Las familias del pueblo wichí que habitan en el Impenetrable chaqueño, que ya sobrevivieron a la sequía, ahora padecen la inundación que las priva de agua potable y de comida. La asistencia alimentaria del gobierno provincial que encabeza el radical Leandro Zdero está suspendida desde hace tres meses. Ante esta situación urgente, la defensora adjunta del Poder Judicial de Chaco, Gisela Gauna Wirz, presentó un amparo colectivo para “garantizar el derecho al agua y a la alimentación adecuada”. Sin embargo, la respuesta oficial, en cabeza de la Procuradora Andrea Quevedo, se basó en argumentos burocráticos y pateó la pelota a otro fuero.
“Mi preocupación inmediata es la provisión de agua y comida para el verano. Después dialogaremos otros temas e invitaré a distintas organizaciones a sumarse como amicus curiae. Ahora quedan 5 días para que se resuelva la cautelar”, alertó la defensora ante Página/12. Así, si el Superior Tribunal de Justicia no se pronuncia en los próximos días las comunidades afrontarán un mes más sin respuestas. En ese caso, Wirz anticipó que recurrirá al Sistema Interamericano de Justicia. “La realidad es que tienen hambre. Y así lo dicen. Y si a mí me dicen como defensora que tienen hambre y yo no hago nada, también soy responsable por no cumplir con mi función”, agregó Wirz, en respuesta a quienes sostienen que su iniciativa tiene una intencionalidad partidaria.
Las comunidades indígenas que la medida cautelar busca amparar están en la zona conocida como
“Impenetrable”, en las localidades de Misión Nueva Pompeya, El
Sauzalito, Fuerte Esperanza y poblaciones de los parajes El Tartagal, Tres Pozos,
Nueva Población, Pozo del Toba, Comandancia Frías y Fortín Belgrano. Es una región caracterizada por la pobreza estructural, sin
acceso por ruta de asfalto, con caminos de tierra que se tornan intransitables durante
las lluvias, con carencia de servicios básicos como
luz, agua, vivienda, salud, educación y justicia. Todo eso determina las condiciones de vida de los pueblos originarios de la zona, donde se evidencia una problemática histórica y multidimensional, que refleja distintas intersecciones de derechos humanos esenciales
vulnerados. Según datos del INDEC, la zona es identificada como de “pobreza
crítica”.
En el texto de la solicitud de amparo, la defensora describió que algunas de las condiciones que se viven, de acuerdo a los propios
testimonios de las comunidades, son el hambre, la malnutrición y desnutrición
crónica, la falta de agua potable, la falta de trabajo, la pobreza extrema (caracterizada por una privación severa de necesidades humanas
básicas, incluyendo alimentos, agua, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información), relocalizaciones forzadas y tensiones con los habitantes
criollos, políticas estatales de integración, enfermedades y perturbaciones en el
sentimiento de identidad causadas por todo ello. “Las relocalizaciones forzadas –muchas veces por la falta de agua o de alimentos– influyen en la pérdida de
las prácticas culturales y de los recursos, también en los cambios dietarios forzosos
redundando en malnutrición y desnutrición, y en gran medida en la pérdida de su
organización social”, indicó Wirz.
Encima, el desmonte
En este contexto, los proyectos y acciones de ONGs y de grupos religiosos, e iniciativas aisladas y esporádicas puestas en marcha desde el estado provincial o nacional, no han “logrado paliar las inequidades en derechos humanos e implementar
metodologías para responder a las razones por las cuales estas comunidades viven
estas situaciones de indefensión y ausencia de respeto a sus derechos
constitucionales”. Además, explicó la defensora: “esto se ve agravado por el desmonte y avance de la frontera agrícola, siendo
que para la cosmovisión indígena el territorio es concebido como un todo
intrínsecamente ligado a la vida espiritual comunitaria, con el que se relacionan en
armonía donde se desarrolla su vida, y les provee de alimentos y medicina”.
Así, el amparo tiene “como primer objetivo inmediato que se garanticen la
alimentación y acceso a agua potable de las comunidades, habiéndose detectado
en las múltiples visitas a las localidades y parajes, y reuniones con sus pobladores,
que en el último tiempo la situación alimentaria se agravó considerablemente, con
los recortes a comedores y ayuda social”. A pesar de que en los últimos
años el acueducto logró llegar hasta las localidades del Impenetrable, “las
poblaciones rurales siguen sin poder acceder al agua potable por falta de obras que
permitan acceder a la red de agua”.
