El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, abrió primero el camino y ahora el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, busca acelerar los tiempos para que las sesiones extraordinarias que convocó el Gobierno no se estanquen: se reunirá la semana próxima con los bloques colaboracionistas en busca de acordar un cronograma, reunir consensos y los votos para aprobar en Diputados seis de los de los siete proyectos que el presidente Javier Milei envió al Congreso. En la Casa Rosada ya reconocen que difícilmente cuenten con el apoyo para la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En las reuniones previas, Francos recogió opiniones de los dialoguistas en contra de esa propuesta y el oficialismo abrió una ventana de negociación para suspenderlas en la elección de este año.
Menem arrancará contrarreloj en la última semana de enero las negociaciones con las bancadas amigables –que incluiría al PRO, UCR, Encuentro Federal y MID– para tratar de llevar al recinto lo más rápido posible los seis proyectos que debe abordar la Cámara, aprobarlos y enviarlos al Senado para convertirlos en ley antes que finalice el periodo de sesiones ordinarias que según el decreto presidencial culminan el 21 de febrero.
La Cámara alta no tendría actividad hasta entonces, ya que el único proyecto incluido en el temario de la convocatoria y que es de su absoluta competencia, el propio Francos le bajó el pulgar: el tratamiento de los pliegos de los dos candidatos a ocupar un poltrón en la Corte Suprema. “No hablamos del tema”, dijo el jefe de Gabinete tras la reunión de este miércoles con los bloques aliados en el Senado. Las candidaturas del juez federal Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla deberán esperar hasta que se abra una negociación con Unión por la Patria.
Diputados tendrá en sus manos los seis proyectos con los que comenzará el debate: la eliminación de las PASO junto a la “reforma política”; la modificación del régimen de reiterancia delictiva; la compensación e índice de actualización de quebrantos; la implementación del juicio en ausencia; y ficha limpia. Además de la llamada Ley Antimafia sobre el crimen organizado, que ya tiene media sanción del Senado.
El cronograma inicial propuesto por Francos a los bloques aliados es que el 4 y 5 de febrero se trate en comisiones la eliminación de las PASO para llevar el proyecto al recinto al día siguiente, el jueves 6. Y en forma paralela avanzar con otras iniciativas que tienen mayor consenso.
Pero ya en los encuentros previos el oficialismo sufrió un primer revés: sus aliados más íntimos no comparten la idea de eliminar las PASO. Se trata de una bandera que los libertarios enarbolaron con el argumento del “costo fiscal” pero que apunta a mantener la fragmentación política entre sus posibles competidores en las elecciones.
En el PRO, la mayoría que prefiere transitar por el camino que adoptó el alcalde porteño, Jorge Macri, de ir por la suspensión de las PASO en CABA en medio de un debate interno en el partido amarillo sobre si conformar o no una alianza electoral con LLA. La UCR, necesitada de una herramienta para resolver sus diferencias no quiere su derogación y afirman que “podrían acompañar si el Gobierno consigue los votos para la suspensión”. El bloque de diputados de UxP tiene una mayoría a favor de no utilizar las PASO, aunque su voto decisivo podría inclinarse también por la suspensión.
El grueso de los bloques opositores tampoco acompañará la “reforma política”, que como apéndice del proyecto sobre las PASO también propone eliminar el financiamiento del Estado a los partidos políticos, las campañas electorales y la publicad electoral en medio audiovisuales.
El oficialismo tampoco tiene el camino allanado para el debate de los otros proyectos. Los colaboracionistas plantean modificaciones en los textos, como en el caso de los quebrantos, donde el PRO planteó objeciones.
Lo mismo podría suceder con el proyecto que envió el Gobierno sobre “ficha limpia”, en reemplazo del texto que impulsaba el macrismo, y que desde UxP denuncian como una iniciativa dirigida a la “proscripción” de la titular del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner. Al rechazo del bloque peronista se sumó la resistencia de algunos bloques provinciales que podría hacer naufragar el proyecto en el Senado, por lo que el impulso que le dio la Casa Rosada como moneda de cambio para los bloques amigos comenzó a perder fuerza por temor a una derrota.
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