El gobierno de Javier Milei sigue insistiendo con que, más allá de la negativa del Congreso de la Nación, va a privatizar –o incluso cerrar– Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera. Como desde la Casa Rosada no logran convencer a los legisladores, a los gobernadores y a la población en general de avanzar con el desguace y la venta, lo que hicieron fue ponerse al frente de una batalla discursiva feroz en contra de los trabajadores, en su gran mayoría organizados en los distintos sindicatos aeronáuticos, y dicen que el problema son “los privilegios que ellos tienen”. Los trabajadores, en tanto, reclaman una mejora salarial porque argumentan que hubo un desfase del 90 por ciento en los sueldos frente a la inflación que se acumula desde diciembre. En ese contexto, este lunes hubo una reunión insólitamente extensa, de más de siete horas, entre los sindicatos del sector y los funcionarios libertarios que comandan la empresa. El resultado: un nuevo cuarto intermedio, el mismo punto muerto al que habían llegado durante la reunión del último viernes.
Las autoridades de la firma insistieron con el ajuste salarial y la amenaza del remate o el concurso preventivo. Desde los sindicatos, si bien prefirieron ser prudentes, insisten en que la negociación, si la Rosada no cambia de posición, seguirá trabada. “La negociación fue compleja. Hubo avances, pero nada está cerrado”, sostuvieron desde el entorno de la dirección de la empresa. La postura irreductible del Gobierno fue uno de los puntos que, según los gremios, mantuvieron alejadas las posiciones durante toda la jornada.
Mientras en la sede de la empresa ubicada en Ciudad de Buenos Aires se llevaba adelante una reunión caliente entre representantes del gobierno y de los tres sindicatos del sector: la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) –que al cierre de esta nota ya llevaba más de siete horas–, desde el entorno de Milei repetían que “si los trabajadores no resignan los privilegios que tienen a costa de todos los argentinos, arrancaremos con el Proceso Preventivo de crisis y el posterior cierre”.
En la Casa Rosada aseguran que tienen “prevista la transición”, recuerdan que la privatización “ya se hizo” en otro momento de la historia argentina –obviando que esa privatización terminó de muy mala manera con el estado pagando el combustible de los aviones y el salario de los trabajadores–, y que “si los empleados no resignan sus privilegios las opciones son: que se hagan cargo los ellos de la empresa, privatizarla o directamente cerrarla”.
El gobierno y los tres sindicatos del sector ya se habían reunido el viernes de la semana pasada y, como estaban en un proceso de negociación, desde los aeronáuticos habían levantado las medidas de fuerza. Al no llegar a un acuerdo, pero conformes con la apertura al diálogo de LLA, la reunión del viernes pasó a un cuarto intermedio y se retomó este lunes sin que haya medidas sindicales en el medio.
Lo que los sindicatos y el gobierno trabajaron durante el extenso encuentro fueron las propuestas de aumento salarial y algunas modificaciones en los convenios colectivos de trabajo que quiere impulsar el gobierno. Uno de los objetivos de Milei, aseguran en su entorno, es eliminar “los beneficios” que tienen los empleados de la aerolínea como los remises para ir hasta los aeropuertos y los pasajes sin cargo para los pilotos, entre otros. Se trata, entre otras cosas, de llevar adelante un plan de desguace que desde Balcarce 50 prefieren denominar “Plan Integral”.
Desde el oficialismo amenazan con que, si no se llega a un acuerdo, ellos van a presentar un Procedimiento Preventivo de Crisis para poder suspender personal de la empresa o despedirlo pagando montos de indemnizaciones menores a los fijados por ley. Los trabajadores, en tanto, hablan de una gran pérdida de poder adquisitivo de los salarios en lo que va del año y, ante la oferta de aumentar los sueldos un 14 por ciento, dicen que ellos buscan un número más cercano al doble de ese porcentaje. Es decir, al 30.
Lo cierto es que, en caso de que desde la Casa Rosada quieran avanzar en el Procedimiento Preventivo de Crisis, como adelantan que lo harán, el escenario no será sencillo y desde el gobierno deberán demostrar ante el Poder Judicial que efectivamente existe una crisis empresaria y no solo una definición política, en contra, incluso, de la voluntad del Congreso. En el oficialismo argumentan y sostienen que la empresa “da pérdidas”, que “está llena de militantes”, y dicen que prefieren que, en lugar de una aerolínea de bandera que conecte a todo el país, haya empresas privadas que brinden servicios porque “de última sus pérdidas no nos la hacen pagar a todos”.
El PRO, mientras tanto, se quiso meter en la discusión por la privatización de Aerolíneas Argentinas y en contra de los trabajadores y, luego de la reunión de su mesa ejecutiva encabezada por el presidente del partido, Mauricio Macri, donde definieron seguir acompañando al gobierno en el Congreso, también dijeron que “el conflicto con Aerolíneas Argentinas expone una problemática que existe con los gremios en muchas empresas”, y que por ese motivo “exigen el tratamiento de la ley de democratización sindical que presentaron varios diputados del bloque”.
“Terroristas”
La negociación también viene complicada por los constantes ataques del Gobierno a los trabajadores de las distintas ramas del sector. La semana pasada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los habían acusado de “terroristas” por las medidas de fuerza, a las que el Gobierno contestó, para sumar más leña al fuego, con la suspensión de 15 empleados de la empresa Intercargo. La idea de “terminar con los piquetes aéreos” no hace más que sumar más conflictividad en medio de una situación tensionante por la intesión del Gobierno de rematar la aerolínea de bandera al mejor postor.
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