Eclipsada por el debate entre la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno impulsa una reforma que tendrá un profundo impacto en la democracia argentina: la modificación de las leyes que regulan cómo se financian los partidos y las campañas electorales. Subido a la ola privatizadora, el oficialismo pretende eliminar todo el aporte estatal para las campañas electorales y elevar significativamente los límites fijados para el financiamiento privado. Se trata de un cambio de paradigma que aumenta sin precedentes la influencia del poder económico en la vida política, en un contexto mundial en el que figuras como Elon Musk y otros representantes del poder económico intervienen sin pudor en los procesos democráticos occidentales.
Apenas asumió, Javier Milei envió en su primera versión de la denominada “Ley Bases” una extensa reforma política y electoral. Entre los cientos de artículos que incluía ese megaproyecto, se proponía eliminar las PASO, modificar el financiamiento de la política y, también, cambiar el sistema de partidos. El único tema que tenía un cierto grado de consenso era este último punto, que buscaba reordenar el sistema de partidos reduciendo su cantidad tanto a nivel nacional como subnacional, mediante requisitos más exigentes para su creación y su permanencia, entre otras cuestiones.
En una de las podas que sufrió aquella ley ómnibus, todo quedó afuera. Pero el Gobierno no se resignó. En noviembre, el Poder Ejecutivo volvió a enviar la reforma al Congreso bajo el título de “Reforma para el Fortalecimiento Electoral”. Casualmente, la iniciativa con más apoyos no fue incluida y sólo quedaron los primeros dos puntos.
Si bien con la inclusión de este proyecto en el llamado a sesiones extraordinarias el debate público quedó concentrado en la realización o no de las primarias, el Título II de la norma implica una alteración profunda y sustantiva en la dinámica política. En concreto, podría inclinar la cancha de manera determinante a favor del actual oficialismo, que no solo posee los beneficios de manejar los resortes del aparato estatal, sino que también cuenta con el apoyo de grandes capitales financieros y tecnológicos. Como contracara, los partidos populares y más pequeños quedarían en franca desventaja ante la acumulación del capital.
El libreto libertario es prácticamente el mismo así se trate de alimentar pibes en los comedores, financiar la universidad pública, contribuir al desarrollo científico tecnológico argentino o, como en este caso, garantizar la competencia electoral en igualdad de condiciones: “no hay plata”.
Lo cierto es que buena parte del ajuste presupuestario ya se realizará con la eliminación o la suspensión de las PASO, así como con la implementación de la ya aprobada Boleta Única en Papel, que entre otras consecuencias reducen considerablemente el dinero destinado al proceso electoral.
¿Cómo es el financiamiento político hoy?
La ley 26.215, que regula el financiamiento de los partidos políticos, establece un sistema mixto público-privado que tiene límites y controles. Fue modificado por última vez durante el gobierno de Mauricio Macri, luego del escándalo de los “aportantes truchos” del PRO, cuya causa judicial todavía sigue en marcha, y en medio del año electoral de 2019.
Hasta hora, los partidos pueden recibir aportes públicos y privados, de personas físicas o jurídicas, en dinero o en especies, para tres actividades centrales: desenvolvimiento institucional, capacitación política y campañas electorales. Los fondos para desenvolvimiento y capacitación integran el Fondo Partidario Permanente, que lo administra el Ministerio del Interior y se reparte anualmente en un 20 por ciento para todos los partidos de manera equitativa y en el 80 por ciento restante en forma proporcional a la cantidad de votos que obtuvo cada fuerza en la última elección de diputados nacionales, con un piso del 1 por ciento de los votos para ingresar al reparto. Aunque con menos recursos, ésto se mantiene en la iniciativa libertaria.
¿Qué pasa con los aportes a las campañas?
La ley prevé en su Capítulo III un “aporte público extraordinario” para las campañas electorales, establecido anualmente en la Ley de Presupuesto -que el oficialismo se niega a debatir en el Congreso Nacional-. Este capítulo completo es derogado en el proyecto libertario. Lo mismo ocurre con el Capítulo III bis, que establece el reparto de publicidad gratuita en servicios de comunicación audiovisual. Entre otras cosas, también se deroga el artículo que obligaba a destinar el 35 por ciento de los recursos de publicidad digital a sitios peridísticos nacionales y otro 25 por ciento a sitios periodísticos provinciales.
