El Gobierno se inventó un enemigo que no existe. Las personas migrantes que eligieron a la Argentina como el país donde vivir, estudiar y trabajar se convirtieron en el nuevo blanco de los “dos minutos de odio” orwellianos que se programan cada tanto desde Casa Rosada. Pero ninguno de los datos estadísticos oficiales disponibles confirman que la inmigración sea un problema real y acuciante, que necesite una respuesta a la altura de las medidas que anunció recientemente el vocero Manuel Adorni. Más bien lo contrario: si los funcionarios libertarios hubiesen estudiado el último censo del INDEC, habrían notado que el porcentaje de migrantes respecto del total de la población se mantuvo prácticamente estable durante los últimos 20 años. Es más: al menos desde la pandemia hasta hoy, se vienen observando tasas migratorias negativas. Es decir: son más los que se van que los que llegan. Mas del 93 por ciento de ellos, además, tiene su propio DNI argentino. Más datos: según el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SINEEP), apenas el 0,3 por ciento de las personas migrantes están en conflicto con la ley. Lejos de ser una amenaza, contribuyen y mucho a la economía vernácula: aportan el 4,7 por ciento del PBI, según la CEPAL.
La intención del Gobierno de restringirles el derecho a la salud y a la educación pública y gratuita que la Constitución les garantiza –se haría a través de un proyecto para endurecer la ley de migraciones vigente– también se lleva a las patadas con la realidad de los datos duros. Lo que explicaron algunos rectores de universidades nacionales para desmentir al vocero es cierto: solo el 3,9 por ciento de los estudiantes de pregrado y grado en Universidades de gestión Estatal es migrante. Son, en números concretos, poco menos de 80 mil estudiantes sobre un universo total de más de dos millones. En cuanto a la salud, Adorni también omitió un dato gigante como un edificio: mas de la mitad de los migrantes cuenta con obra social o prepaga, por lo que rara vez se atiende en el sistema público.
En esa misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, adelantó que el Gobierno también está trabajando “nuevas figuras penales” para “poder lograr expulsiones rápidas”. Algo que ya se ensayó durante la presidencia de Mauricio Macri, a través del DNU 70/17, que habilitó las expulsiones exprés. Para la politóloga e investigadora del Conicet Ana Penchaszadeh, una de las voces más prestigiosas del país en la materia, volver a una legislación regresiva no es una solución viable. “No sólo no tenemos un problema inmigratorio, sino que la legislación vigente hace 20 años en la Argentina ha demostrado mejorar los indicadores de integración económica, social y cultural de los migrantes residentes, al tiempo que no ha generado un «efecto llamada» ni nada parecido”, le dijo a Página/12.
“Hay que sostener y potenciar ese círculo virtuoso y apartarse de las miradas hiperindividualistas y mezquinas que omiten que la inmigración siempre es una buena noticia para los países de destino. El verdadero problema que enfrenta hoy la Argentina son las brutales políticas de desfinanciación y desprestigio de nuestros sistemas públicos de salud y educación, y no los migrantes que, como cualquier ciudadano que aporta y vive en el país, usufructúan estos bienes y derechos comunes”, concluyó.
Cinco falacias del discurso anti-migrantes
Los datos oficiales disponibles dejan al descubierto la cortina de humo que lanzó el Gobierno y ponen al descubierto la construcción del colectivo migrante como un enemigo de paja para el resto de la sociedad. Las falacias más importantes que construyen ese discurso son:
1. “Los migrantes son vagos y no aportan a la economía”
Falso. Un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que los migrantes en Argentina tienden a tener tasas de desocupación más bajas que los nativos. En 2019 –último dato disponible en el informe–, la tasa de desocupación de los hombres migrantes era del 7,9%, inferior al 9,2 por ciento de los no migrantes; en las mujeres, la tasa era del 9,4% para las migrantes y del 11,7 por ciento para las no migrantes.
Entre 2013 y 2022, siempre según la CEPAL, su aporte a la economía se mantuvo entre el 3,9 y el 4,7 por ciento del PBI total. En los últimos años, además, han llegado al país migrantes ultra calificados. En 2019, el 30 por ciento tenía educación terciaria. En 2017 eran el 24 por ciento, por lo que ese número está creciendo.
