las fuerza de seguridad en planillas u otros registros. La decisión fue tomada por unanimidad la semana pasada por los integrantes de este cuerpo que preside el radical Martín Lousteau, ya que ese accionar podría haber violado la Ley de Inteligencia, entre otras normas. Los abusos de las fuerzas de seguridad en aquella movilización, el 12 de junio, también son objeto de una investigación judicial más amplia a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que abarca los encarcelamientos arbitrarios y maltratos físicos. En los últimos días declararon víctimas del accionar de los agentes y desde este martes darán su testimonio los diputados y diputadas que fueron rociados con un potente gas pimienta. 

El papel de la comisión

La Bicameral de inteligencia comenzó a intervenir cuando todavía era presidida por Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) y recibió tres denuncias y los respectivos relatos. Dos son mujeres, Nora Longo y Camila Juárez. La primera, fue detenida cuando registraba con su celular como se llevaban presa a una familia que vendía empanadas (Remigio Ocampo, su hija Belén y la nieta)  y la segunda, cuando se retiraba de la zona de la protesta. Ambas sufrieron golpizas y las interrogaron en dependencias policiales y luego en la cárcel de Ezeiza del Servicio Penitenciario Federal (SPF) les advertían que tenían que decir a qué fuerza política, agrupación u organización pertenecen. Esto, como informó Página/12 parece haber sido algo sistemático y generalizado, con otros arrestados ese día también. La recopilación de datos sobre filiación política, partidaria, sindical, social, religiosa o de otro tipo, violaría la Ley de inteligencia. También podría afectar la de datos personales, que prohíbe exigir “datos personales sensibles”, que son –por ejemplo– las opiniones políticas y la afiliación sindical. 

También dio su testimonio por escrito a la comisión Nicolás Mayorga, ajedrecista detenido en la misma protesta, cercado por motos y agentes que le disparaban balas de goma y puro golpe de bastones policiales. Igual que las mujeres, describió condiciones de detención en las comisarias a la intemperie, sin comida y con maltratos. En su caso lo amenazaban con sacar al patio a los presos comunes para que lo atacaran a él y otros detenidos. Camila, estudiante de sociología, contó que al detenerla le gritaban “negra sucia, por qué no te quedaste en tu casa” y que en Ezeiza a las arrestadas por la protesta les dejaron a las detenidas una advertencia escrita en un pizarrón: “Ahora que están presas, piden por Dios y por sus hijos, politiqueras varatas (sic) ya van a ver”. Nora, reveló que la policía fue un viernes feriado a la noche cuando ya había recuperado la libertad para verificar si estaba en su casa. “Un patrullero con un policía uniformado y otro de civil porque se decía que me había ido al exterior”, relató. También les hicieron preguntas a sus vecinos. En el juzgado de María Servini, a cargo de su causa, le dijeron que no habían mandado a nadie a preguntar nada. 

Hasta ahora, la Bicameral no empezó una investigación propiamente dicha, pero ya tomó la decisión unánime de hacerlo. En un comienzo todo apuntaba al SPF pero es posible que abarque a otras fuerzas. Lousteau tiene que designar a tres miembros para integrar la subcomisión que se ocupará del tema, lo que ocurriría en los próximo días. Mientras tanto, recibieron información de la fiscalía de Picardi y un informe del Comité de Prevención contra la Tortura (CNPT), ya que algunos de sus integrantes visitaron a las y los presos desde las primeras horas y en un informe también hicieron referencia a los interrogatorios y malos tratos. Incluso le advirtieron a Servini que algunas personas habían sido inscriptas en sus legajos como si pertenecieran a “organizaciones criminales”, pero luego al organismo –que debe cuidar que se respeten los derechos humanos de quienes son privados/as de la libertad– les fue impedido por el SPF consultar más legajos. 

La hora de los diputados gaseados

El fiscal Picardi lleva adelante una investigación amplia donde apunta a los posibles abusos de todas las fuerzas federales (al menos Policía, Gendarmería, Prefectura) y Policía de la Ciudad en la represión de la manifestación contra la Ley Bases, donde impulsó las primeras medidas un mes atrás, como informó Página/12.