Por Irina Hauser
El amparo colectivo contra el ministerio de Capital Humano por interrumpir la entrega de alimentos a comedores y merenderos apenas Javier Milei llegó al gobierno, está muy cerca de tener sentencia. El fiscal Fabián Canda dictaminó no solo que la acción judicial es admisible sino que “no se
advierte” que la cartera a cargo de Sandra Pettovello “haya dado cumplimiento de manera cabal,
estricta y sin dilación o interrupción alguna” a la medida cautelar que dictó el juez Walter Lara Correa en julio cuando le exigió que garantice el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a espacios comunitarios para tener alguna comida. La ministra no entrega productos básicos para paliar el hambre ni fondos para adquirirlos, pero tiene billetera abierta para algunos gustitos de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (de la que depende la política alimentaria), que hace una semana adquirió una cafetera automática por casi 2 millones de pesos, además de desembolsar 3 millones por un catering para un evento de esa dependencia que se hizo a principios de octubre con desayuno, almuerzo y coffee break. Esta dependencia recortó este año 40% de la ejecución presupuestaria.
Cuando tuvo que responder la medida cautelar de Lara Correa, Pettovello alegó que los programas alimentarios están vigentes. Pero las organizaciones que empujan la demanda, representadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), mostraron que esto no implica que se cumplan. El propio ministerio reconoció que no reparte comida a todos los comedores que eran beneficiarios de políticas sociales por las que recibían comida/fondos y que discrimina porque tiene auditorías en marcha e hizo denuncias. No tiene resultados concluyentes de nada, pero prefiere impedir el acceso a la alimentación. También admite que pone trabas burocráticas a organizaciones que han presentado todas sus rendiciones de cuentas pero deciden hacerlas esperar.
La causa comenzó en febrero con una presentación de comedores (cerca de 160) de la asociación El Amanecer de los Cartoneros, ligados al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a la que se sumaron otros. La primera “fila del hambre” en la que vecinos/as fueron a pedirle a Pettovello que mande alimentos, en una cola de más de 20 cuadras, dejó en evidencia la gravedad de la situación. La ministra les había dicho que fueran de a uno a justificar el reclamo. A su vez, una causa penal iniciada por una denuncia de Juan Grabois (Argentina Humana), a cargo de Sebastián Casanello, dejó a la vista que la interrupción del reparto de alimentos era deliberada ya que fueron halladas más de 5.000 toneladas de alimentos en dos galpones, parte de los cuales estaban próximos a vencer y algunos habían vencido. Ante una cautelar, Capital Humano tuvo que distribuir lo que tenía, aunque no quiso mandarlo a organizaciones y en el intento por evitarlo repitió que el Poder Judicial se entrometía con una política pública.
La presentación ante Lara Correa del fiscal Canda implica que ahora el único paso que queda es la resolución del amparo. El CELS le reclamó al juez que se pronuncie por “garantizar el derecho a la
alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional de todas las personas
que asisten a comedores y merenderos comunitarios, proporcionando alimentos de
calidad, adecuados y en cantidad suficiente en atención a la obligación de progresividad y no
regresividad en la materia”. Esto último es crucial: el derecho internacional que Argentina suscribe establece que las políticas públicas no pueden empeorar (ser regresivas) la situación de nadie, pero esto es lo que ha ocurrido.
Una lista de razones
La última presentación del CELS, organizaciones y cooperativas, donde reclaman una sentencia sobre el fondo, deja en claro la situación al señalar:
*Desde la llegada de Milei, con Pettovello en Capital Humano, “cientos de organizaciones sociales han dejado de recibir las prestaciones que les permitían atender a miles de familias que asistían de forma diaria a sus espacios comunitarios para asegurar así su subsistencia en un contexto de grave crisis alimentaria”. En este expediente colectivo hay detalles sobre lo que ocurre en cerca de 200 espacios, pero los que padecen el retaceo del alimento son cientos más.
*El gobierno suspendió la entrega de “prestaciones alimentarias a espacios comunitarios” inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM). La excusa: que Capital Humano está haciendo un relevamiento que, en los hechos nunca termina” ya sea por “falta de voluntad o incapacidad”. Esa es la justificación para no renovar convenios o inscribir nuevos, y la que usó cuando el juez Lara Correa pidió al ministerio que detalle a qué comedores le dio alimento o prestaciones, pero no respondió nada.
*Capital Humano solo relevó 30% del total de comedores, con lo cual la afirmación de que la mitad de los inscriptos en el RENACOM (el total es mayor a 40.000) no existen, “es una argumento falaz y cargado de mala fe”. La falta de alimentos, además, provocó el cierre o la atención discontinuada de algunos comedores y merenderos. En varios casos de comedores “no validados”, éstos existen o existieron. Desde la cartera se hizo una denuncia penal que está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Ramiro González. La existencia de esa causa fue la justificación para no entregar alimentos pero la fiscalía le dijo a Lara Correa que no había nada relevante en el expediente, ni siquiera imputados.
