Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, punta de lanza del aparato político-judicial-mediático alineado con el macrismo, reclamaron este lunes que Cristina Fernández de Kircher cumpla la pena de prisión en una unidad carcelaria o, en todo caso, “en un entorno controlado y alejado de posibles concentraciones masivas o conglomerados de individuos en el exterior de la edificación”. En un texto más bien violento contra el Tribunal Oral y que refleja desesperación e intencionalidad política, los fiscales ponen el eje en que pretenden que CFK “cumpla la pena intramuros” y, si no se revoca la prisión domiciliaria -como ya adelantó Página/12– en un lugar alejado del contacto con la gente y los referentes políticos de oposición, en El Calafate o en una quinta del Gran Buenos Aires que no sea de fácil acceso.
En el recurso de Luciani y Mola contra la domiciliaria de Cristina, llaman la atención hasta las formulaciones ofensivas contra los jueces. “El fallo es un desatino más de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal”; y calificaciones como “insólito”; “irrisorio” respecto de las resoluciones del Tribunal. La vehemencia es asombrosa teniendo en cuenta que nada parecido existió durante los tres años del juicio oral en el que Luciani y Mola fueron demolidos por los testigos, incluyendo los convocados por ellos mismos. Eso sucedió hasta con el primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, que refutó la acusación fiscal, pese a que apuntaba contra Lázaro Báez. La furia apareció recién en los alegatos, seguramente envalentonados porque sabían que jugaban de locales. Luciani y el juez Rodrigo Giménez Uriburu integraban el equipo La Liverpool, habitué de partidos en la quinta Los Abrojos, de Mauricio Macri. Mola era visitante de la Casa Rosada.
En las 33 páginas del escrito lo que aparece como visible es la furia porque, pese a la condena, hubo miles de personas que fueron a saludar a CFK a las puertas de San José 1111 o que ella haya salido al balcón a saludar a la multitud. “¿Qué expectativas de resocialización (de la expresidenta) puede esperarse a la luz de los acontecimientos públicos y notorios, tumultos y afrentas a la jurisdicción perpetradas, incluso por la propia persona condenada, que han tenido lugar desde el mismo momento en que se le concedió la prisión domiciliaria y en el mismo lugar que el tribunal consideró idóneo, en la calle San José”.
Hay un tramo del escrito que resulta notorio: “en las inmediaciones del inmueble funciona la Facultad de Ciencias Sociales, con la consecuente afluencia de miles de estudiantes, docentes y personal administrativo, lo que afecta el normal desarrollo de las actividades y una alteración del orden”. Aunque no lo dice con todas las letras, sugiere que CFK, desde su departamento, influye y adoctrina a los estudiantes. Como se puede ver, por ejemplo en la última semana, no hay ninguna alteración del normal funcionamiento de esa facultad ni de ninguna otra, por lo que todo el planteo parece más político que judicial.
El recurso del Ministerio Público fiscal era esperable porque de entrada se opuso a la prisión domiciliaria cuando se le dio vista. Luciani y Mola hasta se pronunciaron en contra de que el extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, de 80 años, cumpla la pena en su vivienda y no en un penal, teniendo en cuenta no sólo su edad, sino un larguísimo listado de problemas de salud, incluyendo un tumor en la cara, complicaciones cardiológicas y dificultades cognitivas. El proceso resultó tortuoso porque Periotti, asistido por sus abogados Federico Paruolo y Matías Galván, fue alojado, primero en un calabozo de Comodoro Py y luego enviado a un calabozo de Ezeiza, hasta que se pronunció el Cuerpo Médico Forense. Los letrados habían afirmado que “el cuadro descripto, sumado al estrés carcelario en una persona de casi 80 años de edad, contribuiría marcadamente a su progresivo deterioro físico y cognitivo”. Al final, los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron la pretensión de los fiscales y desde el fin de semana pasado Periotti cumple arresto domiciliario, con el agregado de que le pondrán una tobillera electrónica. Al exfuncionario, que participó de una verdadera revolución en la construcción de rutas en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, nunca se lo acusó de haberse quedado con dinero del estado y siempre estuvo a derecho.
Sea como fuere, Luciani y Mola, se juegan a una pretensión de máxima: que CFK sea recluida, tal vez no en una cárcel, pero sí en una unidad de las fuerzas de seguridad, como un destacamento de la Gendarmería, la Prefectura o la Policía Federal, más bien alejado de CABA y de difícil acceso. Pero si no consiguen ese objetivo, la alternativa que intentan es que “deberá disponerse inmediatamente de otro lugar para cumplir con la prisión domiciliaria”. Lo que siempre se supuso: presionar para que Cristina opte por El Calafate o una quinta del Gran Buenos Aires, alternativas que hagan difícil el contacto con la gente y con los dirigentes del peronismo.
Este recurso, así como el planteado por la defensa respecto de la obligación de presentar un listado de visitas y la tobillera electrónica, deberá ser resuelto por la Casación integrada por tres jueces que también estuvieron alineados con el macrismo y rechazaron la gran mayoría de los planteos de irregularidades en la causa Vialidad: Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Habrá una audiencia el 7 de julio, pero sólo para tratar la cuestión de las visitas. Luego se supone que se convocará a otra, por la cuestión de la tobillera y tal vez una tercera por el recurso de los fiscales. La Casación podría hacer coincidir estas dos últimas audiencias, da la impresión que recién después de la feria judicial.
Por
