Piden al Congreso que rechace el decreto que eliminó la Anmac | Contra la política oficial de liberalización de la tenencia de armas



La Red Argentina Para el Desarme presentó un pedido formal al Congreso de la Nación para que rechace el decreto de Javier Milei que disolvió la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) y eliminó sus funciones de control de las armas de fuego. El pedido cuenta con el apoyo de más de treinta organizaciones nacionales e internacionales que advierten, entre otros puntos, que el decreto “abre el camino a una liberación total” del mercado de armas y “pone en crisis la seguridad ciudadana de nuestro país”.

La red, compuesta por la Asociación Civil Alfredo Marcenac, la Asociación para Políticas Públicas, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia, ya había manifestado públicamente su rechazo al Decreto delegado N°445/25, publicado en el Boletín Oficial a principios de julio, pero ahora trasladó su reclamo formal al Congreso, que cuenta con las facultades para rechazarlo tal como ya ocurrió en otros casos. Lo hizo a través de un documento dirigido a los diputados y senadores de la nación, a los que les pide “rechazar el decreto que derogó las políticas de prevención de la violencia armada y de control de armas de fuego”.

El texto está dividido en tres ejes. El primero de ellos hace hincapié en la línea general que el Gobierno nacional viene mostrando en relación a las políticas de liberalización de armas, con tres hitos claves previos a la disolución de la Anmac: la flexibilización de la adquisición y tenencia de fusiles semiautomáticos, usualmente utilizados en tiroteos masivos y masacres escolares; la reducción de la edad mínima para la tenencia legítima de armas de fuego, que pasó de 21 a 18 años; y la campaña pública en torno al nuevo trámite digital de “tenencia express”, que se da “en el marco del vaciamiento de las campañas de concientización sobre los riesgos que implica el acceso a armas de fuego”. 

El segundo eje se centra en la eliminación de la Anmac en sí y en su relación con los hechos anteriores, al advertir que el decreto 445 “es el núcleo de la política de facilitación del libre acceso a las armas de fuego y abre el camino a una liberación total”: “Implica la desaparición de la política de prevención de la violencia armada y de control de armas de fuego en nuestro país, y el retorno a un modelo establecido en 1973 y abandonado en 2015, justamente por su ineficacia“, señala el documento sobre la reinstauración del viejo y cuestionado Registro Nacional de Armas (Renar).

Su restitución, aseguran, “vuelve a poner como prioridad los intereses de los usuarios de armas de fuego, en detrimento de la seguridad pública”, ya que el Renar sólo tendrá “una función de registro, sin capacidad para contribuir a la persecución del mercado ilegal y la prevención de la violencia armada”. Implica, además, la eliminación de todas las funciones de control y reducción de las armas de fuego, así como la política de destrucción de materiales entregados, secuestrados o incautados, la derogación de sus políticas de prevención de la violencia armada, y el fin de su autarquía financiera y operativa, convirtiéndolo en un organismo totalmente dependiente del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich

Es que el decreto no sólo eliminó la Anmac sino también la mayoría de sus funciones, competencias, alcances y herramientas específicas para el desarme, que podrían haber seguido vigentes para el nuevo Renar pero no lo harán. Entre los artículos derogados se cuentan, por ejemplo, los que definían que la agencia debía tener delegaciones territoriales en distintos puntos del país y elaborar un plan nacional de desarme. El Artículo N°5, que fue borrado por completo, establecía 17 funciones, entre las que se pueden enumerar las de registro, autorización y control de la fabricación de armas, su destrucción en el marco de las políticas de desarme, la administración del Banco Nacional de Materiales Controlados, el dictado de cursos y seminarios sobre el tema, la elaboración de campañas de regularización de la situación registral, y hasta la realización de relevamientos estadísticos de actividades vinculadas al uso de las armas.

La red alerta al Congreso que todas estas políticas en conjunto redundan en una facilitación del acceso a las armas para el crimen organizado, en un mayor riesgo de uso de armas de fuego en conflictos interpersonales, así como en casos de femicidios y amenazas con armas de fuego a víctimas de violencia de género, ya que, en Argentina, una de cada cuatro víctimas es asesinada con armas de fuego. Lo mismo advierten sobre el riesgo de incrementar los suicidios y accidentes con armas disponibles en los hogares, ya que ese tipo de muertes “representan casi la mitad de las producidas por armas de fuego“.

En un tercer punto, la red argumenta por qué el Congreso “puede y debe rechazar el decreto”: “Tienen la facultad de hacerlo ya que se trata de un decreto delegado, dictado en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo por la Ley Bases“, señalan y agregan que “la Ley 26.122 obliga a la Comisión Bicameral a pronunciarse sobre su validez y habilita al Congreso Nacional a rechazar el decreto”. “Las encuestas lo muestran claramente: los argentinos y argentinas no quieren que el Estado les delegue la responsabilidad de proveerse su propia seguridad, mucho menos a través de un elemento como las armas de fuego que, lejos de brindar seguridad, sólo genera riesgos y muertes”, concluye el documento. 

Además de las cuatro organizaciones que componen la red, el documento elevado a los diputados y senadores cuenta con el apoyo de treinta organismos nacionales e internacionales, entre los que se cuentan, en Argentina, a las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres del Dolor, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, y la Comisión Provincial por la Memoria. A nivel internacional, por su parte, aparecen las firmas de la Red de Seguridad Humana para América Latina y el Caribe, Sou da Paz de Brasil y el Centro de Estudios Ecuménicos de México, entre otras organizaciones.

Fuente: Pagina12