La primera vez que Miguel Santucho fue a golpear la puerta de Venancio Flores 3519 tenía poco más de 20 años. Fines de los años ‘90. Apogeo de la leyes de impunidad y los indultos. Ese local, enfrentado a las vías del tren Sarmiento, funcionaba entonces como un taller textil clandestino. Una mujer abrió la puerta y miró con extrañeza a los dos pibes que estaban parados frente a ella, Miguel y su primo, Diego Genoud. Le explicaron que sus madres, Cristina Navajas de Santucho y Manuela Santucho, habían estado secuestradas en ese lugar en julio de 1976. Su tío Carlos Santucho había sido asesinado brutalmente en ese sitio. La muchacha les contestó que no los podía dejar entrar, pero se mostró receptiva con lo que le narraban. Hace muchos años que aquel lugar funciona como un sitio de memoria, donde cientos de pibes pasan por año para entender cómo la muerte y la tortura podía estar enclavada en un barrio porteño de casas bajas. El viernes, Miguel volvió al que fue el campo de concentración Automotores Orletti para denunciar, junto a los trabajadores del lugar, la mesa de trabajo y los organismos de derechos humanos, que se había desplomado un techo, producto de la desidia de un gobierno que desmantela las políticas de memoria, verdad y justicia al tiempo que despide trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH).
“Orletti fue el primer juicio que seguí. Fue muy importante para mí”, cuenta Miguel. Para la militancia de derechos humanos, Miguel es el “Tano” Santucho, apodo que se ganó por un acento que arrastra por los años de exilio en Italia junto a su padre y sus hermanos. Durante las audiencias, escuchó relatos desgarradores sobre los días que pasó su madre embarazada en ese lugar. “Fue un baldazo de realidad”, recuerda.
“Más allá de mi historia personal, me duele mucho lo que pasa ahí. Es un lugar muy triste”, dice el Tano. Entre mayo y noviembre de 1976, ese taller funcionó como un centro clandestino de detención, tortura y exterminio regenteado por la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Fue, además, una base del Plan Cóndor, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur. Y fue un espacio en el que hubo embarazadas y niños. Desde 2009 funciona como un sitio de memoria.
A pedazos
El martes, los trabajadores que sobrevivieron a los despidos de la gestión de La Libertad Avanza (LLA) se encontraron con una sorpresa poco grata. Se había caído el techo de una de las piezas del primer piso. Esa habitación fue usada en 1976 por los represores uruguayos que actuaban en Orletti mancomunadamente con la banda argentina de Aníbal Gordon, un hampón que ofrecía sus servicios como agente inorgánico de la SIDE.
Un sobreviviente de ese campo de concentración, Álvaro Nores, declaró que fue en esa habitación donde le comunicaron que sería trasladado al Servicio de Información de Defensa (SID), una casona de Montevideo a la que llevaron también a María Claudia García Iruretagoyena de Gelman, la nuera del poeta, y donde permaneció unos días con su beba Macarena antes de que se la robaran.
Desde hacía tiempo, la pieza se usaba para almacenar los objetos que habían sido encontrados en Automotores Orletti. La mampostería que no se cayó quedó colgando de un cable de electricidad. Ante el riesgo de que se produzca un incendio, los trabajadores decidieron cortar la corriente en la planta alta del espacio de memoria ubicado en el barrio de Flores.
No fue el único techo que se vino abajo: también se derrumbó el del baño. La situación es precaria, y peligrosa. No hay quien se ocupe del mantenimiento y la conservación del lugar porque la única persona que estaba asignada a esa tarea fue despedida.
“Se destruyó prueba material del terrorismo de Estado”, dice Ricardo Maggio, coordinador del sitio de memoria, en la conferencia de prensa que organizó la mesa de trabajo –integrada por organismos de derechos humanos y organizaciones sociales– para denunciar el vaciamiento del lugar. Los trabajadores le informaron formalmente al Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, pero no consiguieron ser atendidos. “No tuvimos respuesta alguna”, se lamentaron.
Baños decidió esta semana despedir a quince delegados gremiales de la (SDH). Cuando quisieron ingresar a la sede principal del organismo en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) los frenaron en seco. Los despidos de quienes tienen estabilidad en el puesto, garantía reconocida en la Constitución nacional y en la ley de Asociaciones Sindicales, se suman a las más de 250 “bajas” que se registran en lo que va del año en la SDH.
Lo que sucede en Orletti repercute en otros países, donde están radicadas sus víctimas. En las últimas horas, hicieron saber su preocupación desde el Colectivo de Sobrevivientes de Orletti en Uruguay, integrantes de la comisión de Sitio del ex-SID. Macarena Gelman es una de sus miembros.