*La cartera de Pettovello reclama rendiciones de cuentas de alimentos y fondos entregados en la gestión anterior que ya fueron realizadas pero cuya aprobación el propio ministerio dilata sin razón. Es decir, la cartera “cajonea” y/o “demora” “los procedimientos de rendiciones de cuentas a efectos de utilizar dicha situación como excusa para la no renovación de los convenios antes mencionados”. Reconoce que a las organizaciones que contaban con el Programa Abordaje Comunitario – PNUD (de Naciones Unidas) no se los renovaron pese a que hicieron todas las rendiciones.
* A simple vista los valores nominales pueden aparentar ser mayores para políticas alimentarias que en 2023. En términos reales, si se tiene en cuenta la inflación según el Indice de Precios del Consumidor “se ha ejecutado un 92,2% menos de recursos a través de la Resolución 2458/2004 (subsidios para necesidades básicas), un 53% menos a través del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y el 48,6% menos a través de PNUD, lo cual pone en evidencia la real caída en las prestaciones alimentarias brindadas…”
*Hubo una reducción de espacios comunitarios que trabajaban con el exMinisterio de Desarrollo Social en 2023 en la
ejecución de la política alimentaria: se pasó de 98 a a 37 organizaciones, “menos de la mitad en un contexto en el cual aumentaron las necesidades
alimentarias”. La excusa fue la eliminación de intermediarios. Sin embargo, quienes demandan destacan que el gobierno puso como nuevo intermediario a la fundación CONIN, que preside el pediatra antiderechos Abel Albino.
*No es cierto que se mantengan todos los programas. En “2024 se han dejado de ejecutar proyectos o
realizado acciones en el marco de las líneas ‘Comedores y Merenderos’, ‘Programa
SEMBRAR’ y ‘Alimentar Saberes'”. Solo se aumentaron transferencias directas de ingresos como la asignación universal por embarazo y por hijo, pero esto no compensa el elevado precio de los alimentos.
*La Secretaría de Niñez transfirió 6.772 millones de pesos a la Organización de Estados Iberoamericanos para tercerizar (algo sin precedentes) la licitación para la adquisición de aceite y lentejas, pero nunca presentó la documentación en el amparo.
*Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia en 2024 los recursos presupuestarios destinados a niñas y niños son un 18% menos que en 2023. El principal recorte es en políticas alimentarias que afectan a la niñez con una caída del 29%. En su informe sobre ejecución presupuestaria del mes pasado el Centro de Estudios de Economía Política Argentina (CEPA) señala que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia sufrió un recorte de la ejecución de partidas del 40% en relación a julio de 2023 y “si se observa específicamente la partida destinada a comedores comunitarios y merenderos, el ajuste real fue dramático, ya que significó un 85% interanual, si se compara enero-septiembre de 2023 y enero-septiembre de 2024″.
Cafetera y sanguchitos
Como es evidente, los recortes en Capital Humano y en especial en la Secretaría de Niñez, son discrecionales y se centraron en atacar a las organizaciones que son sostén en los barrios. El 21 de octubre, según figura una factura a la que accedió Página/12, esa dependencia compró una cafetera Philips automática, que incluye un dispositivo para hacer espuma con la leche, por la que se pagaron 1.917.000 pesos. El comprobante dice que la que la vendedora inició sus actividades el 1 de enero del 1900. El “alta patrimonial” por la cafetera está firmada por la secretaria de Niñez, Yanina Nano Lembo y el director Patrimonial, Fabricio Mariano Piazzi. Nano Lembo reemplazó al exsecretario Pablo de la Torre, desplazado después del escándalo del acopio de alimentos y contrataciones dudosas. La semana pasada la funcionaria fue a la comisión de presupuesto y se jactó de haber terminado con “la intermediación de la política social” y cuando le preguntaron por qué no aplican la Ley Lucio (que creó un plan federal para capacitación permanente en derechos de los niños, niñas y adolescentes) dijo que es porque está “ideologizada”. La norma fue votada, entre otros, por Milei.
Otro de los abultados gastos recientes de la Secretaría fue la contratación de Brazzi Catering, servicio pedido por el Consejo Federal de Desarrollo Social y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia para un evento que se hacía el martes 8 de octubre de 10 a 17.30. La solicitud del servicio aclaraba que al evento asistirían Pettovello, Nano Lembo y funcionarios provinciales. Por el paquete que incluía 50 desayunos, 100 almuerzos y 50 coffee break, se pagaron 3 millones de pesos.
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