“De casta yo no tengo un pelo”, dice el cartel de cartón, pintado con fibra negra, que Diego lleva entre las manos. Está parado a 50 metros de uno de los portones de ingreso a la quinta de Olivos, junto al resto del grupo del hospital de día de la Fundación CPI, especializada en personas con discapacidad psicosocial. Diego se quedó pelado hace años, así que el chiste se cuenta solo. La ironía de la “casta”, también: a varios de sus compañeros de fundación el Gobierno ya les dio de baja la pensión no contributiva de 170 mil pesos por mes; y a otros tantos ya les envió la carta documento que los intima a revalidar ante las autoridades su condición de desempleado, bajo apercibimiento de dejar de cobrarla. “Así de cruel es la cosa”, dice Mauricio Ruiz, su terapeuta y uno de los fundadores del CPI. Ruiz cuenta, además, que el ajuste en el valor de las prestaciones de salud que determinó el Gobierno hace que no llegue a cubrir ni la mitad de los costos operativos del hogar. “Perdimos por goleada con la inflación”, se lamenta, y agrega que el combo de “retroceso en materia de de derechos” del colectivo “es sistemática” desde que Javier Milei asumió la presidencia.
Los alrededores de la quinta presidencial se llenaron este miércoles de historias similares durante las dos horas que duró la movilización y el acto que realizaron las organizaciones que nuclean a las personas con discapacidad. Fue la tercera marcha –y las más numerosa– que hicieron en lo que va del año año, con la idea de llevarle a Javier Milei un petitorio que es casi el mismo que le entregaron la primera vez, allá por febrero. Desde entonces “no cambió nada, es más, cada vez estamos peor”, contó a Página/12 Daniel Lipani, vicepresidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales (Aiepesa).
El principal reclamo de Aiepesa y el resto de los prestadores de educación, salud y transporte que se movilizaron pasa por el aumento urgente del valor de los servicios que ofrecen. Ese valor lo fija el Gobierno a través de un nomenclador oficial, que luego pagan las obras sociales y el Programa Incluir Salud. Como ese monto está prácticamente congelado desde hace largos meses, muchas escuelas especiales y centros de día y de rehabilitación están al borde del cierre: no les alcanza para funcionar. “Algunas de nuestras escuelas están planteándose si abren o no el año que viene. A ese límite estamos llegando”, describió Lipani sobre la situación de “desesperación” que atraviesa el sector.
Las voces
El ahogo presupuestario al que están sometidos los prestadores repercute negativamente en la calidad de los servicios que prestan. María, una vecina de Lomas de Zamora cuyos dos hijos padecen retraso madurativo y una de las tantas enfermedades poco frecuentes (EPOF), dice que su mayor miedo es que ambos se queden sin atención. Los dos necesitan de la ayuda de kinesiólogos, pedagogos y transportistas para mantener una vida con un mínimo de dignidad. “Yo sé que los profesionales cobran a seis meses y una miseria, pero igualmente dan todo y son excelentes en lo que hacen. Por suerte, yo tengo la cobertura vía obra social. Pero estoy acá protestando porque no quiero perder ese derecho, y sé que está en riesgo. Si me quedo sin esa cobertura, no podría pagarlo nunca de mi bolsillo”, explica.
Mariela, otra de las madres movilizadas –se contaban de a decenas– pasa por una situación similar. Tiene una hija con retraso madurativo y una sobrina diagnosticada con esquizofrenia. Marchó con ambas, de la mano. Las dos reciben atención médica y estudian a jornada completa en el Centro Terapéutico del Sur, un instituto privado de educación especial de Florencio Varela. Desde que empezó a notarse el ajuste, dice, se empezó a recortar la comida que los chicos reciben a diario en la escuela. “Ahora les preparo yo las viandas”, cuenta. El transporte, además, pasó a ser uno sólo para todos, por lo que tiene que hacer doble recorrido. “Son cosas que, sumadas, van repercutiendo de mala manera”, agrega.