El rol de la justicia
El mismo día en que los trabajadores de Orletti se encontraron con la pieza destruida, el juez federal Ariel Lijo le dijo a Baños que los sitios de memoria deben estar abiertos y en funcionamiento. El magistrado requirió que haya una dotación de personal capacitado, que se realicen tareas de limpieza diarias y de conservación. Parecía una cuestión básica pero la realidad proveyó un ejemplo elocuente.
La resolución de Lijo fue producto de una presentación que hizo la semana pasada Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, en la que advertía que la situación de los espacios de memoria era crítica. En la Ciudad de Buenos Aires funcionan cinco sitios los que fueron los campos de concentración de la ESMA, Orletti, Club Atlético, Olimpo y Virrey Cevallos. Desde 2014, pasaron a la órbita del Estado nacional.
“Los sitios son el lugar donde la memoria se transmite y donde se consolida la idea de la no-repetición”, afirma Montenegro, que es una de las nietas que restituyó su identidad gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo y desde julio del año pasado viene organizando actividades en la Legislatura para visibilizar la situación de los sitios de memoria.
“La justicia tiene que actuar para proteger los sitios. Lo que pasó con el techo de Orletti es elocuente. Hay que poner en valor el rol de los trabajadores y de los sobrevivientes que son revictimizados cada vez que tienen que explicar la importancia de preservar estos lugares. Pero acá hay una responsabilidad de los funcionarios públicos”, insiste.
Días atrás, Montenegro denunció penalmente por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a Baños y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por violar, a su entender, la ley de Sitios (26.691), que establece que los excentros clandestinos deben ser resguardados no solo como prueba judicial sino también para asegurar la transmisión de lo que allí sucedió.
Sin trabajadores no hay memoria
“En este momento, más allá de los organismos de derechos humanos, los lugares que preservan la memoria son los sitios”, dice un grupo de sobrevivientes de lo que se conoce como el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO), un mismo centro clandestino que fue mudándose de locación entre 1977 y 1979.
Olimpo está ubicado a unas 25 cuadras de Orletti. Cuando arrancó la gestión de Javier Milei y Victoria Villarruel, tenía 21 trabajadores. Hoy quedan ocho. Podrían ser menos si la motosierra del gobierno no se detiene. “Quedaron desmanteladas las áreas de investigación, archivo, conservación y biblioteca. También están diezmados los sectores de educación y comunicación”, explican en el espacio que funciona en Floresta. A principios de año, se cayó el techo en el sector de oficinas –no en lo que fue particularmente el lugar de detención clandestina– y se rompió uno de los baños. Jamás se hicieron los arreglos.
La situación no es diferente en Atlético, que, en realidad, es un sitio arqueológico. Desde hace 23 años se trabaja en la zona de Paseo Colón y Cochabamba sobre lo que dejó la dictadura cuando demolió el lugar — que estuvo activo hasta diciembre de 1977– para construir la autopista 25 de Mayo.
En el Atlético, eran 16 trabajadores al comienzo de la gestión. Ahora son ocho, exactamente la mitad. “No hay más investigación, archivo, recursos humanos y en pedagogía solo quedó una compañera”, explican.
A partir de 2022, se decidió excavar la totalidad del predio. Para hacerlo, se necesitaba construir una cubierta que protegiera la excavación. Eso estaba en marcha durante el gobierno del Frente de Todos. Sin embargo, por la parálisis de la obra pública en la administración libertaria, el proyecto quedó en la nada.
Durante los últimos meses, se avanzó con la excavación del sector de celdas. Eso se pudo hacer porque el área queda protegida por parte de la autopista. Y porque a los arqueólogos del Atlético se les sumaron estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y graduados que ya habían hecho sus prácticas en el lugar. La universidad fue la que cubrió los seguros para que las excavaciones se pudieran seguir llevando a cabo.
“Recientemente se descubrió un sector de las celdas donde estuvimos secuestrados y fue el encuentro, más de 40 años después, con la prueba material del horror“, dice Ana Careaga. “Todo esto está en peligro actualmente por esta tremenda ofensiva del gobierno, que con el desfinanciamiento y despidos en los sitios de memoria está llevando adelante el desmantelamiento de las políticas públicas en estos lugares que fueron soporte del accionar del terrorismo de Estado. Estamos frente a un intento de desandar todos los avances en la lucha por memoria, verdad y justicia“, añade.
Virrey Cevallos, el centro clandestino que regenteó la Fuerza Aérea en pleno barrio de Monserrat, a metros del Departamento Central de Policía, se abrió este sábado para hacer visitas guiadas simultáneas. El lugar quedó literalmente sin trabajadores. Dos de ellos podrían recibir un cambio de contratación, que está lejos de ser ventajoso, y continuar con sus tareas. Por el momento, todo es incertidumbre.
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