La estrategia de los represores de la última dictadura para presentarse como víctimas del proceso de justicia sufrió un contratiempo. Horas antes de que se llevara a cabo la audiencia por el hábeas corpus que tramita su favor, seis fiscales que intervienen en las causas de lesa humanidad se presentaron para decirle al juez Martín Yadarola que no es competente y que debe enviar los planteos a la justicia federal.
Semanas atrás, diez organizaciones que se presentan como de “memoria completa” presentaron un hábeas corpus en favor de los criminales de la dictadura que todavía están presos. Alegan que se agravaron sus condiciones de detención porque, a su entender, no se cumple con la convención interamericana de protección de los derechos de las personas mayores, que insta a buscar alternativas a la prisión. En esa línea, lo que piden es que los manden a sus casas.
Estos grupos –encabezados por Justicia y Concordia– hicieron fórum shopping: no fueron a los tribunales federales, donde tramitan las causas de lesa, y optaron por la justicia ordinaria–históricamente más conservadora. En dos ocasiones, el juez Yadarola rechazó los planteos. Pero la Cámara del Crimen revocó sus decisiones y les dio una luz de esperanza a los grupos que defienden a los represores.
Por orden de la Cámara del Crimen, Yadarola convocó a una audiencia para el jueves a las 10 en la que pidieron ser escuchados los represores, según informó Alberto Solanet, presidente de Justicia y Concordia.
Sin embargo, los planes podrían aguarse. Los fiscales Miguel Palazzani (Bahía Blanca y Neuquén), Adolfo Villatte (Rosario), Marcelo García Berro (San Martín), Alejandro Alagia (Capital Federal), Félix Crous (Capital Federal -ESMA) y Facundo Trotta (Córdoba) se presentaron en el hábeas corpus para decir que el juez no tiene competencia para intervenir y que debe remitir las actuaciones a los juzgados o tribunales federales.
Los fiscales sostuvieron que tienen el deber no solo de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad sino también de velar por el correcto tratamiento de las causas –evitando la duplicación de trámites. Recordaron, además, que se encuentra comprometida la responsabilidad del Estado argentino ante la comunidad internacional en materia de investigación y sanción de los crímenes contra la humanidad.
“A simple vista se advierte con claridad que la acción promovida encubre un mero señalamiento genérico de disconformidad con la modalidad de detención impuesta por cada magistratura judicial, sin indicación de circunstancias concretas y particularizadas de agravamiento de las condiciones de privación de la libertad”, advirtieron los fiscales.
“Se trata de un intento evidente de sustraer de cada juez natural decisiones sobre la forma y condiciones de las medidas cautelares y/o de ejecución de la pena, materia de su exclusiva competencia”, puntualizaron y remarcaron que hay una multiplicidad de situaciones que no son posibles de abordar de manera genérica sino que debe analizarse caso por caso.
La Cámara del Crimen le encomendó a Yadarola hacer la audiencia pública con la presencia de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal. Ambos organismos dependen de Patricia Bullrich, que ya declaró que el proceso de justicia había mutado en uno de venganza. Su jefe de gabinete, Carlos Manfroni, publicó el año pasado en La Nación que se encontraban trabajando en una “solución” para que los represores mayores de 70 años salieran de las cárceles. Casualmente invocó la convención interamericana sobre personas mayores, la misma que citan las organizaciones de “memoria completa”.
“No puede soslayarse que accionante y accionado ejercen una voz pública en sintonía a la pretensión de los primeros –señalaron los fiscales. A la vez, en el marco de esta acción, las víctimas carecen de capacidad para hacer oír la suya, lo que contradice palmariamente lo previsto en la ley 23.372”.
El juez Yadarola debe decidir si declina la competencia, como reclaman los seis fiscales, y, en tal caso, suspende la audiencia.
Noticia en desarrollo
Por