En definitiva, sólo quedarían los fondos públicos para sostenimiento institucional y las campañas sólo tendrán financiamiento privado. Pero esta es sólo una de las caras de la moneda.
Los recursos que se pueden utilizar en una campaña electoral cuentan actualmente con dos límites. Por un lado, un tope máximo de gastos de campaña que surge de multiplicar la cantidad de electores habilitados para votar por el valor de un módulo definido en la Ley de Presupuesto. Por el otro, se establece que una misma persona (física o jurídica) puede aportar hasta 2 por ciento de ese total del gasto establecido para la campaña. “Esto tiene una lógica detrás. Si son varios los que pueden destinar fondos propios a un candidato o espacio político, entonces el representante electo dependerá menos de la voluntad de uno y más de la de varios”, explica Facundo Cruz, doctor en Ciencia Política y especialista en asuntos electorales.
Ahora bien, el proyecto libertario elimina por completo el tope máximo de gastos de campaña. Es decir, se puede gastar todo el dinero que se quiera, sin otro límite que la cantidad que se logre juntar. Y, además, pasa de 2 al 35 por ciento el aporte que una sola persona física o jurídica puede realizar, sobre el total de la campaña. Es decir, se puede gastar sin límite y cada aportante puede hacerlo por un valor 17,5 veces mayor.
“En las propuestas oficialistas realizadas en diciembre del 23 hasta la fecha lo que se busca es personalizar, privatizar y fragmentar a la política argentina, dándole más poder al sector privado y menos independencia a la propia política”, asegura Marcos Schiavi, exdirector nacional electoral, a PáginaI12.
“La propuesta del gobierno es un claro retroceso con relación al régimen normativo actual para el financiamiento de los partidos. El problema de Argentina no está en las normas -que siempre pueden ser perfectibles- sino en la falta de voluntad de cumplimiento de la dirigencia. El límite a los aportes privados se establece como mecanismo para evitar que los aportantes sean ‘dueños y patrones’ de los candidatos y -subsecuentemente- de los funcionarios electos”, advierte también Delia Ferreira Rubio, abogada y expresidenta de Transparencia Internacional entre 2017 y 2023.
“Vamos a un modelo americano en un escenario de fragmentación total. Es la privatización de la competencia electoral y lo más peligroso es el tema del financiamiento. En un contexto de mucha fragilidad de lo colectivo, la ciudadanía pierde poder frente a la plata”, señala a este diario Carla Carrizo, politóloga, docente universitaria y diputada nacional del bloque radical Democracia para Siempre.
Al tratarse de reformas en materia electoral, la Constitución Nacional determina que deben aprobarse con la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Es decir, 129 diputados y 37 senadores. El oficialismo y sus aliados se encuentran en pleno proceso de negociación para fijar el cronograma y juntar los votos para los siete proyectos que envió Milei para las extraordinarias. Fuentes que participan de las conversaciones con el Gobierno aseguran que si no se llega a tratar antes del 21 de febrero, volverán a la carga después del 1 de marzo, cuando comienza el período ordinario de sesiones.
Elon Musk y los ultra ricos
El caso más paradigmático de los últimos tiempos de la influencia del poder económico en los procesos electorales es el del dueño de la red social X, Elon Musk. Según los datos registrados por la Comisión Electoral Federal de Estados Unidos, Musk desembolsó más de 260 millones de dólares en la campaña del nuevo presidente norteamericano, Donald Trump. Lo hizo a través de distintos PAC y Super PAC, que son las ingenierías con las que se financia de manera privada la mayor parte de la política estadounidense. Los Comités de Acción Política (PAC por sus siglas en inglés) y Super PACs son organizaciones que están exentas de impuestos y recaudan contribuciones voluntarias para favorecer a un candidato o candidata o bien influir en la aprobación o rechazo de legislación o iniciativas electorales.
Según la alianza internacional de chequeo de información Factchequeado, el América PAC, el Super PAC financiado por Elon Musk, invirtió dinero, entre otras cosas, en divulgar narrativas desinformantes sobre la vicepresidenta y candidata demócrata, a la presidencia Kamala Harris, a través de impresos distribuidos por correo postal y publicidades pagadas en redes sociales.
El corresponsal de El País en Washington reveló que la apuesta del dueño de Tesla fue más que rentable. No sólo porque ahora será parte estelar del gobierno estadounidense como responsable del “Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE)” sino porque desde el triunfo de Trump incrementó su fortuna en más de 8.300 millones de dólares.
Digamos, o sea.
Por
