Organizaciones ambientalistas presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley para reformar el régimen de asignación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con el objetivo de que sean destinados a la prevención de emergencias socioambientales como las que vienen atravesando distintos puntos del país en los últimos años. La presentación se da en el marco de la discusión en el Congreso del proyecto impulsado por gobernadores modificar los ATN, y las organizaciones proponen que esos fondos se destinen directamente a políticas para prevenir inundaciones, olas de
calor, incendios y sequías, entre otros tipos de emergencias.
La elaboración del proyecto está encabezada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), ycuenta con el apoyo de otras catorce organizaciones como Amnistía Internacional, Aves Argentinas, Patagonia Natural, Confederación Mapuche de Neuquén, la Fundación Hábitat y Desarrollo y la Fundación Biodiversidad Argentina, Espacio de Trabajo Fiscal para la Equidad, entre otras ONG. Andrés Nápoli, director ejecutivo de la FARN, sostuvo sobre el proyecto que “apunta a dotar a los gobiernos provinciales de
recursos genuinos que les corresponden y que les permitirán afrontar las
emergencias sociales que producen los desastres naturales y a no tener que
mendigar asistencia al gobierno nacional para estos casos”.
Para esto, el articulado de la iniciativa prevé que los ATN se dividan en dos componentes: un 40 por ciento destinado a que las provincias realicen obras públicas para la prevención de “desastres sociambientales”, y un 60 por ciento para la creación del llamado Fondo Fiduciario de Intervención en Desastres
Socioambientales, con el objetivo de “dar respuesta inmediata ante emergencias como inundaciones, incendios,
temporales u otros eventos extremos, como los ocurridos en Comodoro Rivadavia,
Zárate – Campana o Bahía Blanca”. El texto establece que los fondos se distribuirán a las provincias en caso de que en un plazo de tres meses no ocurra un evento de este tipo. Prevé, además, que cada provincia tenga la potestad de decidir a qué acción o política específica destinarán los fondos para las obras, teniendo primero que elaborar propuestas concretas para acceder a ellos.
Según indican desde FARN, todo esto serviría para cumplir con siete objetivos: fortalecer las capacidades locales para la prevención de desastres socioambientales, contar con recursos disponibles de forma inmediata ante las emergencias, mejorar la justicia distributiva de los ATN, integrando criterios ambientales, incrementar la transparencia y eficiencia en la asignación del gasto nacional, articular la política fiscal con las políticas de ambiente y desarrollo territorial, contribuir al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por la Argentina, como el Acuerdo de París y la Agenda 2030, y generar trabajo ya que las obras públicas aparecen como fuente de creación de empleo
local.
Los ATN ya forman parte del Régimen de Coparticipación siendo el único monto de asistencia financiera de libre disponibilidad para el Gobierno nacional, que en principio debe distribuir el dinero para atender situaciones de emergencia o desequilibrios financieros, pero que en el último tiempo se han transformado en un instrumento discrecional de acuerdo a criterios políticos. Se trata del 1 por ciento de los fondos de coparticipación que queda libre entre el 42,34 por ciento que acapara el Gobierno nacional y el 56,66 por ciento que debe ir automáticamente a las provincias.
En el marco del ajuste sobre las provincias, remarca la FARN, en 2024 el gobierno de Javier Milei giró menos de 50 mil millones de pesos cuando durante todo el año se habían recaudado casi 680 mil millones de pesos para ATN, por lo que el 93 por ciento del total quedó sin ejecutar. En ese contexto se discute en el Congreso el proyecto impulsado por los gobernadores para hacer que los ATN sean directamente coparticipables de forma automática. Las organizaciones advierten en este sentido que, de aprobarse esa ley, de todos modos el reparto seguirá siendo “sin destino específico para su utilización” y “sin garantías de atención a las catástrofes, y menos aún la construcción de infraestructura preventiva”.
Con el proyecto elaborado por la fundación, y tomando los números del año 2024, indican que se podrían distribuir cerca de 272 mil millones de pesos para obra pública preventiva y casi 408 mil millones para el fondo fiduciario ante emergencias. Los economistas de la fundación, Ariel Slipak y Matías Cena Trebucq, realizaron un estudio sobre el posible impacto financiero de estos montos y concluyeron que “más allá de que el superávit fiscal no deba ser un propósito en sí mismo, estos volúmenes de fondos ni siquiera comprometen las metas fiscales del gobierno“.
Desde la FARN indican también que, según el Banco Mundial, las inundaciones representan el 54 por ciento de los desastres naturales registrados en Argentina desde el año 1970 y que le cuestan al país alrededor de mil millones de dólares al año. Además, aproximadamente el 28 por ciento de la población vive en zonas propensas a inundaciones, por lo que el proyecto presentado en el Congreso permitiría “evitar pérdidas económicas y humanas irreparables debido a la falta de prevención y de una planificación urbana adecuada ante estos eventos climáticos extremos”.
Camila Mercure, coordinadora del área de Política Climática de la fundación sostuvo en este sentido que “la adaptación al cambio climático debe ser una prioridad en un país atravesado por inundaciones, sequías e incendios cada vez más frecuentes”. “Se trata de anticiparnos a los impactos, de invertir en infraestructura y planificación para evitar pérdidas humanas y económicas, y de transformar fondos hoy discrecionales en una herramienta federal, transparente y orientada a reducir las vulnerabilidades frente a los eventos extremos que seguirán intensificándose”, concluyó.
Fuente: Pagina12