Como segundo objetivo, se pretende generar un espacio de consulta con las
propias comunidades indígenas, respetando su cosmovisión, para elaborar un plan
de trabajo integral e intercultural, que contemple la realización de medidas
adecuadas, efectivas y suficientes a fin de avanzar progresivamente en el
cumplimiento de los derechos humanos vulnerados lo largo de tantos años al pueblo
wichí. “En definitiva, se pretende la observancia de lo establecido en el artículo 75 inciso 22
de la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT”, precisó Wirz.
La presentación de la defensora es producto del consenso de la población wichí que, luego de un acampe realizado en agosto a la vera de la ruta del acceso a la ciudad de Juan José Castelli, decidió recurrir
a la vía judicial para garantizar sus derechos ante la falta de respuestas a las vías
directas de protesta, y a las amenazas de criminalización. “Las personas del pueblo wichí son las más olvidadas de la provincia del
Chaco por los gobernantes de turno, están en zonas mas
alejadas de los centros urbanos, y no fueron beneficiadas por otras medidas judiciales,
como la que obtuvieron los pobladores de la zona del interfluvio, principalmente
pertenecientes al pueblo Qom, solicitada por el entonces Defensor del
Pueblo de la Nación en el año 2007 y resuelta favorablemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
Morir lentamente
“Tenemos infinidad de problemas serios que ningún gobierno ha podido, o ha querido, solucionar. Tenemos chicos y personas mayores de bajo peso y desnutridos, estamos peor porque al menos los anteriores gobiernos al menos asistían, hay chicos y embarazadas que mueren por los caminos buscando una asistencia médica que no llega, los wichí nos estamos muriendo lentamente”, denunció Ariel Fabián, líder de la Guardia Washek, a Página/12 desde Sauzalito, una de las tres jurisdicciones afectadas. “Estamos totalmente complicados sin asistencia alimentaria, el gobernador Leandro Zdero hace su campaña con los punteros políticos en lugar de asistir a la gente, y la gestión anterior prometió rutas para el Impenetrable pero nunca las hicieron, éste dijo directamente que no las va a hacer”, agregó el referente wichí.
A este cuadro se suma “el problema del narcotráfico, el de la tala de madera con negociados del gobierno y del Poder Judicial, y ahora todo será peor porque el gobierno de Milei derogó la ley 26.160 que impedía los desalojos, nos quedamos sin herramienta para cuidar nuestras reservas, que aún no están titularizadas”. Este diario consultó a Zenon González, otro referente wichí, y recibió estas imágenes como respuesta.
Entre los testimonios que Wirz sumó a la solicitud de amparo, hay uno en el cual un hombre desde Tartagal dijo que esa zona está olvidada del Estado. “Nunca tuvimos ayuda, no tenemos atención médica, es hora que los funcionarios resuelvan las problemáticas de los pueblos, cuando la gente se levanta y corta la ruta le mandan la policía para reprimir, el intendente Jorge Monzón (intendente de Sauzalito) prometió en campaña y no cumplió”. En otros videos, filmados en octubre, se muestra que la comida para la escuela son fideos con gorgojos, los caminos están intransitables por el barro y la inundación, las casas precarias tienen techos en mal estado, sin acceso al agua potable y a luz eléctrica.
“Es obligación de quienes somos defensores y defensoras acompañar los reclamos de las personas en situación de vulnerabilidad y brindarles asistencia jurídica, facilitando así su acceso a la justicia”, manifestó Wirz. Y agregó: “Este acto es también un pedido de auxilio ante la falta de respuesta, o la respuesta insuficiente por parte del gobierno por el cual estas personas están intentando visibilizar la desesperada situación que atraviesan. Pese a la urgencia y a la gravedad de lo denunciado, se debe resaltar el pedido que hacen a través de esta acción de amparo, y que no se trata solamente de la provisión de agua y comida –necesarias para vivir–, sino también de ser tenidas en cuenta en lo sucesivo en las políticas públicas y dialogar con las autoridades a fin de encontrar soluciones consensuadas y culturalmente adecuadas a estos problemas de larga data, lo que es necesario para sobrevivir como pueblo”.
El extenso pedido de amparo de la defensora concluyó que “una vez más se pone en cabeza del poder judicial garantizar derechos humanos fundamentales como la alimentación y el agua, pero también se le requiere una mirada intercultural, que brinde un remedio estructural que persigue esta forma de intervención judicial en la administración de la cosa pública es a fin de asegurar los derechos fundamentales vulnerados por el propio statu quo gubernamental o administrativo”. Así, afirmó sin eufemismo que “el juez se ve enfrentado a corregir una ‘condición social’, o una interacción continua, que no depende necesariamente del marco jurídico aplicable, sino del modo en que determinada organización, política pública o norma viola o amenaza sistemáticamente ciertos derechos fundamentales”.
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