En el quinto y último día de huelga de hambre en Parque Lezama, la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) realizó este viernes una nueva movilización a la sede del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño para reclamar la restitución del transporte del conurbano a la Ciudad de Buenos Aires para los más de tres mil recuperadores urbanos que arriban día a día desde allí en el marco del programa oficial de reciclado del Gobierno porteño. Ya se cumplió un mes desde que el GCBA decidió quitar la financiación de ese transporte, mientras los y las cartoneras acuden también a la Justicia en busca de una solución a la problemática.
Se trata de la segunda marcha que la federación realiza a las oficinas del Ministerio ubicadas frente al parque desde que el GCBA anunció la decisión. La primera fue el pasado 5 de agosto y desde entonces no tuvieron novedades sobre el reclamo. En el medio, referentes de la FACCyR entre los que se encuentra su fundador, Sergio Sánchez, comenzaron el lunes de esta semana un acampe con huelga de hambre encadenados a las rejas del parque, y ahora realizaron una nueva “gran marcha cartonera” en el marco del plan de lucha que incluye también un amparo en la Justicia. Luego de la movilización, la federación anunció que levantaría el acampe y la huelga de hambre a la espera de novedades, aunque advirtieron que “lo vamos a volver a hacer las veces que haga falta”.
La masiva columna de la federación y otros sectores políticos y gremiales que acompañaron la protesta arribó a Brasil y Martín García en horas del mediodía. Entre otros, allí tomó la palabra Nicolás Caropressi, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien señaló que “venimos a defender nuestro trabajo por algo que no nos regaló nadie, por algo que se ganó con la lucha, con la organización, pero sobre todo con trabajo”. “Antes de nosotros nadie hacía nada con el reciclado. Iban, juntaban y lo enterraban en el Ceamse, en tierras del conurbano y cada uno de los bonaerenses bancando el olor a podrido y a basura de los porteños, pero ahora el problema es que si sos un bonaerense no podés venir a buscar el reciclable a la Capital Federal“, agregó.
El dirigente comparó la situación con los policías u otros trabajadores estatales que llegan a trabajar a la Ciudad desde el Gran Buenos Aires y sostuvo en este sentido que “lo único que hay acá es un Gobierno que hace política de la crueldad, que persigue a los cartoneros, a la gente en situación de calle, a los pobres, a los vendedores ambulantes y dice que a la gente le gusta revolver la basura”. Antes, Sánchez también había calificado como una “persecución” al quite de los transportes advirtiendo que “con nuestras herramientas no se juega”: “No vamos a permitir que destruyan un sistema que construimos a pulmón y desde la calle, y que es un ejemplo en el mundo”, sostuvo.
La medida del Gobierno porteño se anunció hace poco más de un mes, el pasado 25 de julio, y el primer día de agosto los y las trabajadoras recibieron la noticia a través de un correo electrónico del ministerio comandado por Ignacio Baistrocchi, cuya cartera tiene a su cargo el programa BA Recicla. De ese programa dependen los más de 6 mil recuperadores urbanos organizados en 12 cooperativas que prestan el servicio oficial de recolección diferenciada, recorriendo los barrios, recolectando los materiales reciclables y clasificándolos en los Centros Verdes. Algunas de esas cooperativas tienen locación en la propia Ciudad de Buenos Aires, pero otra buena parte están asentadas en la Provincia, por lo que alrededor de 3500 trabajadores y trabajadoras contaban hasta ese entonces con traslado diario ida y vuelta en colectivos particulares garantizados por el Gobierno porteño para viajar desde distintos puntos del conurbano.
Para el GCBA, sin embargo, ese viaje constituía un “privilegio” que “beneficiaba a un grupo reducido de cooperativas”, ya que el resto de los trabajadores y trabajadoras que realizan las mismas tareas “nunca accedieron al mismo trato“, según sostuvieron en el comunicado de anuncio de la medida, donde agregaron que el traslado diario costaba 6 mil millones de pesos anuales. Tras la marcha de este viernes, Página/12 consultó a fuentes del Ministerio si es posible algún tipo de negociación para intentar resolver el conflicto, pero al cierre de esta edición no había recibido respuesta.
Mientras tanto, la federación ya presentó una acción de amparo en la Justicia porteña para reclamar una medida cautelar que revierta la decisión del GCBA. Allí argumentan, entre otros puntos, que el financiamiento del transporte ya se constituyó “en una política pública sostenida durante más de 15 años” como parte “de un esquema integral de inclusión social y laboral“. Apuntan en este sentido que el pago del transporte tiene “carácter compensatorio” dentro de “un esquema de ingresos muy por
debajo del salario mínimo vital y móvil“, por lo que “el transporte es parte de las condiciones materiales que hacen
posible el ejercicio del trabajo en condiciones dignas y equitativas”. Al día de hoy, los y las recicladores reciben una remuneración que apenas supera los 300 mil pesos.
La federación sostiene, además, que antes de la decisión del GCBA la cuestión del transporte tenía un “reconocimiento contractual y operativo” que, aseguran, se refleja en los propios acuerdos firmados
con las cooperativas. El amparo ya fue ingresado formalmente en la Justicia y el Ministerio Público Fiscal avaló por dictamen su presentación, en una causa que recayó en el Juzgado N° 12 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, a cargo de la jueza Alejandra Petrella.
Fuente: Pagina12
