La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) marchó este martes a Parque Lezama para reclamar contra la decisión del Gobierno porteño de dejar de pagar los traslados de los recuperadores urbanos que día a día llegan desde el conurbano bonaerense a la ciudad. Aseguran que la decisión, que impacta sobre alrededor de 3500 trabajadores y trabajadoras, recorta su salario “de forma encubierta”, ya que los cartoneros deberán pagar de sus bolsillos el viaje, mientras que “pone en riesgo el sistema de reciclado con inclusión que es modelo en toda América Latina”.
La masiva columna de la federación nucleada en la UTEP llegó en horas del mediodía al Parque Lezama, frente al que están las oficinas del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño, que tiene a cargo el sistema de reciclado oficial de la ciudad. “Sin cartoneros no hay reciclado“, decía una de las banderas que encabezaba la columna, mientras que otra hacia foco en el reclamo central de la movilización: “Sin micros los pibes se quedan sin futuro“.
El valor del reciclaje
Hasta hace dos semanas, los y las trabajadores del reciclado puerta a puerta que llegaban a la ciudad desde el conurbano tenían garantizado su traslado ida y vuelta en colectivos particulares. De un momento al otro, sin embargo, el GCBA decidió cortar esos traslados al sostener que constituía un “privilegio” que “beneficiaba a un grupo reducido de cooperativas”, ya que el resto de los trabajadores y trabajadoras que realizan las mismas tareas “nunca accedieron al mismo trato“.
Alicia Montoya, de la cooperativa El Álamo, una de las que realiza día a día el servicio de reciclado, señaló a Página/12 que “el Gobierno ya había profundizado una serie de recortes contra el sistema, pero todo se agravó con el recorte del derecho adquirido que es el transporte, que a su vez es constitutivo del ingreso, y que hoy es de 390 mil pesos por mes; esto hace que los compañeros tengan que pagar el viaje de su bolsillo”. La federación hace hincapié en que la necesidad del traslado no es sólo económica sino que también tiene que ver con la imposibilidad de viajar en transporte público desde los distintos puntos del conurbano a la ciudad, ya que los recorridos y demoras se harían mucho más extensos, dificultando incluso la puesta en marcha de los recorridos de reciclado.
El recorte llega, además, en un contexto de fuerte caída del precio del cartón, cuya venta sirve a los recuperadores para complementar el magro ingreso que reciben por parte del GCBA. “El Gobierno nacional permitió ahora que se pueda importar la basura, y eso hizo que los precios se desplomaran. Sólo por poner un ejemplo: un kilo de cartón estaba 300 pesos en diciembre de 2023 y hoy está 150 pesos. Así que todos los derechos adquiridos hacen parte del ingreso de los recicladores, no sólo el transporte sino otras cosas en las que se está ajustando como los uniformes, elementos de protección, bolsones, camiones y hasta artículos de limpieza para centros verdes”, advirtió Montoya.
Una salida laboral ecológica
Durante la movilización tomó la palabra el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Nicolás Caropresi, quien apuntó que “los únicos que hicieron algo por el medioambiente en la Ciudad de Buenos Aires son los cartoneros y ahora son perseguidos”. “En el 2001 se inventaron un trabajo, no porque les guste buscar en la basura sino porque ahí encontraron su salida laboral. Y cuando la policía los perseguía empezaron a pelear por un sistema que reconozca su trabajo y así mejoramos el sistema de reciclado“, agregó. Desde la federación advirtieron que la decisión del GCBA “condena a la Ciudad a estar más sucia” y “pone en riesgo el sistema de reciclado con inclusión que es modelo en toda América Latina”.
“El servicio de traslado para los asociados a las cooperativas que prestan servicio de higiene urbana constituye un estándar de protección que no puede perderse, su eliminación implicaría un retroceso en las políticas de inclusión y reconocimiento del trabajo que desarrollamos, vulnerando el principio de no regresividad en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en especial respecto de grupos históricamente vulnerados, y también afecta a la viabilidad técnica y operativa del funcionamiento general del sistema“, aseveraron. Y añadieron que “esto va a contramano de la normativa internacional y local que el GCBA debe garantizar”.
El trabajo de los y las recuperadoras está garantizado por distintas leyes locales desde la creación en 2002 de esa figura legal a través de la Ley N°992 aprobada ese año por la Legislatura. Desde entonces se sumaron distintas leyes y resoluciones que ampliaron la cobertura de su trabajo, así como sus derechos y conformaron el actual marco legal por el que funciona el programa que permite a los más de 6 mil trabajadores ir puerta por puerta de cada barrio en busca de los materiales reciclables.
Fuente: Pagina12
