En el complejo panorama político que atraviesa la República Mexicana, este domingo se votó un nuevo y acaso revolucionario sistema electoral judicial, según el cual México elige por primera vez a los jueces de todo el sistema judicial a través del voto popular.
Consultado por esta columna, el Licenciado Jorge Luis Bernetti, veterano dirigente del exilio argentino en México (1974-1984) reflexionó: “Creo que la elección directa de jueces es un paso hacia la democratización del poder judicial. Que en México como en los demás países de América Latina ese poder del Estado es un reducto de las minorías poderosas, no es una novedad mundial. También en muchos Estados norteamericanos los fiscales generales son elegidos por voto popular. De manera que esta experiencia mexicana es un paso enorme para tener jueces que miren simpáticamente al poder económico y a todos los poderes dominantes. Tendrá que desarrollarse y no hay que pedirle de entrada lo que durante siglos las fuerzas hegemónicas en la sociedad no pudieron lograr: la Justicia plena”.
En ese sentido el obradorismo –coalición política gobernante liderada en el último sexenio por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, popularmente llamado AMLO– ha encabezado y realizado cambios profundos en México en la última década.
Formado por el Partido Morena y el Partido del Trabajo (PT) –a los que se sumó el Partido Verde Ecologista que antes se alineaba con el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que gobernó México durante 70 años– se lanzaron hace menos de una década a una apuesta político institucional realmente audaz.
Aunque todavía falta oficializar los resultados, el balance de la elección intermedia de ayer domingo deja un sabor agridulce que debe ser analizado lejos de todo triunfalismo o derrotismo. Al menos observando el punto de vista obradorista, caben tres niveles de análisis: un resultado mediocre en la Cámara de Diputados; un pequeño retroceso respecto de la anterior legislatura agravado por el voto castigo en zonas urbanas como Ciudad de México, Puebla o Guadalajara; una compensación ante el avance territorial que le permitiría a Morena gobernar la mitad de los 32 Estados del país y contrarrestar la hasta ahora mayoría opositora.
El obradorismo parece haber aprobado este fin de semana el primer gran test de las elecciones intermedias, y en función de ello lanzó una sacudida de tablero que supone resultados electorales que permitirán un cambio severo en materia judicial. México es, desde ahora, el segundo país latinoamericano que elegirá magistrados judiciales por voto popular.
Hasta el momento, solamente Bolivia aplicaba un sistema de votación popular para los cargos judiciales, lo que nunca fue muy cuestionado. Al revés que en México ahora, donde la reforma constitucional impulsada por AMLO y aprobada por el Congreso en septiembre pasado, sí desató temores e inquietudes en un país ya enervado por su sistema electoral poco o nada confiable, que de pronto entró a una etapa de reconstrucción que cuestiona grandemente su funcionamiento democrático y la elección de magistrados judiciales mediante elecciones populares. Algo que al menos este columnista anhela con fervor para suplantar el arcaico, distorsionado e injusto sistema judicial argentino.
Cierto que el cambio será enorme, que México es la primera experiencia continental y que todo ello, a estas horas, es de resultados imprevisibles. Porque en México ahora se cambiará no sólo la Corte Suprema de Justicia sino todo el Poder Judicial nacional, completo e incluídos miles de funcionarios judiciales locales. Nada menos que 881 funcionarios federales y casi 2.000 estatales (para nosotros provinciales) en 19 de los 32 Estados (provincias) del país.
El padrón electoral mexicano es de casi 100 millones de votantes habilitados. Y según informes circulantes, de unos 3.400 aspirantes federales resultarán 9 ministros/as para la Corte Suprema nacional, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de las Salas Regionales de dicho poder, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 jueces y juezas de Circuito.
Lo más notable es que estos cargos –cuya sola enunciación es abrumadora– son menos de la mitad del total de puestos judiciales de todo México, cuya otra mitad será elegida en el año 2027.
