Con el amañado argumento de combatir el “terrorismo internacional” y al crimen organizado, el gobierno nacional dictó un decreto que bordea la transgresión de lo dispuesto por la Ley de Seguridad Interior respecto de la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Autorizó el despliegue de fuerzas militares en sitios que algún funcionario de turno considere “de valor estratégico” para el Estado.
El decreto 1107/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial establece que, en caso de ataques, daños o destrucción de espacios de “vital importancia para el Estado”, las fuerzas policiales o de seguridad federal “podrán solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas o de policías provinciales”.
Es decir que, ante un pedido de Patricia Bullrich, su par de Defensa, Luis Petri, deberá “proporcionar protección” a esa demanda, siempre y cuando estén afectados lo que se considere como un “objetivo de valor estratégico”.
Lo que hizo el Poder Ejecutivo en el decreto, la vuelta de tuerca que le encontró para abrir las puertas a una intervención militar, es arrogarles a esos dos ministros (y a todos los funcionarios del Ejecutivo) la potestad de definir o redefinir qué es un “objetivo de valor estratégico”.
El concepto está incluido en la Ley de Defensa Nacional (23.554) pero no define clara ni explícitamente qué es un “objetivo de valor estratégico”.
Frente a esa zona gris, el decreto firmado por Javier Milei, Bullrich y Petri establece que debe llamarse de esa manera a “cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional que, en caso de ser dañados parcialmente o destruidos, ocasionarían graves perjuicios a la vida y bienestar de los habitantes del país, a su economía, al ambiente o a la propia Seguridad de la Nación”.
Luego deja claro que “la calificación como ‘Objetivo de Valor Estratégico’ será competencia exclusiva del Poder Ejecutivo”. Es decir, que le da a cualquier funcionario de Gobierno la potestad de utilizar esa definición de manera discrecional. Y esto será suficiente para el requerimiento de personal militar.
La medida es un paso adelante en la utilización del Ejército y demás armas en cuestiones internas. Es decir, un casillero más en la estrategia permanente de Bullrich y Petri para movilizar tanques y soldados. Por ejemplo, si un grupo de trabajadores despedidos de una central eléctrica decide movilizarse hasta ese lugar, el Poder Ejecutivo podría aplicar la polémica definición.
La otra pieza clave para justificar esa medida fue recurrir al licencioso argumento de las “amenazas terroristas” que ambos funcionarios esgrimieron en ocasiones anteriores.
En este sentido, el decreto 1107/2024 dice que las fuerzas de seguridad pueden recurrir a las Fuerzas Armadas cuando haya “amenazas y agresiones” por parte de “fuerzas, organismos, organizaciones o actores estatales, paraestatales o criminales de origen transfronterizo o nacional, durante períodos de paz, de guerra o conflicto armado y en situaciones de conmoción interior”.
“No puede soslayarse que una mirada estratégica de la Seguridad Nacional importa la detección de las amenazas que enfrenta el Estado, entre las que se encuentra el terrorismo internacional como uno de los principales problemas de la Agenda del siglo XXI”, sentencia el decreto 1107.
¿Cuáles son esas supuestas amenazas que enfrentaría el Estado? Según el texto oficial, son todas aquellas “relacionadas con la desestabilización del Estado y las instituciones democráticas”. Es decir, frente a lo que el gobierno de Milei podría interpretar como un intento de golpe de Estado (una figura que el Presidente utilizó varias veces para referirse al debate político).
Por ejemplo cuando, en junio pasado, durante una de las masivas movilizaciones contra los ajustes acusó “al kirchnerismo” y “al peronismo en general” de tener “intenciones golpistas y abstinencia de poder”. “El kirchnerismo está intentando hace un golpe de Estado”, dijo al canal TN.
Advertencia del CELS
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió este jueves que “desde hoy el presidente puede decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en un conflicto o problema de seguridad interior”, por lo tanto “puede militarizar la protección de Vaca Muerta, los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la CABA (como centro político y económico del país)“.
Una vez más, lamentó la organización en un comunicado, “el gobierno avanzó en una reforma de fondo por decreto, que evita el Congreso y las discusiones políticas“.
El decreto 1107/2024, que modifica las leyes de Defensa y de Seguridad Interior, es “un nuevo intento por redefinir el rol de las FFAA en seguridad interior”, planteó el CELS.
En ese sentido, señaló el organismo, “las Fuerzas Armadas podrán estar afectadas a la defensa de ‘objetivos de valor estratégico’, cuya definición es vaga: ‘cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional'”.
Por último, concluyo el CELS en el comunicado, el decreto publicado este jueves “implica en la práctica que Patricia Bullrich tendría no solo el control de Seguridad sino también el de las Fuerzas Armadas”.
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