La actriz Valentina Bassi llegó con su hijo Lisandro, un adolescente de 16 años con autismo. Bassi remarcó la importancia de la magnitud de la marcha. “El colectivo de la discapacidad es pequeño y a todos nos cuesta mucho movilizarnos. Pero fuimos muchos miles: papas, mama, prestadores, escuelas, profesionales, transportistas, las propias personas con discapacidad. Es la única forma que encontramos para frenar tanto destrato, tanto ataque”, le dijo a este diario.
“Las personas con discapacidad y sus familias siempre tenemos que estar reclamando por nuestros derechos, gobierne quien gobierne. Pero lo que está pasando ahora es muchísimo mas grave que otras veces. Están en jaque las escuelas de día, los hogares, todos. Los aranceles son bajísimos, a un nivel alarmante”, explicó. “Eso es muy peligroso, porque algunos van a empezar a cerrar, o se endeudan, o se achican, lo que hace que muchos se queden afuera, sin sus apoyos”, agregó.
“Lo que me pasa como mamá de un adolescente con discapacidad es que siento que a la incertidumbre cotidiana que los padres y madres tenemos sobre el futuro de nuestros hijos, sobre que grado de independencia van a poder conseguir, a esas preguntas que nos acompañan toda la vida, se le suma la incertidumbre de no saber si van a poder seguir yendo a las terapias de apoyo que necesitan, mañana mismo. Eso es estresante, desgastante y muy triste”, concluyó.
Los reclamos
La marcha frente a la quinta presidencial se replicó también en San Miguel de Tucumán, Rosario, Mendoza y Córdoba. El lema en todos los casos fue “Justicia, basta de quitas”. El petitorio que le presentaron a Milei –que a esa hora estaba en Casa Rosada para reunirse más tarde con su par de de Italia, Giorgia Meloni– exigía:
* Que se derogue el decreto 843/24, que endurece los requisitos para acceder a las pensiones (dejó de ser compatible con tener trabajo en blanco o un auto a nombre del titular), al que consideran “un retroceso” en materia de derechos, “ya que
vuelve al criterio de pensión por invalidez laboral” y deja de lado el modelo integral de discapacidad de la Convención de la OIT al que el país adhiere con rango constitucional.
* Que se revierta el ajuste en materia de pensiones que está previsto, al menos por ahora, en las metas del presupuesto 2025. Tal como adelantó este diario, el recorte sería de unas 200 mil, aunque el titular de la ANIDS, Diego Spagnuolo, reveló que hay unas 600 mil “en revisión”.
* Que los aranceles de las prestaciones básicas que fija el Estado nacional
a través de la ANDIS tengan aumentos “acordes a los reales costos
de las mismas”. “Los actuales están por debajo de la inflación y los aumentos de
salarios establecidos por los sindicatos”, dijeron. Ese reclamo incluye también una “recomposición del sueldo de los trabajadores de los Talleres Protegidos, que
actualmente es de $28.000 sin ningún aumento desde febrero de 2023”.
* También exigieron “medidas que lleven a avances progresivos con el cumplimiento del cupo
laboral del 4% en el estado nacional establecido por Ley”, además de
* “Una ley que establezca una asignación universal por discapacidad”. Las organizaciones ya están trabajando en un proyecto, que sería presentado junto al diputado Daniel Arroyo el próximo 3 de diciembre en la Cámara baja.
El cierre de la marcha fue con el himno nacional y con números musicales a cargo de los asistentes a los hogares. Mientras juntaba sus cosas para volver a su casa, Mónica, cuyo hijo Santiago tiene Síndrome de Guillain, resumió el espíritu de la marcha: “¿Por qué el ajuste lo tenemos que pagar nosotros? Siempre nos ponen en el lugar de que somos un gasto, y no portadores de derechos”, dijo.
“Es hora de que Milei cumpla sus promesas y use la motosierra contra la casta, que es él, y no para recortar los derechos esenciales de las personas con discapacidad”, dijo el legislador porteño Juan Manuel Valdés, que estuvo presente en la marcha.
Por