Este domingo hubo boletas electorales de diferentes colores, donde aparecieron del lado izquierdo las candidatas y del lado derecho los candidatos. Todas y todos fueron propuestos por comités evaluadores de los 3 poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La campaña viene realizándose desde el pasado 30 de marzo y el debate nacional fue complejísimo. Tanto que la elección popular de nuevos funcionarios para el Poder Judicial fue tan aplaudida como rechazada por organizaciones populares, sociales y académicas. Los reparos: que no necesariamente se favorecerá al sistema político, ni se garantizará la independencia de poderes. Y también se cuestionó que puedan propiciar el crimen organizado en el sistema judicial. Una advertencia recurrente ha sido que la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que candidatos a magistrados busquen complacer a votantes o patrocinadores de campañas con el fin de aumentar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas sólo en principios y normas jurídicas.
La presidenta Claudia Sheinbaum, como era natural, defendió públicamente estas elecciones. Y destacó que ella misma renunciaba a su derecho de elegir a los ministros de la Corte porque “es decisión del pueblo; por quién vota el pueblo”.
También lanzó duras críticas al actual máximo Tribunal de Justicia, del que dijo que durante la administración de AMLO –bajo la bandera de Morena, el partido por el que ella fue elegida–, la Corte actuó “fuera de sus facultades” y frenó injustificadamente leyes aprobadas por el Congreso. Y puntualizó: “El poder judicial está mal, hay nepotismo. La justicia no es pareja, libera a delincuentes”.
Hay que decir que tampoco en México las oposiciones son homogéneas. De hecho se multiplicaron las argumentaciones contra el riesgo de abrir la posibilidad a que jueces respondan a poderes fácticos, incluido el crimen organizado. En consonancia, se escucharon llamados a boicotear las elecciones y se planificaron marchas de disconformidad. Todo lo cual muestra que persisten temores en ciertos ámbitos.
En el orden político, obvio, hubo de todo, y ahora sólo hay que esperar los resultados finales oficiales, en un contexto muy complejo que puede demorarse. Por eso esta columna consultó a un veterano y magnífico cantante de ópera mexicano, que hace décadas fue alumno de Comunicación de este columnista en la Universidad Iberoamericana. Y su respuesta fue: “En lo personal, no conozco a nadie que vaya a votar este domingo, o que por lo menos lo diga abiertamente. Una encuesta del diario El Universal estima que solo el 50% de quienes respondieron están “muy” o “algo” interesados en la elección. Ha de ser que a la otra mitad no les interesa”.
Claro que a la vez la oposición se encuentra desarraigada y disminuida después de sufrir fuertes derrotas en las elecciones de hace un año. Claudia Sheinbaum ganó la presidencia con casi el 60 % de los votos y Morena, su agrupación, ganó dos tercios de las curules en la Cámara de Diputados y el Senado. A eso se le llama, en México, “tener el carro completo”.
Claro que también cabe señalar que hasta ahora, sigue el entrevistado, “a pesar de ser un sistema judicial lento, ineficaz y en buena medida corrupto, al menos el poder judicial fue hasta ahora una barrera de contención contra decisiones arbitrarias del Ejecutivo, particularmente durante el sexenio de López Obrador”.
Quizás o seguramente por eso, y mientras se despide, deja esta frase inquietante: “Los resultados se sabrán recién el 15 de junio y de antemano es fácil vaticinar que ‘ganarán’ los candidatos de Morena”. Lo que es sólo una opinión, claro está, pero que proviene de un contestatario disgustado porque la nueva mayoría morenista en el Congreso enmendó la Constitución y votó una ley para elegir por primera vez en la historia a la mitad de los 2.600 jueces de tribunales locales, estatales y federales, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia. La otra mitad se votará en 2027 pero –concluye camino a la Ópera– “para no participar en esta farsa, en octubre pasado 8 de los 11 ministros renunciaron a sus cargos”.
El diario Financial Times señaló que la elección del domingo fue un “experimento kafkiano” y que “la reforma judicial es vista por las empresas como un disuasivo adicional a la inversión. Nadie podrá ganarle al gobierno, incluso en disputas fiscales y de competencia.”
Y otro medio foráneo, el New York Times, destacó que el 72% de mil consultados coincidió en que esta elección era “necesaria”. Sin embargo, solo el 23% supo precisar a algunos de los 7.700 candidatos que se postularon. Y aunque en las últimas semanas varios medios se apresuraron a condenar supuestos “acarreos” de votantes así como “repartos de boletas” con los nombres de los candidatos de Morena, nada se ha probado y es tranquilizador que las cartas hasta ahora no se vieron marcadas. @
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