El gobierno de El Salvador aseguró este miércoles que destruyó completamente el mando de las pandillas en el país. A la par, continuará el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele, muy criticado por organizaciones de derechos humanos.
Vigente desde marzo de 2022, el régimen de excepción da sustento legal a la ofensiva contra las pandillas, al permitir arrestos sin orden judicial.
El gobierno de El Salvador dijo haber destruído el mando de las pandillas
El funcionario indicó que las fuerzas de seguridad detuvieron a “la mayor cantidad de miembros” de pandillas y acabaron con el “monopolio del crimen” que ejercían esas bandas, que se financiaban con la extorsión, el sicariato y la venta de drogas.
El gobierno de Bukele asegura que las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha -esta última declarada organización terrorista por EEUU- asesinaron a unas 200.000 personas en tres décadas, más que los 75.000 muertos de la guerra civil salvadoreña (1980-1992).
El Salvador pidió apoyo a EEUU, México, Guatemala, Honduras y Belice para arrestar a pandilleros que huyeron del país y las autoridades “patrullan” las redes sociales para detectar “remanentes” de las pandillas en el país.
Cifras de las detenciones en El Salvador
Según cifras oficiales, más 89.000 presuntos pandilleros fueron detenidos bajo el régimen de excepción, aunque unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes. Sin embargo, grupos de derechos humanos denuncian abusos y que miles de inocentes siguen tras las rejas.
La “guerra” contra las pandillas de Bukele, en el poder desde 2019, redujeron al mínimo los índices de violencia en el país, lo que facilitó su reelección en 2024, citó AFP.
Villatoro vaticinó que El Salvador podría cerrar 2025 con entre 1 y 1,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, tras recordar que 2024 cerró con 1,9. La tasa de 2021 fue de 18 muertos por cada 100.000 habitantes.
El ministro descartó la derogación del régimen de excepción y dijo que “lo que estamos haciendo va para largo”. El régimen de excepción “es algo que valió la pena”, afirmó el funcionario, al cuestionar que organizaciones de derechos humanos “lo venden como algo malo”.
Fuente: Ambito
