El Ministerio Público Fiscal pidió penas de prisión perpetua para 11 de los 35 militares y policías retirados y civiles que llegaron a la instancia de alegatos en el juicio de lesa humanidad por secuestros, torturas, asesinatos, abusos sexuales y allanamientos ilegales cometidos contra casi 200 personas durante la última dictadura cívico militar en las ciudades de Tandil, Azul, Olavarría y otras localidades del centro bonaerense. El petitorio incluyó también penas de entre 3 y 20 años de cárcel para la mayoría del resto de los acusados, así como la absolución para otros cuatro.
Tras ocho audiencias consecutivas, el fiscal Santiago Eyherabide junto a los auxiliares fiscales María Eugenia Montero y Julio Darmandrail culminaron la semana pasada su alegato final en el debate oral y público que desde febrero de 2022 juzga a decenas de militares retirados, expolicías y civiles por crímenes cometidos en diversos centros clandestinos que instalaron para desarrollar el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio en lo que fue la Subzona militar 12.
“De manera indiscutible se ha probado que los hechos materia de imputación están incluidos dentro de los crímenes cometidos por miembros del aparato estatal que actuaron durante el último gobierno de facto instaurado en nuestro país y que constituyen delitos de lesa humanidad, con las consecuencias jurídicas propias que esa categoría implica”, consideró el fiscal federal Santiago Eyherabide a mediados de septiembre pasado, en la apertura de la exposición.
Al cabo de 30 meses de audiencias en las que declararon más de 200 testigues, se analizó prueba documental y se llevaron a cabo inspecciones oculares en lugares que funcionaron como centros clandestinos, la acusación pública concluyó que la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos de 192 personas sucedidas entre 1974 y 1983 en las ciudades bonaerenses de Tandil, Azul, Olavarría, Saladillo, Rauch, Bolivar y Las Flores, territorios que en aquellos tiempos de genocidio estuvieron bajo control de lo que las fuerzas armadas denominaron Subzona 12.
Ante los jueces Nicolás Toselli, Fernando Machado Pelloni y Luis Imas, integrantes para el presente debate del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, las partes abordaron decenas de casos de privaciones ilegítimas de la libertad llevadas a cabo a través de allanamientos ilegales en las viviendas de las víctimas o en sus lugares de trabajo, que muchas veces incluyeron robos, explican desde el sitio informativo del Ministerio Público Fiscal. También se analizaron los homicidios agravados de ocho militantes –Pedro Mazzocchi, Daniel Reynaldo Medina, Carlos Moreno, Carlos Alberto Labolita, Alfredo Thomas, José Luis Musmeci, Norma Raggio y Raúl Balbuena– y la violación de dos mujeres.
Las personas secuestradas transitaron cautiverio, soportaron torturas y abusos así como “horrendas condiciones” de encierro, puntualizó la Fiscalía, en centros clandestinos que funcionaron en comisarías, cárceles y otros espacios como la “Quinta de los Méndez”, “La Huerta” y el Ex ISER en Tandil. También la estación del ferrocarril donde actualmente funciona el Jardín De Paula, en Azul, y el predio Monte Peloni, en Olavarría, especificó la Agencia de Comunicación de la Universidad del Centro (Unicen), en cuyos espacios se transmitió el debate desde sus comienzos.
“Todos y cada uno de los crímenes aquí juzgados revisten la cualidad de ser delitos contra la humanidad y, como tales, imprescriptibles”, remarcó la fiscalía en la última jornada de su alegato. En uno de los fragmentos de su exposición, la auxiliar Montero destacó que los crímenes “no habrían podido cometerse si no hubiese existido ese total estado de vulnerabilidad e indefensión de las víctimas frente a sus captores, extremo este último que era parte esencial del plan implementado”.
El devenir de la causa
En un comienzo, los acusados fueron 26. Pero al debate se fueron incorporando tramos de la causa en instrucción que ampliaron la lista, del mismo modo que la impunidad biológica resguardó de la Justicia a algunos represores, de fuerzas militares o de seguridad o civiles, que fallecieron sin condena. Uno de ellos, por ejemplo, fue Emilio Méndez, uno de los hermanos dueños de la Quinta de Méndez, en donde estuvo secuestrado antes de ser asesinado Carlos Moreno, abogado laboralista, militante y papá del subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Moreno. Los hermanos habían sido condenados en primera instancia por esa muerte y luego absueltos por tribunales superiores.
La Fiscalía solicitó penas para 31 de los 35 acusados que finalmente llegaron a instancias definitorias de juicio. Para los militares retirados Osvaldo Repetto, Héctor Martínez Salgado, Román Valdecantos, Martín Luzuriaga, Roberto Jorge Casares, Alejandro Duret, Raúl Andrés Ara, Ricardo Arce, Gustavo Caceres, Daniel Alfredo Ceresoli y Luis Ignacio Gómez Centurión. Para otros 20 acusados indicaron penas de entre 3 y 20 años de cárcel. Para Méndez, por ejemplo, la solicitud fue de 10 años de encierro. En su caso, sostuvo la Fiscalía, “no puede aducir un orden jerárquico, sino que más bien se trata de una colaboración deseada para la ejecución del hecho”.
Para el militar retirado Francisco Sarmiento y los expolicías Raúl Carlucho, Norberto Ferreras y Pedro Aguirre, la acusación pública solicitó la absolución. Este viernes será el turno de alegar de las querellas de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
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