Gloria trabaja con un grupo de mujeres en una “unidad productiva” en Corrientes capital donde confeccionan productos textiles, bolsos, mochilas, cartucheras, toallas y yerberas, que luego venden. Hasta comienzos de este año lo hacían a través del exprograma Potenciar Trabajo. En enero su nombre apareció en una lista negra publicada en el Boletín Oficial que escrachaba a beneficiarios/as que supuestamente tenían incompatibilidades por las que se decidía quitarles ese ingreso para personas en situación de vulnerabilidad social. A ella, igual que a 500 correntinos, el Ministerio de Capital Humano los acusaba de cobrar el plan y en paralelo ser empleados provinciales. Los señalaron como estafadores. Pero eran datos falsos. La Cámara Federal de esa provincia firmó este viernes la cuarta sentencia que condena a la cartera de Sandra Pettovello y la obliga a restituir el beneficio, además de pagar los meses adeudados más intereses. Ya una decena de fallos dejó al descubierto las fake contra los pobres.
El Gobierno de Javier Milei recurre en forma sistemática a mentiras, afirmaciones o datos truchos, para desacreditar y hasta adjudicar delitos a todo aquello que tenga alguna relación con organizaciones sociales y trabajo comunitario. No es azaroso: es una apuesta a romper lazos y fogonear la lógica del sálvese quien pueda mientras se aplica el ajuste del que se jacta. El Ministerio de Capital Humano es líder en el desarrollo de esta estrategia para justificar, además, las medidas regresivas y recortes en las políticas sociales, con total respaldo presidencial y el refuerzo comunicacional del vocero Manuel Adorni. Es evidente que se inspiran en aquello de que una mentira tiene mucha más fuerza que la posterior desmentida. La vida real de miles de personas de carne y hueso no tiene importancia en esa ecuación. Las sentencias judiciales que desenmascaran al gobierno trascienden a cuentagotas, con dificultad y varían en su efectividad. Pettovello ha llegado a difundir un comunicado haciendo pasar por favorable la condena en su contra por cortar los alimentos para los comedores.
El caso correntino
A la Cámara Federal de Corrientes llegaron las apelaciones de cerca de un centenar de personas –representadas por el abogado Juan Manuel Cubilla Podestá– a las que les suspendieron el exPotenciar Trabajo por las supuestas incompatibilidades. El tribunal resuelve por tandas. Por eso son varias las sentencias. Hasta ahora, en un mes, dictó fallos en 30 casos en los que los jueces aseguran que “los amparistas lograron acreditar de manera fehaciente el error y/o falsedad de los datos que sirvieron de causa y motivación para el dictado de la Resolución N° 17/2023, y –por consiguiente– su manifiesta ilegitimidad y/o arbitrariedad”. La conclusión es categórica: Capital Humano usó datos truchos para quitar la prestación del Potenciar (que tenía dos modalidades: una individual, como salario social complementario, y otra como subsidio para unidades de gestión que desarrollen proyectos socio productivos).
Los camaristas Mirta Sotelo, Ramón Luis González y Selva Spessot, dicen que “resulta imperativo que se adopte un enfoque pro humano, ejerciendo una tutela judicial efectiva respecto de la naturaleza alimentaria que reviste la prestación social que abrupta e incausadamente dejaron de recibir los actores”. Recuerdan los tratados internacionales de Derechos Humanos que argentina suscribe y en particular señalan la Declaración Universal de Derechos Humanos “que tutela el derecho que tiene toda persona a un nivel de vida adecuado, y en especial, a la alimentación”. Ordenan que Capital Humano les pague el “beneficio desde el momento en que operó la suspensión preventiva –diciembre del 2023– hasta el momento en que los accionantes fueron y sean reactivados en los nuevos programas, respectivamente”, a lo que dicen que hay que sumar intereses. El exPotenciar (que antes había tenido otras denominaciones) fue reemplazado por los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.
