Con dos decretos consecutivos, el gobierno nacional asegura que irá contra el “adoctrinamiento”, la “propaganda político partidaria”, el “contenido ideológico”. Por un lado, prohibió la “exhibición, colocación o difusión de imágenes, símbolos, obras o cualquier otra referencia personal que pueda interpretarse como una forma de propaganda política partidaria o de culto a la personalidad política” en oficinas y edificios públicos. Por el otro, modificó la reglamentación de la ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, agregando reiterativamente que “la imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la educación”. Mientras tanto, en la aplicación “Mi Argentina”, destinada exclusivamente a turnos y trámites personales de la ciudadanía, también ayer anunció: “Primer año de gestión. Reordenamos las cuentas, pulverizamos la inflación, quitamos privilegios, eliminamos normas inútiles y recuperamos la confianza en nuestro país. Conocé todo lo que se hizo en argentina.gob.ar/bitácora“.
Cuca caca
Los gestos para la tribuna libertaria vienen multiplicándose en escenas como la de la oficina de Anses, donde se documentó y difundió debidamente el retiro del busto de Néstor Kirchner (fue reubicado en el centro recreativo del Sindicato de trabajadores y trabajadoras de la Anses en Ciudad Evita). O en el mural del expresidente tapado en la oficina del Correo Central, o en el cambio de nombre del Centro Cultural Kirchner, entre una lista de etcéteras. El nuevo blanco de -paradójicamente- propaganda libertaria se ubicará, según se preanuncia en off, en los murales iluminados de Eva Perón del edificio de Desarrollo Social. Un “grano” en el centro de la ciudad que cada tanto resucita debates de panelistas o proyectos de demolición como el del ex marido de Pampita y ex funcionario porteño, Roberto García Moritán. A falta de implosión por irrealizable, desde las usinas de propaganda del Gobierno proyectan su propia “bajada de cuadros”. “Será en una fecha especial”, anticipan.
En su artículo 2, el decreto publicado ayer en el Boletín Oficial abunda sobre la prohibición de denominar edificios públicos “con nombres de personalidades políticas antes de transcurridos diez años desde su fallecimiento o desaparición física (sic) o desde los acontecimientos históricos que se pretenda honrar”. Aclara que tampoco se podrán tomar nombres de personas que hayan ejercido funciones “mediante actos de fuerza contra el crden constitucional y el sistema democrático”.
El peligro de las aulas
Los anuncios sobre “impedir el adoctrinamiento en las escuelas” se vienen reiterando en este año de Gobierno libertario, con especial énfasis durante los periodos de conflicto con la comunidad universitaria, expresados en convocatorias masivas en defensa de la universidad pública. En abril pasado, el Gobierno anunció ampulosamente que enviaría un proyecto de ley para modificar la Ley de Educación Nacional, de modo de que quede penado este “adoctrinamiento”. El proyecto nunca fue enviado, pero el anuncio hizo ruido por un rato. También se difundió la implementación de un 0-800 para denunciar “inculcación ideológica” en las escuelas. Una idea que ya había sido lanzada, con la misma estridencia, por Mauricio Macri en 2015, y antes en la Ciudad, durante su gobierno. Desde la subsecretaría de Políticas Educativas, bajo la órbita de Capital Humano, no contestaron a la consulta de Página/12 sobre el contenido o cantidad de las denuncias recibidas a través de esta modalidad.
“La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la educación”. “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la dignidad y la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes”. “La imposición de una manera de pensar y/o actuar político partidaria, especialmente en el ámbito educativo, vulnera el derecho a la libertad de los niños, niñas y adolescentes”, se machaca en la modificación por decreto de los artículos. La prohibición de realizar política partidaria ya está incluida, en rigor, en las leyes de educación tanto a nivel nacional como provinciales. Y aunque en la letra del decreto no se establece definición concreta ni penalidad alguna, el subsecretario Alejandro Álvarez celebró en sus redes que “desde hoy, por decreto del Presidente Javier Milei, el adoctrinamiento en educación está tipificado”.
Amedrentar, es la tarea
Semejante despliegue de anuncios no pasa, de todos modos, sin efecto práctico alguno en el cotidiano de las aulas. “Es una modificación para la tribuna, pero su tribuna se está organizando y tenemos que mirar con cuidado sus formas organizativas” advierte la especialista en géneros y educación Graciela Morgade, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras. Y define el corazón de la iniciativa que “está en serie con otras que el Gobierno nacional ya viene planteando, y que no tiene otro objetivo que producir un estado de ánimo de miedo, de amedrentamieto, en las personas que en este caso están en contacto con niños niñas adolescentes, el sector docente”.
“Lamentablemente la educación pública forma parte de ese Estado que el Presidente prometió destruir desde adentro, y la acusación al sistema educativo en general como espacio de adoctrinamiento es algo que viene planteando desde el inicio de su gestión, incluso desde su campaña”, recuerda Morgade. “Es una herramienta que tendremos que mirar con cuidado porque algunos sectores van a intentar usar contra maestros y maestras, en particular vinculada a la educación sexual integral y las líneas que tienen que ver con promover relaciones justas en términos de derechos humanos, vínculos saludables, el conocimiento y el respeto por el cuerpo propio y de otres, por la diversidad, el enfoque de género en general”, resalta. El segundo interés de esta iniciativa, en esta clave de lectura, es entonces el de multiplicar las herramientas en contra de la ESI.
La paradoja que señala Morgade repasando ambos decretos es que “para el Gobierno nacional, todo lo que tenga que ver con los derechos de todo tipo, la ESI, la justicia social, todo ese gran plexo normativo, tiene nombre y apellido: Kirchnerismo. Como quedan afuera del gran mundo que consenso, de todas las convenciones sobre los derechos de niños, niñas, mujeres, personas mayores, personas migrantes, resulta que toda esa normativa tiene que ver con un partido. Es notable”, reflexiona.
Por