2. “Hay una ola migratoria de indocumentados”
Falso. Según el censo del INDEC de 2020, en la Argentina viven 1.933.463 de personas nacidas en otro país. Representan el 4,2 por ciento de la población total, tres puntos porcentuales por debajo del censo de 2010, el mismo que se registró en 2001 y casi un punto menos que en 1991. El número de emigrados argentinos, además, ronda los 1.800.000 millones de personas, y casi iguala al de los inmigrantes residentes en el país “La tasa migratoria es cuanto menos neutra”, explica Penchaszadeh.
Que el porcentaje de migrantes respecto de la población total se haya reducido a los niveles de 2001 también da cuenta del deterioro de las prestaciones de la economía y del Estado. El migrante, se ve, no es zonzo: busca migrar a los países que le ofrecen mejores oportunidades y la esperanza de una mejor calidad de vida. No es lo que está pasando en la Argentina.
Por otro lado, más del 93 por ciento ya cuenta con un DNI argentino, es decir, con una radicación temporaria o permanente en el país. Del 7 por ciento restante, que aún no lo tiene, la mitad tiene una “precaria”, es decir que ya se encuentra en situación migratoria regular, con el trámite en curso, según datos de la Encuesta Nacional Migrante de la Argentina del año 2023.
3. “Los migrantes llegan para delinquir”
“Bastante tenemos con los delincuentes argentinos, no necesitamos sumar extranjeros”, arremetió Bullrich la semana pasada. La ministra omitió, quizás con malicia, que para permanecer de manera regular en la Argentina, es decir, para radicarse con el permiso del Estado Argentino, las personas migrantes deben presentar certificados de antecedentes penales. De lo contrario, no consiguen la regulación y pueden ser expulsados. Pero al margen, los datos hablan sólos: las personas migrantes en conflicto con la ley en la Argentina representan solo el 0,3 por ciento de la población migrante residente en el país, según datos del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SINEEP), que la ministra debería conocer mejor que nadie.
En este punto, de todos modos, los datos pueden presentarse fácilmente como una trampa. Actualmente, el 27,5 por ciento de los presos en el sistema penitenciario federal Argentina es extranjero. Allí hay una notable sobrerepresentación, dado que los migrantes son el 4,2 por ciento de la población. Pero en este caso, se está hablando de delitos internacionales o de frontera, mayormente vinculados al narcotráfico y cometidos por extranjeros, no por migrantes residentes en el país. Pero si se toman los datos a nivel provincial, es decir de los delitos cometidos en el país, el porcentaje se reduce al 5,4 por ciento de la población carcelaria total. No se observaron variaciones en los últimos años.
4. “Los migrantes usufructúan la educación pública y no devuelven nada a la sociedad”
De acuerdo a los datos del Departamento de Información Universitaria, sólo el 3,9 por ciento de los estudiantes de pregrado y grado en Universidades de gestión Estatal es migrante (79.834 estudiantes sobre un universo total de 2.030.633). Otro 5 por ciento estudia en universidades privadas, y otro 13,6 por ciento lo hace en posgrados, que son arancelados tanto para los migrantes como para los nativos en argentina.
Adorni sostuvo, con saña, que el 23 por ciento de los estudiantes de medicina son migrantes. Pero ese dato debe ser puesto en contexto: esos mismos estudiantes publan más tarde los hospitales trabajando como residentes.
“Esa sobrerepresentación en Medicina debe ser evaluada teniendo en cuenta el gran aporte que esta población estudiantil en su conjunto realiza al sistema sanitario argentino en su largo proceso de formación profesional, que implica no sólo una actividad pasiva que estudiante clásico (los 6 años de carrera), sino las prácticas, residencias y guardias generales y de especialización, que implican entre 3 y 7 años más de trabajo en los distintos centros sanitarios del país”, aclaró Penchaszadeh.
5. “Los migrantes saturan el sistema público de salud”
Según el Indec, el 51,4 por ciento de la población nacida en otro país tiene cobertura de obra social o prepaga. Menos de la mitad utiliza eventualmente el sistema público de salud. Por otro lado, el 6 por ciento de las matrículas médicas profesionales en la argentina pertenecen a migrantes, según datos del propio Ministerio de Salud. Su aporte a nivel de servicios esenciales de salud es superior a su participación porcentual a nivel país, que se estima en 4.9 por ciento.
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