A comienzos de enero, cuando se publicó la resolución en el Boletín Oficial y un conocido le avisó que figuraba “en la lista”, Gloria cuenta que se desesperó, pero la sostuvo “el trabajo social y comunitario que tenemos, si no me hubiera quedado en crisis llorando”. Como ella estaban marcados albañiles, docentes, recicladores/as, cocineras, trabajadores de limpieza, y de otros tantos oficios. A sus 48 años, Gloria jamás tuvo un empleo registrado. El emprendimiento textil le abrió camino a un proyecto y a experimentar el orgullo de haber logrado comprar con la organización que integra una máquina industrial. “No solo producimos, también nos formamos”, dice.
Ante la medida del gobierno, entendió con sus compañeras que tenían que ir al Ministerio de Hacienda y Finanzas de Corrientes para conseguir una constancia de que no eran empleadas públicas. No era tan difícil, no trabajaban en el estado. Era un invento. Pero habían quedado en la posición de tener que demostrar “inocencia”. Con esa prueba recurrieron a los tribunales. Un juez de primera instancia les reconoció el programa, no la restitución de lo que no les habían pagado. Mientras tanto, padecieron la estigmatización en las redes sociales mientras inspirada en el mensaje del gobierno de Milei. “Además de empobrecernos más, nos perjudicaron a nivel personal y mental”, lamenta. El Estado nacional había tomado una nómina que habría sido enviada desde Corrientes, donde figuraban personas que quizá habían tenido algún empleo público en los noventa, o quienes hicieron suplencias docentes fugaces, o nada. Algunos nombres aparecieron en medios. Por eso también reclamarán daños y perjuicios.
Cubilla Podestá dice que aún no hubo apelación del Estado, aunque tampoco acató los fallos. Hay plazo aún pero la maniobra es tan grosera que es difícil de rebatir, lo que no quita que dilaten el cumplimiento como hacen con el reparto de alimentos.
Tantas historias
“Soy profesora de geografía, pero también enseño matemática, lengua, historia. Estudié de grande y me recibí de grande. Tengo un hijo con autismo así que se complica conseguir horas en los colegios aunque presenté mi currículum por todos lados, colegios públicos y privados. En 2022 el Potenciar Trabajo me permitió empezar a dar clases de apoyo, fue una salida. Estoy en el merendero Luz de Esperanza en el Barrio Pirayui con chicos de primaria por la mañana”, relata Diana, también correntina, de 52 años. Cuando le suspendieron el programa quedó perpleja. Es su único ingreso fijo. El resto se las rebusca con clases particulares. “No encontraba justificación. No tengo propiedades, ni auto, no tengo bicicleta, no viajé al exterior. Tomo cuatro colectivos”, recuerda su angustia. Ahora está aliviada con la sentencia que espera que se aplique. Nunca dejó de ir al merendero, aún sin este magro ingreso (son 78.000 pesos). “Es algo que me llena el alma. Me gusta enseñar y me da orgullo cada vez que las mamás y los papás me mandan un audio o una foto de sus chicos con sus notas: 8, 9, 10, y me cuentan que serán abanderados o escoltas”, se emociona.
M.V tiene 37 años. Prefiere preservar su nombre después de verlo en la lista que “Capital Humano hizo pública diciendo estafamos al Estado por estar cobrando un sueldo provincial paralelo al Potenciar, cosa que no era cierta”, dice. “En 2011 hice trabajo sociocomunitario en un comedor. En 2017 me salió el programa (Potenciar) con el que hice capacitaciones con carga horaria que presenté como correspondía en Anses y los últimos años trabajé en el área de reciclado de una unidad de gestión, luego vendía. En enero dejaron de hacerme el depósito”, repasa. Luego vino la odisea de investigar por qué a ella. Consiguió su “historial” en la administración pública provincial y lo único que aparecía era su colaboración en el programa ‘Yo sí puedo’, en el comedor donde había colaborado, por lo que le había pagado tres meses el Ministerio de Educación durante. La responsable de la unidad de gestión la acompañó en las averiguaciones y la demanda judicial con el abogado Cubilla. M.V cuenta que volvió al programa pero todo es diferente con el gobierno libertario: “Hago actualizaciones del Portal Empleo (de Capital Humano) y capacitaciones de marketing digital o de seguro de trabajo. Son cosas para gente que tiene trabajo, y acá la mayoría del trabajo es en negro. Las capacitaciones ya no son para aprender oficios o habilidades útiles. Veo personas que no tienen ingresos y se quedan sin programa porque no hay una oficina que oriente sobre los requisitos”. Ella se puso a estudiar derecho.
Más expedientes
Gloria, Diana y M.V son algunas historias que retratan el padecimiento de quienes fueron excluidos/as del exPotenciar trabajo sin importar sus vidas, sin verificar en qué casos había o no anomalías. El objetivo del gobierno era anuncia como fuera la suspensión de miles de programas, 20.000 para empezar. El mensaje: equiparar pobreza o vulnerabilidad social con delito. De los 500 correntinos/as afectados por la falsa información, los que no demandaron en la provincia quedaron abarcadas en un amparo colectivo que en rigor comprende a todo el universo de beneficiarios que pide dejar sin efecto la decisión administrativa que suspendió en forma masiva el exPotenciar no solo con el argumento de las incompatibilidades sino con otros que resultan discriminatorios, haber viajado al exterior. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) encabeza este amparo que relata algunos casos para denunciar la arbitrariedad de la suspensión del programa a quienes fueron a otro país. El planteo está en el fuero de la Seguridad Social, en el juzgado de Alicia Braghini.
Ejemplos. Una mujer dominicana que vive en Argentina desde 1994, es vendedora ambulante y recibía un salario social complementario como cocinera en un comedor comunitario en Parque Patricios. En 2022 falleció su sobrino: entre vecinos y parientes le pagaron un pasaje para que fuera a su país al entierro. Tres cartoneros de la Cooperativa de Trabajo 18 de abril fueron invitados a Colombia por el Movimiento de Recicladores de ese país para formarse en la fabricación de maderas plásticas. El viaje estuvo a cargo de la Fundación Avina y la Asociación de Recicladores de Bogotá. Pero es un problema para Capital Humano, que les suspendió el programa. Un joven sanjuanino que percibía el exPotenciar por trabajos en economía popular y tareas de mantenimiento en la Casa Pueblo y acciones comunitarias en la provincia, viajó a Escocia con su hermano, que es una atleta de la selección nacional de fútbol para sordos (iba representar a la Argentina) y él es su intérprete de lenguaje de señas. El viaje se pagó con una vaquita entre amigos, familiares y compañeros de fútbol.
También la UTEP planteó la nulidad de la resolución que establece los lineamientos de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social por tener requisitos que violarían la igualdad ante la ley y por meterse con cuestiones penales y procesales, al prever, por caso, la exclusión para quienes participen de cortes de calles (léase protesta social). Este expediente lo tiene el juez contencioso Martín Cormick.
En ese mismo fuero Sandra Pettovello ya tuvo una sentencia de fondo en contra por cortar la entrega de alimentos a comedores comunitarios y la semana pasada una intimación para que provea comida a 66 comedores. En Comodoro Py quedaron al descubrieron las 5000 toneladas de alimentos acopiados a punto de vencer que Sebastián Casanello ordenó repartir con aval de la Cámara Federal y la de Casación; Ariel Lijo cerró por inexistencia de delito la acusación por supuestos desvíos de fondos para centros de primera infancia después que el fiscal Franco Picardi demostrar que la denuncia de Pettovello era trucha; Daniel Rafecas refutó con estudios la teoría de Capital Humano de que la yerba comprada por el gobierno anterior no era apta para consumo humano y que su adjudicación fue direccionada. Archivó la causa.
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